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Concordia » Hora Digital
Fecha: 03/01/2025 16:04
A través de una nota administrativa dirigida al ministro de Economía, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció una deuda de miles de millones que pone en riesgo el mantenimiento de los caminos. Para qué fueron las licitaciones del sector en 2024 En el arranque de una temporada veraniega donde se potencia el uso de las rutas nacionales, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda de fondos con la dirección del sector que compromete el mantenimiento de los caminos. Su titular, Graciela Aleñá, incluso alertó en diálogo con El Cronista por un posible correlato sobre el registro de siniestralidad como efecto encadenado. A través de un reclamo administrativo que se tradujo en los expedientes EX-2024-135980807- -APN-DGDYD#JGM y EX-2024-136194879- -APN-DGDA#ME, Aleñá elevó el pedido de “inmediata transferencia” desde el Ministerio de Economía a la Dirección Nacional de Vialidad de los recursos correspondientes al impuesto PAIS y el tributo a los combustibles que no se giraron el año pasado. La demanda se presentó el pasado 11 de diciembre, pero acorde a la propia Aleñá todavía no tuvo respuesta. El texto dirigido directamente al ministro del área, Luis Caputo, remarca que hasta el 5 de diciembre del año pasado solo se habían remitido el 25,1% de los recursos correspondientes al Impuesto PAIS y el 22,1% de los fondos que surgen de la tasa del 0,05% por litro de gasoil (Sisvial), que corresponde a los decretos 193/2024 y 976/2001. “Todo ello a causa de actos voluntarios ILÍCITOS del estado nacional que se traducen en lo que se ha dado en llamar ‘des-financiación’. Esta última expresión es cierta pero poco feliz, ya que el término pretende ocultar la inconducta jurídica y hasta moral del incumplimiento de una entidad que se define como moral (estado nacional) que deliberadamente incumple con los compromisos emergentes de la ley”, consigna el documento. Según la denuncia planteada desde el gremio, la deuda asciende al 58% de los $605 mil millones comprometidos para el área en el Presupuesto ampliado de 2024. En el curso de los doce meses -hasta el 5 de diciembre-, solo se transfirió el equivalente a $254 mil millones. Como consecuencia, se ve afectado el funcionamiento normal de la entidad que debe velar por el estado de las rutas nacionales. “A ello debe sumarse un elemento vital que es el daño que, en forma directa e ininterrumpida, la molicie, la mora y el desinterés está causando a la red nacional, traducida en un deterioro gradual ininterrumpido de los caminos de la red troncal, y en la inseguridad a que se somete a los usuarios”, señala el texto enviado al Gobierno. En consecuencia, alerta, se “incrementarán los accidentes viales ante la pasiva mirada de quienes voluntariamente desisten de cumplir con sus deberes como funcionarios”. Desde el Ministerio de Economía no devolvieron comentarios frente a la consulta de El Cronista sobre el destino de esta nota administrativa. El decreto 505/1958 fijó la autarquía de la Dirección Nacional de Vialidad, con la función de ocuparse de “el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias” a la vez que dispuso la reestructuración del sistema troncal de caminos nacionales. Más tarde, en 1989, la ley de Emergencia Económica desafectó los fondos con destinos específicos y la limitación de su capacidad de financiamiento, por lo que pasó a depender de los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, aunque su función no varió. Acorde Aleña, el desfinanciamiento del área en 2024 compromete las tareas de mantenimiento invernal en la Patagonia (de cara al próximo invierno), el relevamiento y mantenimiento de puentes y túneles, control de pesos y dimensiones, señalamiento y tareas de emergencias, entre otras. De hecho, hace tiempo vienen advirtiendo sobre el riesgo que implica para el tránsito de vehículos el paulatino deterioro de las rutas y sus contornos, sobre todo si son de uso regular de los vehículos de carga y hasta buscaron declarar la emergencia vial con el impulso del diputado de UP Mario Manrique, en la primera mitad del año. Aleñá sostiene que “indudablemente ha subido la siniestralidad”. El Observatorio Vial, que se enmarca en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no tiene aún registros del año pasado. En cambio, los números de siniestros fatales y víctimas fatales que muestra de los últimos cuatro años marca un descenso con respecto a las etapas previas. No se saben aún qué pasó en 2024 con el ajuste en el sector que redujo el nivel de operaciones. En 2023, último año en registro, hubo 3.675 siniestros fatales en todo el país que significaron la pérdida de 4.403 vidas, un promedio de 12 personas por día, el más bajo de la serie histórica. A nivel de tasas según población y parque, son las provincias del norte del país aquellas que exhiben los valores más altos de siniestralidad y fatalidad. “Una cosa es que vos conozcas la ruta y vas esquivando los baches y la otra es que pases por primera vez y te comas un bache o una banquina descalzada. O el problema que hay en las rutas que eran de Corredores Viales donde no se está cortando el pasto y hay de altura de más de 2 metros que joroba la visibilidad del conductor -indica la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines-. Estamos en una situación que no veía desde hace mucho” En diálogo con El Cronista, Aleñá añade que a los despidos en el sector durante el año (157) y la falta de insumos complicarán también las tareas invernales si no se revierte la situación porque aún no se ha pagado lo que se ha contratado este año como la compra de sal que se utilizó para el despeje de nieve. “Cumplimos un año sin licitaciones en Vialidad Nacional y esto es muy grave porque siempre se necesitan, para mejorar, construir o mantener el camino”, agrega. Los registros de ComprAR muestran nueve licitaciones desde el área de Contrataciones de Vialidad Nacional o destinadas a las dependencias en las provincias. Dos de ellas terminaron en fracaso y una se dejó sin efecto. De las seis restantes, cuatro fueron adjudicadas y dos se encuentran disponibles. Corresponden a la contratación de servicio full internet para el Distrito 9° (San Juan), adquisición de baterías y pilas para el Distrito 6° (Jujuy), 4° (Mendoza) y la sede central y repuestos automotores para la flota propia.
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