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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 08/01/2025 04:30
La jueza María Cristina Barrionuevo dispuso cuatro allanamientos y la notificación de derechos y garantías procesales a cinco personas. La disputa entre varios vecinos de Ushuaia, unidos por lazos de familia y amistad, que admitieron haber sido parte de una mesa de dinero para obtener ganancias excepcionales, sumó un nuevo capítulo en una escalada de violencia que comenzó con amenazas y roturas de vidrios y continuó con la destrucción total de una camioneta. En la madrugada del sábado 4 de enero, alrededor de las 3:40, dos bombas de fabricación casera fueron lanzadas contra el domicilio de Vanesa Noelia Sáez Rivarola en Ushuaia. Una de las bombas impactó en una camioneta Toyota RAV 4 perteneciente a su padre, el ex subjefe de la Policía de Tierra del Fuego retirado, comisario inspector Julio César Sáez Pertiñez, destruyéndola por completo. La segunda bomba cayó sobre el césped, aunque se presume que estaba destinada a otro rodado estacionado en el mismo lugar, perteneciente a la funcionaria municipal. El incidente está vinculado a una disputa por una mesa de dinero conformada entre particulares y que tomó estado público en los últimos días de agosto de 2024, alcanzando gran notoriedad a nivel nacional en diciembre. El conflicto involucra a cuatro personas que admitieron haber sido parte de las operaciones y a otras que prefirieron mantenerse en el anonimato. Entre los principales actores figura Romina Judith Cirigliano Migura, una comerciante local que se erigió como vocera en el caso y que acusó públicamente a Vanesa Sáez y a su ex pareja Matías Roa – amigo de la infancia de Diego Torres, esposo de Cirigliano – de no reintegrarles varios miles de dólares supuestamente entregados para ser invertidos a cambio de una rentabilidad superior en 10 veces a un plazo fijo tradicional. Cirigliano, conocida por su historial judicial con causas abiertas en los tres juzgados de instrucción del Distrito Judicial Sur, protagonizó en torno a este hecho, diversos episodios violentos. Entre ellos consta una irrupción en el edificio municipal de la calle Arturo Coronado para increpar a Sáez, la rotura de los vidrios de la vivienda de Roa, amenazas y graves denostaciones a los fiscales Nicolás Barone y Nicolás Arias, a los jueces Federico Vidal, María Cristina Barrionuevo, Sergio Alberto Pepe y a periodistas que no accedieron a interpretar el caso de acuerdo a su particular y autoritario criterio. Aunque los fiscales le informaron que lo ocurrido no puede ser diligenciado en la faz penal por no constituir delito, dadas sus características – acuerdo voluntario entre las partes, inexistencia de contratos formales, vinculación afectiva o familiar – y le sugirieron que lo haga en la vía civil, por encuadrarse en acciones privadas compatibles con una defraudación de confianza, la mujer se rehusa a ello. “No voy a acatar las órdenes de ningún juez”, afirmó lapidaria, a la vez que agregó “voy a ir adonde tenga que ir para recuperar mi dinero”, declaró públicamente la polémica denunciante. Sus afirmaciones y los elementos que se le secuestraron en su domicilio, la comprometen. La investigación La alarma de incendio fue recibida a las 3:42 de la madrugada del sábado. Personal de la Comisaría Segunda y bomberos del Anexo Soto se trasladaron al domicilio ubicado en Capitán Giachino y Vicente Canga, en donde confirmaron que se trataba de un ataque intencional. Peritos de la División Delitos Complejos comenzaron una investigación liderada por la jueza María Cristina Barrionuevo, quien ordenó varios allanamientos con resultados positivos. 48 horas después la Policía interceptó a un rodado Chevrolet Onix Joy de color rojo, presuntamente utilizado en el atentado, en la esquina de San Martín y Yaganes. En el vehículo se encontraban Héctor Pedro Caballero, de 40 años, y Noemí Sánchez, de 25, quienes fueron notificados de derechos y garantías procesales y su automóvil secuestrado. Posteriormente, se realizaron allanamientos en la vivienda de la pareja, ubicada en calle Valle de los Coihues, en Andorra. A continuación la fuerza policial acudió al comercio Delicias de Mary, en calle Kuanip Nro. 1.903, propiedad de Cirigliano y su pareja, para ejecutar la manda de allanamiento dispuesta por la jueza. Allí se encontraban ambos y una tercera persona a la que se la identificó como Gabriel Di Ganci, de 29 años. Poco después la vivienda de éste último, sita en calle Puerto Español al 1.300, también fue allanada, secuestrándose elementos de interés para la causa. Los efectivos se desplazaron luego al domicilio de Cirigliano, sito en la calle Río Ewan, en donde también se procedió al secuestro de elementos comprometedores. Las cinco personas involucradas –Romina Cirigliano, Diego Torres, Gabriel Di Ganci, Héctor Caballero y Noemí Sánchez– fueron notificadas de derechos y garantías procesales y se les impusieron reglas de conducta, incluyendo la prohibición de abandonar el país. El caso sigue en plena investigación y no se descarta que la magistrada interviniente disponga en las próximas horas nuevas medidas.
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