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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 04/01/2025 23:17
Por Luciano Peralta El lunes pasado se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE). Pero esta ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno Nacional desde el ascenso de La Libertad Avanza (LLA). De hecho, los datos oficiales muestran una caída del 100% en la entrega, por parte del Estado nacional, de la medicación necesaria para garantizar este derecho. En el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el Estado debe distribuir los medicamentos necesarios para la interrupción legal del embarazo, como el misoprostol y la mifepristona. Pero, según un minucioso análisis realizado por Centro de Datos de chequeado.com, si bien el programa mostró avances significativos entre 2022 y 2023, pasando de 70.293 a 106.737 tratamientos distribuidos (un incremento del 52%), los registros hasta el tercer trimestre de 2024 exponen una situación crítica: la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria o legal del embarazo cayó a cero. En la programación del presupuesto, el Gobierno nacional había proyectado la entrega de 100.400 tratamientos de interrupción voluntaria para los primeros 9 meses del año, pero no entregó ninguno. Esta es información oficial. Desde EL ARGENTINO se vienen abordando los problemas que esta decisión genera, tanto para el Ministerio de Salud de Entre Ríos como para la Subsecretaría de Salud de Gualeguaychú, dese, a falta de financiamiento nacional, deben adquirir con fondos propios los insumos (anticonceptivos, misoprostol, mifepristona, etcétera) para cumplir con la ley. 180 abortos legales en 2024 Ese es el número, tanto en concepto de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) como de ILE (interrupción legal del embarazo), de intervenciones llevadas a cabo en el Hospital Bicentenario durante el año pasado, el primero bajo la gestión nacional libertaria. Antes de la ley, desde el 2018, en el Hospital Bicentenario funciona el Consultorio en Consejería de Opciones, espacio que, a partir de la aprobación de la norma nacional garantiza el acceso a la IVE. Esto no es menor, ya que la enorme mayoría de las y los ginecólogos que trabajan en la ciudad son objetores de conciencia. O sea, por razones religiosas o morales, no aceptan realizar un aborto. Esa situación está prevista en la Ley 27.610, al igual que el acceso a la IVE y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. La desigualdad en la crianza de los y las hijas es una realidad que estructura la desigualdad de género. A partir de esta norma, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión, también cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud (ILE). Asimismo -al menos en los papeles- todas las personas tienen derecho al acceso a métodos anticonceptivos y a la atención postaborto, más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley. En ese marco, este medio accedió al detalle pormenorizado, no sólo del número de abortos llevados a cabo en el Hospital Bicentenario, sino también a otras características que dan cuenta de la importancia de garantizar este derecho y la dimensión de esta política. Entre ellas: las ciudades desde donde llegan las pacientes -todas las del departamento, Concepción del Uruguay, Villa Paranacito y Gualeguay, entre otras- y los rangos etario y gestacional de cada paciente. Derivaciones: sistema en red Fueron 208 atenciones las que tuvo el Consultorio en Consejería de Opciones durante el 2024. No todas fueron interrupciones, ya que 22 pacientes decidieron continuar con su embarazo y en seis casos no hubo embarazo, por ejemplo. La mayoría de las pacientes llegaron por consulta espontánea (112), otras fueron derivadas de los Centros de Atención Primaria de la Salud, municipales y provinciales, (40); de efectores de otras ciudades (14) o de servicios del propio hospital (10), entre otras derivaciones. Lógicamente, el número mayoritario de personas que accedieron al servicio son residentes en la ciudad de Gualeguaychú (162), pero también hay registro de Urdinarrain (13); de Larroque (8); Ibicuy (5); Ceibas (4) y Paranacito (4), entre las principales localidades. Rango etario y gestacional Según los registros oficiales, 5 personas menores a 15 años accedieron al servicio (no necesariamente a la interrupción); 24, entre 15 y 19 años; 147, entre 20 y 35 años, y 32 personas mayores a los 35 años. Por otro lado, respecto al rango gestacional de quienes llegaron al Consultorio de Consejería en Opciones del hospital, las estadísticas indican que el año pasado fueron 160 pacientes con embarazos menores a 13 semanas y que en 22 casos se decidió continuar con la gestación, entre otros datos. Por último, se observa que del total de intervenciones una sola fue un aborto espontáneo; 151 se llevaron a cabo de manera ambulatoria y 28 necesitaron internación. LLA, por la derogación Rocío Bonacci, diputada nacional de LLA, presentó en febrero de 2024 un proyecto de ley para derogar la norma sancionada en 2020 y tipificar el aborto como un delito. Frente a la polémica que generó la noticia, Bonacci tuvo que salir aclarar que “el proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”. La iniciativa no fue tratada por el Congreso de la Nación. Hace un par de semanas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl, en declaraciones periodísticas, expresó: “Yo soy provida, literal, no lo dudo, pañuelo celeste de acá a la China”, y planteó que “es posible que se discuta la ley el año que viene”, ya sea que se derogue o sea modificada por el Congreso. El propio presidente Javier Milei se ha expresado en diversas oportunidades en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico”, dijo en marzo del año pasado. Por lo que no sería ninguna rareza que durante el año que comienza el gobierno vaya por la derogación. Consecuencias del recorte: Maternidades forzadas Especialistas consultadas chequeado.com advirtieron que la falta de entrega de los medicamentos perjudica a los sectores más vulnerables y podría derivar en maternidades forzadas. Silvina Ramos es socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y explicó el impacto que produce la falta de medicamentos: “La falta de insumos para el aborto va a afectar el acceso a la interrupción voluntaria, entonces esos embarazos no intencionales se van a terminar transformando en maternidades forzadas y sabemos que la maternidad forzada afecta obviamente la integridad física y psíquica de las personas y también afecta su proyecto de vida y las oportunidades de desarrollo personal”. Patricia Sotile, abogada especialista en Género del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó también las consecuencias de esta situación: “Esto tiene gran impacto en poblaciones más vulnerables, generando barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de quienes concurren a los sistemas públicos de salud y se encuentran allí con faltantes, no sólo de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sino también de diversos métodos anticonceptivos”.
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