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Concordia » El Heraldo
Fecha: 08/01/2025 03:13
Primero, me topé con la tabla del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por provincia, que mide variables como educación, ingresos, esperanza de vida, entre otras, y en la que ocupamos el puesto 20 de 24. Esto me provocó de inmediato una sensación de malestar en el estómago, acompañado de una vergüenza abrumadora. No solo por nuestra situación en comparación con las provincias que están peor que nosotros —solo Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Neuquén—, sino también al compararnos con provincias vecinas, con climas, recursos, inmigración, historia y ubicación similares. Seguimos consistentemente por debajo y, lo que es peor, cayendo más rápido: estamos “empeorando con ganas”. ¿Es esto consecuencia del sector público? Más datos han reforzado mi idea de que no es (solamente) el caso. Más allá de malos desempeños gubernamentales –los cuales, en mi opinión, son responsabilidad, en última instancia, del electorado– el sector privado y empresarial tampoco está exento de culpa. Recientemente vi un cuadro de la Fábrica Argentina de Aviones que mostraba lo federal del proceso de construcción de uno de sus nuevos prototipos y cómo las partes provenían de empresas distribuidas en múltiples provincias, principalmente de la región centro. Entre Ríos, nuevamente, estaba ausente. No es que no haya empresas excepcionales apostando su capital y compitiendo, pero basta comparar con otras provincias para notar que nuestra proporción y cantidad de empresas es considerablemente menor. ¿Se explica la falta de competitividad empresarial o de desarrollo industrial por el peso burocrático o impositivo del sector público? Comparando la presión tributaria, esta suele estar igual o incluso por debajo de las provincias vecinas. Más aún, Fernando Marull realizó un estudio sobre los Ingresos Brutos —usualmente ligados a la falta de competitividad por cuestiones tributarias— recaudados por habitante (para permitir una mejor comparación) en cada provincia, y Entre Ríos aparece por debajo de la mitad de la tabla, incluso con menor recaudación que las demás provincias de la región centro. Es decir, este no parece ser el motivo. No obstante, el sector público no deja de ser ineficiente. Hace semanas, el gobierno provincial celebraba la digitalización de muchos trámites que hasta hace poco se realizaban en papel, un proceso que ya fue realizado hace años (si no más de una década) en provincias vecinas. Esto parece ser una constante en casi todos los rincones de la administración pública. Por ejemplo, es fascinante entrar a la página de la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos solo para notar que no hay análisis ni estudios económicos. De hecho, solo se encuentran unos pocos informes, para peor, elaborados en PDF y mensualizados (usualmente se obtienen en Excel y en formato de series), como si hubiera un objetivo deliberado de dificultar su utilización. Nuevamente, basta comparar con provincias vecinas (sin siquiera mencionar instituciones nacionales) para observar que no es así en otros lugares. Las provincias desarrollan estudios económicos para entender sus cadenas de valor, planificar su desarrollo e industrialización y mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos, además de buscar presentar información pública de forma eficiente y accesible. Es difícil en general encontrar en la provincia información completa y estructurada que permita estudiar la realidad y tomar decisiones informadas —políticas, empresariales, sociales, etc. He buscado datos sobre diversos temas, desde ubicación de crímenes denunciados hasta cantidad de escrituras públicas realizadas, o desde la capacidad utilizada de hospitales hasta notas escolares por escuela/distrito, entre otros, solo para descubrir que o no existen, o no son públicos. Más aún, los invito a visitar la página del Poder Judicial para observar la sección de subastas de bienes. Allí, entenderán que la displicencia parece absoluta: en algunos casos, hay que leer sentencias enteras para comprender qué se subasta o, de ser un bien inmueble, encontrar información elemental como en qué ciudad está ubicado. O bien se trata de actitudes oscurantistas y poco democráticas, o las decisiones políticas son tan poco informadas y basadas en datos y ciencia como sospechamos. ¿Cómo se decide que hace falta reformar la agenda de educación pública si no sabemos sus resultados? ¿Cuál es el tamaño/inversión correcta en un nuevo hospital, si no sabemos cuánta gente atenderá en promedio? ¿Cuál es la ubicación eficiente para una nueva comisaría, que permita reducir consumo de combustible de patrulleros y atender zonas con más inseguridad, si no tenemos los delitos mapeados? ¿Cuáles son las carreras que hacen o harán falta en la provincia, o acaso estamos destinando una cuantiosa porción de nuestro presupuesto a nuestra universidad autónoma sin ningún plan estratégico de desarrollo? Un accionar constante como si no importara el ciudadano o no hubiera ante quien rendir cuentas, aprovechando que la ineficiencia no está penada por ley y, al parecer, tampoco por los contribuyentes. En temas más concretos, al consultar a conocidos su opinión sobre la anterior administración municipal en Paraná, el comentario, festivo, era que "todas las plazas están nuevas", como si eso fuera el tope admisible de nuestras expectativas. No pretendo ir a buscar nuevos proyectos urbanísticos futuristas a Tokyo o pensar planes que impliquen una compleja coordinación nacional o interprovincial (como un aeropuerto en común con Santa Fe, con el doble de usuarios y frecuencias pero con la mitad de costos, o un tren que conecte ambos centros urbanos, el distrito universitario y el imaginario aeropuerto, por ejemplo); pero si basta mirar a la vecina ciudad de Santa Fe, que ha logrado reordenar urbanísticamente su ciudad a lo largo de los años, con un proyecto bien pensado y estratégico, para visualizar un norte. Mientras tanto, Paraná sigue sin concluir su circunvalación, sin modificar en profundidad casi ninguna de sus arterias (fue en cambio aplaudido, como si fuera la edificación de un reactor nuclear, haber gestionado una onda verde), y sigue en debate la ubicación de su terminal sin hacerse nada al respecto. La gente se queja de los nuevos exámenes de conducir, pero parece que el conductor promedio sigue sin comprender cuestiones básicas como que la izquierda es el carril rápido, o que la derecha o el peatón tienen paso, contribuyendo naturalmente al entorpecimiento en un entramado urbano ya agobiado. Se permite el crecimiento urbano hacia distritos descentralizados como Sauce Montrull, sabiendo que la provisión de servicios es más cara cuando cae la densidad poblacional, y sin realizar obras suficientes de infraestructura (por ejemplo, el ferrocarril), contribuyendo a la dependencia del auto, nuevamente reforzando la necesidad de un nuevo plan urbanístico. El oeste de la ciudad, de cara al río y las lagunas, que debería ser un nuevo parque o reserva natural de la ciudad, se ha transformado en un basural a cielo abierto. En retrospectiva, la decisión de remover el tranvía añares atrás parece un punto más en una agenda de decisiones determinada a no desarrollarnos. Nuestra provincia cuenta con una ubicación estratégica: vecina a países fronterizos y a la provincia más poblada del país, forma parte del núcleo productivo nacional y es la puerta de un corredor hacia el norte, siempre rodeada de autopistas acuáticas naturales. Sin embargo, desaprovecha todas estas oportunidades, pudiendo convertirse en un centro logístico neurálgico del país, promoviendo a su vez la competitividad de nuestras industrias. Cuando se argumenta que no hay fondos para financiar proyectos, la realidad contradice este discurso: contamos con casi el doble de empleados públicos por habitante que Córdoba, o un 50% más que Santa Fe. Esto debería recordarnos que los recursos existen, pero se administran de forma deliberadamente ineficiente. Quizás es justamente esta acumulación de malas administraciones a lo largo de los años la que tiene tal efecto en el largo plazo. Reducir la planta pública hoy puede tener un impacto inmediato en el desempleo, pero los efectos a largo plazo de una administración eficiente y proyectos de desarrollo son claros: empleo genuino, menos pobreza, infraestructuras modernas que faciliten el crecimiento y mayor bienestar social. Nuestra provincia, vigésima en el ranking de IDH, es exactamente el contrafáctico de no hacerlo. Muchas veces escucho decir, resignados, que “es lo que hay”. Creo que ese es el gran problema entrerriano. Cuando enfrentamos un problema, no pensamos en resolverlo. Nos adaptamos o buscamos soluciones improvisadas. Un conocido me comentaba que es tan difícil obtener un permiso para comercializar alimentos en la provincia, que resulta más sencillo conseguir a alguien con un permiso existente y pagarle para que pretenda producir el nuevo producto del tercero. No hay camino al desarrollo de esta forma. No podemos esperar que alguien venga y nos resuelva todos los problemas automáticamente, como si tener la ciudad con más pobres del país no fuera, por acción u omisión, responsabilidad de todos nosotros (aunque admito que la idea de esperar a que venga alguien de Buenos Aires para elegirlo gobernador parece sugerir que la mayoría si tiene esta esperanza en la cabeza). Proponer, mejorar y denunciar. No estoy seguro de que sea la solución definitiva, pero creo que puede ser una oportunidad para salir de esta situación y poner a nuestra provincia donde corresponde; la Entre Ríos que Urquiza soñó. Involucrarse con nuestra sociedad tiene muchas formas: desde militar políticamente hasta elegir conscientemente productos entrerrianos en una góndola, desde enviar sugerencias a la administración pública cuando detectamos ineficiencias hasta denunciar problemas públicamente para visualizarlos y empujar el cambio. Los nuevos premios Nobel en economía fueron galardonados por sus estudios sobre el rol de las instituciones en el desarrollo de los países. ¿Adivinen qué? A estas instituciones, las hacemos, cuidamos y mejoramos solamente nosotros. Por Lucio Urdinarrain [email protected]
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