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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 06/01/2025 01:56
Se renuevan 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. La Libertad Avanza sumará representantes, pero tendrá que seguir negociando con aliados. El complejo panorama que enfrentan el PRO y la UCR. Prácticamente todos los escenarios posibles en las próximas elecciones legislativas tendrán como resultado un fortalecimiento de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. El oficialismo pone en juego apenas ocho de sus 39 bancas en la Cámara de Diputados y ninguno de sus seis escaños en el Senado, por lo que incluso una performance mediocre le permitirá agrandar la bancada libertaria. No solo eso, el hecho de haber logrado la personería jurídica en 21 distritos -todavía siguen en proceso en otras tres provincias- le otorgará a Javier Milei y a su hermana Karina un control total a la hora de armar las listas de candidatos. Con su propio partido reconocido a nivel nacional los hermanos Milei tendrán garantizada la lealtad absoluta de los futuros legisladores, a diferencia de lo que ocurrió durante el primer año de gestión, cuando diputados como Oscar Zago y Lourdes Arrieta o el senador Francisco Paoltroni incomodaron al Gobierno con sus muestras de autonomía, ya que provenían de otros partidos con los que Milei se vio obligado a forjar alianzas para poder competir en todas las provincias. Si bien comparar elecciones presidenciales y legislativas no es ideal desde el punto de vista metodológico, la proyección de los resultados de 2023 permite anticipar cómo se podría reconfigurar el Congreso. Esos cálculos le permitieron al politólogo Pablo Salinas calcular que si La Libertad Avanza repite la misma cantidad de votos que obtuvo en la primera vuelta (29,9%) sumaría 32 bancas y quedaría con un total de 71. Y si se toman los datos del balotaje (55,6%) ganarían 50 bancas para llegar a un total de 89 escaños. Hasta el momento las encuestas de intención de voto oscilan en el medio de estas dos marcas a nivel nacional dado que la imagen presidencial y la aprobación de la gestión se mantiene en los mismos niveles que al inicio del gobierno. Llegar a una bancada de más de 87 diputados marcaría un antes y un después ya que el oficialismo no necesitaría ningún aliado para poder sostener los vetos presidenciales. En 2024 para vetar los proyectos opositores de reforma jubilatoria y el financiamiento de las universidades los libertarios necesitaron de la ayuda del PRO y parte de la UCR. Por su parte, en el Senado los libertarios podrían ganar entre 8 y 14 bancas, por lo que arrancarían el 2026 con un bloque de entre 14 y 20 escaños. Lejos del quórum A pesar de los previsibles buenos resultados, en ambas Cámaras del Congreso La Libertad Avanza quedará lejos del quórum propio que le permitiría abrir las sesiones sin tener que negociar con otras fuerzas políticas: en Diputados se necesitan 129 presentes y en el Senado 37. Sin embargo, negociará desde una posición mucho más cómoda, especialmente si los bloques aliados se ven disminuidos. Menos alentador es el panorama para el PRO y la UCR que ponen en juego más de la mitad de sus bancas en la Cámara de Diputados. La bancada oficial del radicalismo, que conduce Rodrigo de Loredo, renueva 14 de sus 20 lugares, por lo que una mala elección podría relegarlos a un rol casi testimonial. Lo mismo se aplica para los radicales opositores de Democracia para Siempre, que renuevan 9 de sus 12 lugares. Con los resultados de las últimas elecciones (23,8%), y teniendo en cuenta el reparto interno de las bancas ya que eran parte de la misma coalición, el politólogo Pablo Salinas calculó que el PRO podría perder 9 bancas, rondando los 29 escaños totales. Mientras que las dos vertientes del radicalismo juntas podrían perder 7 lugares. En el Senado, la UCR perdería entre 3 y 4 de sus 13 bancas. Entre las figuras de alto perfil que tienen que renovar se destacan el presidente de la UCR, Martín Lousteau, y la larrestista Guadalupe Tagliaferri. Lousteau aún no ha definido bajo qué lista competirá y en CABA lo espera una fuerte contienda que podría tener como protagonistas a Patricia Bullrich y Mariano Recalde, entre otros. Por su parte, el PRO relegaría entre 1 y 3 de sus 8 escaños actuales. En tanto, en Diputados el peronismo renueva 46 de sus 98 bancas (la semana pasada se separó del bloque el santafesino Roberto Mirabella) pero si mantiene la unidad sufriría pérdidas menores -entre 1 y 5 bancas proyectando los resultados de las elecciones pasadas- para continuar siendo la primera minoría. Mientras que en el Senado el peronismo arriesga 15 de sus 33 bancas (34 cuando jure Stefania Cora en lugar de Edgardo Kueider) y en base a los resultados de las últimas elecciones pasará a tener una bancada de entre 29 y 32 senadores. El ecléctico bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, se juega la mitad de sus integrantes (8 de 16) y enfrenta un gran desafío al no tener candidatos de alto perfil en los principales distritos y tampoco haber cerrado una alianza con sus ex compañeros de Juntos por el Cambio, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Encuentro Federal. Juntos contra el kirchnerismo Bloques como el Frente de Izquierda, con cinco miembros, y la Coalición Cívica, con seis integrantes, corren el riesgo de prácticamente desaparecer ya que ponen en juego cuatro bancas cada uno. Ninguna de estas fuerzas tiene senadores. Una reducción a su mínima expresión de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y el bloque de Pichetto también beneficiaría al Gobierno ya que durante el último año fueron los aliados que le permitieron al peronismo avanzar con proyectos de corte opositor, publicó APF con información de Infobae. Todavía restan varios meses para la presentación formal de las alianzas -el límite es el 15 de mayo- y los escenarios podrían fluctuar drásticamente si finalmente LLA y el PRO alcanzan el “acuerdo integral” que reclama desde hace tiempo Mauricio Macri. De hecho, en distritos como la provincia de Buenos Aires, algunas encuestas muestran que ir juntos en contra del kirchnerismo “potencia” su intención de voto. Esto podría significar la diferencia entre derrotar o perder contra el peronismo en su bastión clave. Un golpe simbólico que seguramente es considerado por los estrategas de la Casa Rosada. ¿De espalda al Congreso o al pueblo? Durante este primer año de gobierno, el Poder Ejecutivo (PEN) mostró un impulso frenético para materializar reformas normativas y se apalancó en tres herramientas que le permitieron evitar, en gran medida, al Congreso de la Nación: el DNU 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales. Unilateralmente, derogó o modificó de manera estructural más de 80 leyes con el propósito de concretar un cambio de régimen transformando el rol del Estado. La Ley Bases 27.742 refrendó la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética y le otorgó al PEN facultades delegadas durante un año. Así, el gobierno consiguió que el Congreso aprobara reformas económicas importantes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, por sobre todas las cosas, legitimar sus facultades para usar al decreto como herramienta fundamental de gobierno. Otra estrategia usada para evitar el Congreso fue modificar los decretos reglamentarios en lugar de cambiar las leyes. Esto sucedió con el decreto que modificó las reglas para acceder a información de interés público: sin modificar la ley de acceso a la información, restringió sensiblemente su aplicación. En el caso de la ley de inteligencia el decreto modificó el sistema de clasificación de información para hacerlo restrictivo por razones de seguridad nacional. El Gobierno echó mano a las resoluciones ministeriales para modificar, por ejemplo, los mecanismos de control de las cuotas que cobran las empresas de medicina prepaga, las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta (el “protocolo antipiquetes”), las facultades de uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales (el protocolo de uso de armas de fuego), las condiciones para patrullar las redes sociales en busca de “delitos”. Los contenidos de estas normas de bajo rango administrativo le corresponden al Congreso, pero las etiqueta como si fueran simples protocolos para avanzar asumiendo competencias que el Ejecutivo no tiene. No fue casual que el 10 de diciembre de 2023 Milei organizara su acto de asunción de espalda al Congreso, o “de frente al pueblo”, como dijo. Fue una señal clara de hostilidad hacia los legisladores que durante un año seguido tildó de “ratas” y “degenerados fiscales”. Consciente de su debilidad parlamentaria, intentó disciplinarlos apostando a su desprestigio con sus milicias de las redes sociales, los medios hegemónicos y con el toma y daca que llevó al inefable Edgardo Kueider al bochorno de su detención en Paraguay y posterior expulsión del Senado. Solo con decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones ministeriales, Milei modificó decenas de leyes, reformó el Estado y fundó su doctrina: “donde hay una necesidad hay un mercado”. Y casi no necesitó al Congreso. De hecho, lo acaba de paralizar para poder prorrogar el mismo presupuesto por segundo año consecutivo, una situación que no tiene antecedentes en la Argentina. La prórroga del Presupuesto 2025 supone una caída real del 24,1% con respecto a los gastos ejecutados en 2024. Un recorte fenomenal y afín a su desaforada motosierra. En la concepción de La Libertad Avanza, ganar nuevos legisladores este año no es un objetivo para poder gobernar, como se plantea, sino para ganar la tan mentada “batalla cultural” y legitimar la transformación del país hacia un modelo que la mitad de los argentinos, o algo así, no comparten ni quieren. Milei y su círculo saben que el péndulo en algún momento oscilará para el lado contrario, por lo que se trata ahora de llevarlo hasta el límite opuesto posible. Después se verá si es de espalda al Congreso o de espalda al pueblo.
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