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  • Qué pasa con el Riesgo País: Explicaciones ante una baja abrupta

    Concordia » Hora Digital

    Fecha: 07/01/2025 23:50

    Una situación poco usual sacudió la city porteña este martes cuando el Riesgo País argentino, un indicador clave para las finanzas del país, mostró una caída abrupta que lo llevó por debajo de los 500 puntos básicos en el inicio de la jornada. La noticia generó entusiasmo en los mercados, pero rápidamente el Ministerio de Economía salió a aclarar que la medición era errónea. Una situación poco usual sacudió la city porteña este martes cuando el Riesgo País argentino, un indicador clave para las finanzas del país, mostró una caída abrupta que lo llevó por debajo de los 500 puntos básicos en el inicio de la jornada. La noticia generó entusiasmo en los mercados, pero rápidamente el Ministerio de Economía salió a aclarar que la medición era errónea. El riesgo país, que mide la diferencia entre los bonos argentinos y los bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, había roto la barrera de los 600 puntos básicos este lunes. Sin embargo, este martes, la agencia Reuters reportó que el índice había bajado 125 unidades, alcanzando los 444 puntos básicos. Este descenso, que sorprendió a los analistas, coincidió con un momento clave para las finanzas argentinas, ya que en apenas dos días el país debía afrontar el pago de u$s 4.300 millones en deuda pública. Ante la sorpresa en el mercado, el jefe de Análisis Financiero del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, aclaró rápidamente a través de la red social X (ex-Twitter) que la caída no era real. "Se trató de un descalce en el precio por el inminente pago de cupones y amortización de los bonos", explicó Núñez, añadiendo que el error en la medición no reflejaba la situación real de los mercados. Explicaciones El economista de la Universidad de La Plata, Federico García Martínez, también se sumó a las aclaraciones, destacando que el error se debía a que el índice de J.P. Morgan solo considera la evolución de los bonos Globales, sin tomar en cuenta los bonares, lo que generó una volatilidad en los precios de los bonos del Tesoro argentino. Este fenómeno, de acuerdo con García Martínez, se había repetido en julio de 2024, cuando el riesgo país también sufrió un "amague" de caída, solo para corregirse al día siguiente. El riesgo país, que se calcula a partir de los rendimientos de los bonos soberanos de Argentina en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense, reflejó una fuerte volatilidad debido al pago inminente de los cupones y la amortización de la deuda programada para este jueves 9 de enero. Según fuentes del mercado, se espera que el índice se ajuste nuevamente al alza en los próximos días, y podría volver a ubicarse entre los 500 y 600 puntos básicos. Cierre de fondos fiduciarios En el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, el Ministerio de Economía definió a través del Decreto 6/2025 el cierre de tres fondos que, en línea con los disueltos anteriormente, registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados. En este sentido, el Gobierno Nacional dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU); y el Fondo Fiduciario PRODAF. Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable. De esta manera, se cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. En esta línea, las Auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros. En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios. Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN. Entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera. Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia. De esta manera, el cierre del FFSU es un claro ejemplo de que la política pública debe continuar, pero sin la existencia de un fondo fiduciario que evite el sistema de administración financiera (SAF). Finalmente, se definió la disolución del Fondo PRODAF, creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución. Con estas medidas, el Gobierno reafirma su voluntad de lograr una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas.

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