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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 06/01/2025 01:49
El gobierno anarco capitalista dictó dos decretos, 1107/24 y 1112/24, y derogó el decreto 727/2006, reglamentario de la Ley 23.554 de Defensa Nacional. En sus fundamentos invoca dos argumentaciones como justificación, que distan de ser novedosas. Son explicaciones o para públicos muy ajenos a la cuestión, o para otros que, conociendo de la materia, juzguen sin embargo sólo por previa convicción ideológica y adhesión partidista, con poco apego por los hechos. Una línea argumental es que en 2006 y por sesgo ideológico ingenuo y antimilitar el gobierno populista contrarió la Ley de Defensa al limitar el tipo de amenaza a prevenir, conjurar y repeler; estableciendo que debía ser una amenaza militar estatal extranjera, cuando la ley dice militar extranjera. Cualquiera que razone con rudimentos lógicos advertirá que acotar y definir el objeto no viola la ley ni la contraría. En todo caso podrá discutirse si es pertinente acotarla de ese modo o de cuál, y por qué. El otro argumento es que las cosas han cambiado y que ahora existen el ciberespacio, los satélites, la IA y la robótica aplicada a la guerra, y que las guerras se han vuelto asimétricas primero y luego híbridas, y que por tanto es difícil distinguir el afuera del adentro, y por eso las fronteras entre seguridad y defensa se borran. Esta tiene ropaje un poco más modernista que la anterior, y nos interpela: ¿dónde queda el ciberespacio? En vez de estudiar para definirlo, investigar para precisar, simplifica borrando y mezclando. Se ha dicho que “todo problema complejo tiene una solución simple y plausible, que está equivocada”, y el gobierno libertarista lo hace rito y escuela. Confusión de límites Las dos argumentaciones vienen siendo volcadas con profusión por EE.UU. No hace falta historiar en estas líneas la secuencia de la doctrina de la seguridad nacional, las small forces y las nuevas amenazas ya no tan nuevas del narcotráfico, el crimen trasnacional y el terrorismo. Desde hace demasiado tiempo se viene presionando para que nuestras FFAA no se dediquen a defender los intereses soberanos del país. El desfinanciamiento es un vector concurrente, y otros son la distorsión de objetivos para sacarlas de foco, y la policialización velada y gradual. La subejecución presupuestaria y la suspensión de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, así como la reducción de efectivos y de horas de adiestramiento van por un andarivel paralelo. Con los recientes decretos avanzan en la confusión de roles y en la delegación a los funcionarios de los ministerios de Seguridad y Defensa el avanzar sobre ese reordenamiento. De lo que se invoca como faltante, el decreto no incorpora nada que no estuviera contemplado para instrumentarse, todo podía hacerse dictando resoluciones u otros decretos. No es que libera de ataduras para cumplir la misión, sino que delega para que se proponga e instrumente. Y lo hace sin definiciones precisas. Favorece la confusión de límites y la mezcla de roles preconizada. Policialización gradual Además de desfinanciar y abortar el desarrollo autónomo, lo único que han hecho en un año es disponer la venta del Centro de Ciberdefensa ubicado en Puerto Madero. Declaman objetivos estratégicos mientras priorizan negocios inmobiliarios desde la AABE entregada en administración a quien alojara al presidente en campaña, al presidente electo y al presidente demorado en mudarse a Olivos. La construcción del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCC) no es obsoleta, ni readaptada. Se trata de un proyecto cuya arquitectura y diseño de redes fue concebido y ejecutado entre 2013 y 2015 por las propias FFAA según sus planes y objetivos. Al igual que la red de fibra óptica de la defensa, que se administra desde allí y enlaza los principales centros de la jurisdicción y los conecta con los de Arsat. Lo más probable es que el efecto del decreto en el corto plazo sea reforzar el mando de Bullrich sobre Petri, y que eso se traslade al funcionamiento de coordinación entre las Fuerzas. Que replieguen personal de seguridad del control de fronteras, ríos y lagos, para afectarlos a la represión interna; que atiendan con personal militar en tareas policiales las necesidades de empresas multinacionales extractivistas; y que al haber eliminado el plan de recategorización salarial que estaba en marcha para las FFAA durante el anterior gobierno, terminen estableciendo un paliativo para quien quiera migrar de fuerza, o algún suplemento no remunerativo para desplegarse en alguna de estas tareas. Ese camino de policialización gradual y por goteo desvirtuaría y sacaría de foco a las FFAA. (*) Ex secretario de Estrategia y Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa.
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