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Parana » El Once Digital
Fecha: 03/01/2025 09:30
El Gobierno de Javier Milei decidió renovar los contratos de aproximadamente 40.000 empleados públicos de la administración nacional, aunque solo por tres meses. Este grupo está compuesto por trabajadores que no forman parte de la planta permanente del Estado, y cuyas renovaciones, en algunos casos habían expirado el 31 de diciembre de 2024, se extenderán hasta finales de marzo de 2025, durante los cuales los empleados deberán someterse a un examen de idoneidad con el fin de determinar si pueden acceder a una mayor estabilidad laboral. Examen de idoneidad y condiciones para la renovación El proceso de renovación de contratos sigue un patrón que ya ha sido implementado en los meses anteriores, y consiste en la renovación trimestral de los mismos con el objetivo de evaluar cuáles empleados continúan desempeñando funciones que se consideran esenciales para las dependencias estatales y cuáles no. De acuerdo con fuentes oficiales, a partir de marzo, aquellos que deseen continuar en sus puestos deberán aprobar un examen de idoneidad, dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. Además de superar la prueba, los empleados deben ser considerados por sus superiores como imprescindibles para el área en la que prestan servicios. Hasta el momento, alrededor de 14.000 empleados ya rindieron el examen, y un alto porcentaje, el 95%, ha aprobado la prueba. Esta evaluación será clave para definir la permanencia de los trabajadores en el sector público. “Se espera que esta sea la última prórroga”, aseguraron fuentes gubernamentales, quienes agregaron que aquellos que no aprueben el examen o no sean considerados necesarios para el área serán desvinculados. Discrepancias con los números oficiales y despidos en diversas dependencias La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su disconformidad con los números oficiales. Según la organización sindical, no son 40.000, sino más de 55.000 los empleados públicos cuyo contrato expiró el 31 de diciembre de 2024. ATE incluye en su estimación a los monotributistas bajo locación de servicios y a los 2.400 trabajadores vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Estos empleados habían estado realizando tareas relacionadas con la agilización de los trámites en los registros del automotor, pero, según el Gobierno, serán desvinculados. Además, ATE informó que, con el cambio de año, ya se han registrado los primeros despidos. Entre las dependencias afectadas se encuentran el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. Uno de los casos más emblemáticos fue el despido de 87 empleados del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA. Los trabajadores recibieron un mensaje de WhatsApp el 31 de diciembre notificándoles que ya no debían presentarse a sus puestos. Congelamiento de la contratación pública y nuevas restricciones Como parte de las medidas para contener el gasto público, el Gobierno también ha adoptado restricciones adicionales en cuanto a la contratación de nuevos empleados. A través de los decretos 1148/24 y 1149/24, firmados por Javier Milei y el ministro de Economía, Sergio Sturzenegger, se ha dispuesto un congelamiento de las contrataciones en el sector público nacional. Según los nuevos decretos, “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Esta medida incluye tanto a los contratos bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional como a las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos. De acuerdo con los nuevos lineamientos, las prórrogas de contratos solo se podrán realizar en casos excepcionales, y las altas en organismos públicos deberán estar acompañadas por la baja de al menos tres empleados, independientemente de la causa. Este sistema busca reducir aún más el gasto público, lo que se ha traducido en la congelación de nuevos ingresos al sector público, una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de Milei. A partir del 1 de marzo de 2025, los nuevos aspirantes a ingresar al sector público deberán aprobar el mismo examen de idoneidad que se está implementando para los empleados existentes, una medida que busca garantizar la competencia y la eficiencia en la administración pública. (Con información de Noticias Argentinas)
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