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Parana » Ahora
Fecha: 07/01/2025 01:19
Sergio Adrián Aguirre es un misionero domiciliado en Oberá que, cuando se enteró en febrero de 2019 de que la encomienda con droga que envió a la provincia de Buenos Aires había sido detectada por Gendarmería en Gualeguaychú, desapareció. El 19 de noviembre de 2024, la fuga llegó a su fin. Aguirre trató de salir del país y quedó detenido. Ahora comenzó una disputa sobre quién debe juzgar al hombre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no quieren saber nada y en Gualeguaychú, menos. En el caso tomó intervención la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que terminó resolviendo el conflicto de competencia. Este lunes, la camarista Beatriz Aranguren resolvió que el caso debe tramitarse en el juzgado federal de Gualeguaychú. A su vez, ordenó que debe comunicarse lo resuelto al juez en lo Criminal y Correccional Federal N°6 de la CABA. Según la resolución a la que tuvo acceso AHORA, todo se inicia el 18 de diciembre pasado cuando el juzgado porteño entendió que no debía actuar en el caso porque todas las actuaciones, que incluyen la condena de quien recibió la encomienda, habían sido tramitadas en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Pablo Sero. Tras el rechazo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la negativa del Juzgado Federal de Gualeguaychú, tomó intervención la Cámara de Apelaciones, que decidió que las actuaciones deben tramitarse en Entre Ríos. La encomienda El caso se originó el miércoles 13 de febrero de 2019. Ese día, personal de Gendarmería realizaba un operativo de control vehicular sobre la ruta nacional 14, a la altura del departamento Gualeguaychú. Mientras se efectuaba el control aleatorio, los gendarmes detuvieron a un colectivo de la empresa Ersa, proveniente de Oberá, Misiones, con destino a Retiro, CABA. En ese momento, con la colaboración del can detector “Eva”, se pudo detectar que una encomienda contenía más de 5 kilos de marihuana. El remitente decía Sergio Adrián Aguirre, con domicilio en Oberá, Misiones, y como destinatario a A. R. L., con domicilio en Ramos Mejía, Capital Federal. El juez de Concepción del Uruguay –en ese momento con competencia en el departamento Gualeguaychú– ordenó realizar la entrega vigilada a su destino, a los fines de dar con los responsables del transporte de la sustancia. El jueves 14 de febrero de 2019, Juan Ignacio Darío Bechara se presentó en el local de la empresa “Expreso Singer” a los fines de retirar dicha encomienda, momento en que personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la GNA, procedió a su detención. La condena Bechara fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay el 11 de agosto de 2020 a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y multa de 45 unidades fijas por el delito de transporte de estupefacientes. En cuanto a Sergio Adrián Aguirre –remitente del estupefaciente– se declaró la rebeldía y se ordenó su captura en todo el territorio nacional, la cual se materializó a fines del año pasado. La captura y el conflicto En diciembre lo indagaron a Aguirre y se decretó su procesamiento con prisión preventiva, lo cual fue objeto de recurso de apelación por parte de la defensa que cuestionó la jurisdicción y el procesamiento, y, en el mismo decisorio, el juez de Gualeguaychú, declinó su competencia territorial para entender en el trámite de la presente causa y la remitió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, a fin de que desinsacule el Juzgado Federal que corresponda para que se investiguen los hechos pertinentes. Para el juzgado entrerriano, el caso tenía que ir a Retiro porque “el plan criminal trazado por Aguirre y Bechara, tenía como finalidad el traslado de la sustancia estupefaciente desde la provincia de Misiones al lugar donde luego se procedió a su retiro, objetivo que a la postre resultó frustrado”. Su par del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6 de CABA, rechazó la competencia atribuida y devolvió las actuaciones al Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, por entender que ni la conducta imputada a Aguirre, ni el lugar donde se frustró el hecho investigado se produjeron en esa jurisdicción territorial. Destacó que, debe considerarse el lugar donde cesó la continuidad o permanencia del delito y reafirma que el lugar a considerar es aquél donde la encomienda fue descubierta, es decir, en el departamento de Gualeguaychú. Por último, indicó que “lo llamativo que resulta que, mientras la persona que recibió la encomienda en esta ciudad terminó siendo condenada por un Tribunal Oral de la Provincia de Entre Ríos, aquella que envió la misma de la Provincia de Misiones termine siendo juzgada en esta jurisdicción”. Además, esas mismas razones aconsejan que “las distintas personas que tomaron parte en el delito sean juzgadas por un mismo tribunal, circunstancia que se vería desvirtuada en caso de seguirse el criterio propuesto por magistrado remitente” (sic). Posteriormente, el magistrado de Gualeguaychú resolvió mantener la declaración de incompetencia de ese Juzgado para entender en las presentes en razón del territorio decretada en fecha en diciembre pasado, conforme los fundamentos expresados; tener por trabado el conflicto negativo de competencia; formar el incidente respectivo y elevarlo a la Cámara a fin de que dirima el presente conflicto. Fiscalía estimó que debe seguir interviniendo el Juzgado Federal de Gualeguaychú. Mencionó la maniobra endilgada a Aguirre y destacó que la resolución del presente conflicto reclama la primacía de la economía procesal; ya que resulta insoslayable que ya se ha dictado una sentencia condenatoria sobre Bechara, por el mismo hecho que se le imputa a Aguirre, lo que no solo colocaría al juez entrerriano en una situación favorecida respecto de su par de la CABA, sino que se evitaría un innecesario retroceso en la instrucción y un hipotético riesgo de obtener sentencias contradictorias por el mismo hecho, frente a eventuales diferencias de criterio. La camarista Aranguren acompañó el dictamen realizado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que sea Gualeguaychú el lugar donde se tramite la causa.
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