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Parana » ER 24
Fecha: 10/01/2025 04:54
**La polémica resolución de Portela: más preocupación por el qué dirán que fundamentos jurídicos sólidos** En plena feria judicial, la liberación de Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera desató un verdadero temblor en el fuero penal de Entre Ríos. El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, junto con su colega Germán Carlomagno, firmó un fallo que otorgó la excarcelación a los imputados. Sin embargo, lo más llamativo de toda la trama no fueron las razones de fondo —que, según sus autores, justifican dejar a ambos en libertad— sino la extraña preocupación de Portela por excusarse y explicar su actuación ante la sociedad antes que brindar fundamentos jurídicos contundentes. A lo largo de un extenso voto, Portela no se privó de dedicar más párrafos a defender su “honestidad intelectual” y la supuesta “legitimidad” de habilitar la feria para tratar el caso Urribarri, que a delinear argumentos sólidos por los cuales la prisión preventiva no correspondía. Con un tono que pasa de la queja a la victimización, el presidente del STJ insistió en que “no se discute la culpabilidad” de los acusados, sino sólo la pertinencia de la medida de coerción. Hasta ahí, la formalidad jurídica. Pero gran parte de su resolución parece escrita para rebatir críticas periodísticas o para desmarcarse de cualquier sospecha, en lugar de consolidar los aspectos técnicos que dejarían en claro por qué la sociedad no debe alarmarse ante esta liberación. El magistrado llevó su reclamo un paso más allá al hablar de “posverdad”, acusando indirectamente a la prensa y a la opinión pública de instalar conjeturas sin sustento. Sin embargo, eso luce más como una estrategia de distracción que como un verdadero deslinde de responsabilidades. Mientras Portela focaliza en su propia imagen, el debate de fondo —qué tan necesarias son medidas estrictas para asegurar la comparecencia de los imputados— queda opacado por su inusual afán de justificarse. Aunque el vocal Carlomagno se explayó algo más en los argumentos jurídicos, rechazando uno por uno los fundamentos de la Cámara de Casación, el documento de Portela se centra, en buena medida, en desmentir que haya existido un trato privilegiado. La paradoja es que, al insistir tanto en negar cualquier supuesto favor, terminó generando mayor ruido mediático y alimentando sospechas de que, en efecto, algo raro pasó durante la feria. ### Un mensaje que expone la fractura judicial En ese mismo fallo, Portela admite que la Justicia entrerriana está profundamente fracturada y que cada decisión vinculada a causas de corrupción política se convierte en munición para las partes. La decisión de tratar este caso con tanta urgencia, a contramano de otras causas, se explica —según el propio Portela— en la necesidad de no “denegar el acceso a la justicia” a quienes están presos. No obstante, tal alusión contrasta con la lentitud a la que suelen someterse otros expedientes, menos mediáticos pero igual de urgentes para quienes los padecen. La alusión a que “Urribarri no se fugó cuando estaba de diplomático en Israel” se utiliza como uno de los ejes para descartar el peligro de fuga. Sin embargo, la explicación omite matices sobre el poder político que todavía conserva el exgobernador y las redes de influencia que podría activar si quisiera dilatar el proceso o entorpecer la justicia. En cambio, Portela se entretiene desacreditando cualquier crítica y lleva al límite la idea de “hipótesis sin sustento”, como si el riesgo procesal fuera un invento de la Cámara de Casación. ### Dudas sobre la independencia y la imparcialidad Mientras Portela se ocupa de “lavar su imagen” y subrayar que no hizo nada incorrecto, parte de la ciudadanía y el propio ámbito judicial observan con desconfianza una maniobra que, al menos, se percibe como beneficio express en temporada de feria. Por más que el magistrado insista en su derecho —y hasta obligación— de habilitar la feria para casos de privaciones de libertad, la prontitud y el énfasis con que se despachó este tema dan pie a suposiciones de favoritismo. No son pocos quienes se preguntan por qué a otros detenidos en procesos menos sonados se les niegan las mismas “urgencias”. El resultado inmediato de la medida es conocido: Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera volvieron a sus casas, y el STJ, con Portela a la cabeza, dejó en el aire la sensación de que la rigurosidad jurídica pasó a segundo plano frente a la ansiedad por rendir cuentas ante la prensa y la sociedad. Si la intención era enviar un mensaje de tranquilidad y transparencia, el efecto conseguido fue el opuesto: hoy hay más dudas que certezas en torno a la imparcialidad del máximo tribunal. ### ¿Una justicia para pocos? La comparación inevitable surge de la gente de a pie que, cuando recurre a tribunales para plantear urgencias, se estrella con tiempos procesales infinitos y un sistema judicial reacio a realizar habilitaciones en feria. Contrario a eso, el caso Urribarri se movió con increíble celeridad, y no faltan voces que apuntan: ¿será que los recursos de exgobernador y compañía pesan más que los de cualquier persona anónima? En conclusión, la extensa perorata de Portela demuestra que está más preocupado por defender su imagen ante la opinión pública que por exponer fundamentos jurídicos irrebatibles. La insistencia en justificarse —por momentos, casi en tono de disculpa— no hace más que despertar nuevas sospechas. Mientras tanto, la fractura interna del Poder Judicial se agranda y la ciudadanía, otra vez, se queda con la amarga sensación de que la mano de la Justicia no actúa con la misma firmeza cuando el acusado es un poderoso.
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