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» Facundoquirogafm
Fecha: 04/01/2025 02:51
Un proyecto de ley busca endurecer las sanciones contra los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol en la provincia del Chaco. La iniciativa, que será debatida este año en la Cámara de Diputados, propone que quienes provoquen accidentes en estado de ebriedad asuman la totalidad de los gastos ocasionados, tanto materiales como personales. El proyecto modifica los artículos 83 y 84 de la Ley 949-T, incorporando sanciones más estrictas para infracciones relacionadas con el consumo de alcohol al volante. Entre las principales medidas se establece que los conductores con un nivel de alcohol superior a 0 miligramos por litro de sangre deberán cubrir el 100% de los gastos por daños a inmuebles, rodados, infraestructura pública o lesiones a personas. Además, se propone ajustar el valor de las multas en unidades fijas (UF), equivalentes al precio de un litro de nafta especial. Estas multas oscilarían entre un mínimo de 50 UF y un máximo de 20.000 UF en casos de infracciones graves. La normativa también contempla agravantes para conductores que sean funcionarios públicos o trabajadores estatales, duplicando las sanciones en estos casos. El principal propósito de esta propuesta es fortalecer la seguridad vial en Chaco y promover una conducción responsable, argumentaron legisladores del Frente Chaqueño. Según datos oficiales, el alcohol está presente en al menos uno de cada cuatro accidentes graves a nivel nacional. La iniciativa destaca que obligar a los infractores a cubrir los costos económicos de los accidentes no solo refuerza el principio de justicia reparadora, sino que también alivia la carga económica que suele recaer sobre las víctimas o el Estado. El proyecto, que lleva las firmas de Teresa Cubells, Analía Flores, Rubén Guillón, Mariela Quirós y Nicolás Slimel, también prevé la implementación de un sistema de reducción de puntos en la Licencia Nacional de Conducir, diseñado para prevenir la reincidencia. Además, establece un aumento escalonado en las sanciones económicas en función de la gravedad de las infracciones.
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