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» Diario Cordoba
Fecha: 04/01/2025 05:26
En su declaración en el Tribunal Supremo el pasado 16 de diciembre el considerado nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, justificó el pago de comisiones --10.000 euros mensuales-- durante más de año y medio al asesor ministerial de José Luis Ábalos en Transportes, Koldo García, con conocimiento y reparto al propio ministro, como una suerte de "inversión, como la que realiza cualquier empresario", con el objetivo de lograr negocio a futuro. Llegó incluso a calificar estas entregas mensuales de "irrisorias" cuando se estaba hablando "de millones de euros en contratos públicos". A preguntas del instructor de la causa en el alto tribunal, Leopoldo Puente, el comisionista explicaba de este modo el funcionamiento de la presunta trama corrupta que ha supuesto la imputación del exministro de Gobierno de Sánchez y ex secretario de Organización del Partido Socialista. El magistrado se encuentra a la espera de que el Congreso conceda en las próximas semanas la autorización (suplicatorio) necesaria para seguir ahondando en sus pesquisas. En el vídeo de la declaración del comisionista ante el Supremo, al que ha tenido acceso este diario, Puente comienza preguntando por la relación de Aldama con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., que fue la que se llevó los millonarios contratos de hasta 16 millones para la adquisición de mascarillas para el ministerio de Transportes y después amplió sus negocios en otras administraciones gestionadas por el PSOE, como fueron el Ministerio del Interior y las comunidades canaria y balear. En un principio, Aldama señaló que no tenía "absolutamente ninguna" participación en la dirección o gestión de esta empresa, gestionada por Juan Carlos Cueto --también imputado--, a quien conocía porque le había financiado anteriormente un negocio particular de restaurantes. No obstante, y ante la insistencia del magistrado reconoció que firmó un contrato de servicios con Soluciones poco antes de la adjudicación de las mascarillas y que participó activamente en la gestión con proveedores del material sanitario y la organización de los fletes aéreos para el trasladarlo a España en pleno arranque de la pandemia por covid. Más de cinco millones "con impuestos incluidos" En este punto de la declaración, el comisionista defendió que la oferta de Soluciones de Gestión era objetivamente la mejor porque, aunque el precio por mascarilla no era el más barato, añadía los fletes de avión y no exigían "el pago por anticipado que otras empresas sí". En cuanto a la comisión que se llevó, señalo: "Me parece que fueron unos cinco millones y medio con impuestos incluidos". La falta de precisión sobre el dinero exacto que obtuvo por intermediar en el contrato adjudicado por Transportes llamó la atención del magistrado. "¿No puede precisar más?", llega a preguntarle. A continuación es cuando sale a colación la hoja Excel con el título "mascarillas" que el empresario elaboró el 26 de marzo de 2020, y en el que se señala el pago de 2 millones de euros a Ábalos y de medio millón a Koldo García. Según la explicación de Aldama, habría servido para hacer comprender a ambos que el negocio no daba lo suficiente para repartir estas cantidades. Adjudicaciones "futuras" Puente también se interesó por el pago mensual a Koldo de 10.000 euros mensuales que se entendió entre octubre de 2019 y julio de 2021, dado que el inicio de los pagos se habría producido antes de la adjudicación del contrato de mascarillas. Según Aldama, la razón es que había otros negocios "con constructoras, carreteras, Adif o mantenimientos" y se trataba de compensar por "posibles adjudicaciones" en el futuro. "¿Pero usted no sabía cuáles eran las adjudicaciones futuras, cómo podían calcular el dinero que usted ofrecía sobre algo futuro?", pregunta el magistrado, extrañado por el sistema empleado, a lo que Aldama responde que él es empresario y "tenía muy claro cómo iban a hacer esas proyecciones". A juicio del comisionista "al final es dar 10.000 euros mensuales a una persona que te dice que te va a conseguir contratos públicos, que es irrisorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos". Eran, según sus palabras en el alto tribunal "una especie de buena fe" por su parte, una inversión, una asunción de riesgo como la que hace "cualquier empresario de este país". "Estaba arriesgando para un futuro negocio empresarial" llega a afirmar ante el instructor de la causa.
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