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Parana » Inventario22
Fecha: 10/01/2025 10:00
El verano vuelve más audaces a los jueces que se quedan en los tribunales de Comodoro Py. La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, otorgó la libertad condicional a Diego Chemes, un represor que actuó en el centro clandestino conocido como El Vesubio. Chemes ya había sido punta de lanza a finales de 2023, cuando sus abogados intentaron una maniobra que, de haber salido bien, habría significado que todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad pasaran a estar detenidos en sus casas. Chemes era un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que actuó en Vesubio, un campo de concentración que funcionó en el partido de La Matanza. Allí, lo conocían como Polaco o Chaves. A los secuestrados solía hablarles acerca de sus infiltraciones en los barrios populares y también solía gastarles bromas siniestras: a una detenida-desaparecida que estaba embarazada le obsequió una capuchita –como las que les colocaban a los prisioneros– para su hijo por nacer. Detenido desde el 30 de marzo de 2006, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo condenó en 2011 a 21 años y seis meses de prisión. En 2017, le concedieron las salidas transitorias y rebajaron seis meses por los cursos educativos que hizo estando preso. En abril de 2020, en plena pandemia, Chemes consiguió que le otorgaran la prisión domiciliaria, pero se la revocaron al año siguiente y debió volver a la cárcel. El 23 de diciembre pasado, Jorge Luciano Gorini, juez de ejecución del TOF 4, rechazó un pedido de libertad condicional que habían hecho los defensores de Chemes, que ya cumplió más de dos tercios de la condena. El rechazo enfureció a sus defensores, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Los letrados están siendo muy activos en los últimos meses: no solo compartían chats con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que fueron a Ezeiza a reunirse con Alfredo Astiz y compañía sino que también impulsaron en las últimas semanas un hábeas corpus colectivo con la intención de conseguir un fallo que arrancara a los detenidos por crímenes aberrantes de las cárceles. Olea y Saint Jean básicamente despotricaron contra Gorini diciendo que el juez no podía exigirle a Chemes que se arrepintiera de sus actos para salir de la prisión. Afirmaron, además, que no podía tomar como determinante el informe que hizo el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la propia Cámara Federal de Casación, al que habían adherido los peritos de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los defensores no se privaron de defenestrar a la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), a la que consideraron un “refugio de quienes están de acuerdo con una justicia políticamente comprometida y militante de claro sesgo político”. Olea y Saint Jean también sostuvieron que no se podía tener en cuenta lo que decían las víctimas porque también tendrían motivaciones políticas y se quejaron porque lo trataron de genocida pese a que tenía una condena por ese delito. El miércoles, hubo una audiencia en Casación a la que se presentó el dúo defensor para reiterar sus argumentos. Menos de 24 horas después, la sala de feria les dio la razón. Así votaron Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques. Javier Carbajo, que dijo que los argumentos de Gorini eran razonables y razonados, quedó en minoría. Para Yacobucci y Mahiques, la decisión del TOF 4 estaba desprovista de fundamentación. “La arbitrariedad de la decisión a la que arribó el juez de la anterior instancia, que actuó de manera unipersonal, funda en que la denegatoria del pedido de libertad condicional se basó en consideraciones discrecionales que se encuentran por fuera del marco normativo que rige la materia”, escribieron. Para los integrantes de la Cámara de Casación, Gorini debió haber considerado el informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que decía que Chemes tenía un pronóstico favorable. Para los camaristas, el dictamen del Consejo Correccional tiene un “carácter eminentemente técnico”. Parece que para Yacobucci y Mahiques no tiene las mismas características el informe que hicieron los expertos del Equipo Interdisciplinario de Ejecución –que depende de la propia Casación. Gorini, al momento de rechazar la libertad condicional de Chemes, había resaltado parte de sus conclusiones. “Actitud frente a su accionar delictivo, advirtiéndose un proceso autocrítico y reflexivo deficitario al momento de la evaluación”, habían ponderado los expertos. “El razonamiento utilizado carece de base legal puesto que aquellos obstáculos señalados por el tribunal de origen no constituyen requisitos estipulados por la norma que regula el instituto en trato sino que exhiben apreciaciones subjetivas que demuestran no solo la errónea aplicación de la ley sustantiva al caso, sino un caso de arbitrariedad”, escribieron Yacobucci y Mahiques. En esa línea, la sala de feria decidió otorgarle directamente la libertad condicional a Chemes –que estaba detenido en una de las unidades de Ezeiza, no la que visitaron los diputados en julio pasado. Antes de volverse efectiva la medida, el TOF 4 deberá fijar las condiciones para la excarcelación, lo que debería suceder en las próximas horas. Olea y Saint Jean ya habían escogido el caso de Chemes en diciembre de 2023 para pedirle a la Cámara de Casación que hiciera un plenario para fijar una posición común frente a las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria. Decían que había diferencias de criterios entre la Sala III y el resto de las salas. En la Sala III había estado Eduardo Riggi hasta que se jubiló. Olea había sido su secretaria hasta que estalló un escándalo cuando se descubrió que ella alternaba sus tareas en el máximo tribunal penal del país con la defensa de su padre, un jerarca del V Cuerpo de Ejército durante la dictadura. Después de que la diputada Lourdes Arrieta presentara una denuncia por la visita a Ezeiza y las circunstancias que rodearon la expedición al Complejo VII, se supo que Riggi también participaba, al igual que Olea y Saint Jean, de los chats y reuniones en las que se discutían alternativas para favorecer a los represores.
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