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Parana » Paginajudicial
Fecha: 03/01/2025 04:03
Un tribunal rechazó la acción de habeas corpus de un detenido que reclamaba una cama y un colchón en la cárcel, ya que estaba durmiendo en una reposera. “Se estaría frente a vicisitudes propias de la situación de privación de libertad en la que los imputados se encuentran”, dijeron los jueces. El caso, sin embargo, es un botón de muestra sobre cómo se vive en las cárceles entrerrianas. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial No es novedad que las cárceles de la provincia están al límite de su capacidad. Es así desde hace años. Se atribuye el incremento de los niveles de reclusión, principalmente, a la implementación de un sistema procesal que acelera los plazos de las investigaciones; también a la intensificación de procedimientos por narcomenudeo y un cambio en las modalidades delictivas. Reformas judiciales y factores sociales contribuyen a crear una verdadera bomba de tiempo en las unidades penales entrerrianas. En Paraná, por ejemplo, la cárcel de varones está sostenida sobre un edificio añoso; tiene una sobrepoblación del 10 por ciento, lo que ha llevado a las autoridades a adaptar oficinas administrativas para alojar personas y, aún así, los detenidos conviven en pabellones en estado calamitoso y celdas mal ventiladas. Hace unos días ocurrió una situación insólita. Un joven que no llega a los treinta, condenado recientemente por delitos de narcotráfico, llegó trasladado desde Concordia para una consulta médica. Tenía un turno en el hospital público, pero en su paso por la unidad penal quedó alojado en un pabellón sobrepoblado, con todas las camas ocupadas y entonces le asignaron… ¡una reposera! El joven, oriundo de una localidad misionera lindante con Brasil, hijo de padres brasileños, changarín y con apenas estudios primarios, interpuso una acción de habeas corpus ante el agravamiento de sus condiciones de detención. Describió ante la Justicia Federal que había tenido que dormir en una reposera y reclamaba una cama y colchón. También hizo una presentación ante la Procuración Penitenciaria de la Nación denunciando agresiones y la falta de atención médica a los dolores que le provocó el descanso en condiciones inadecuadas. Pero lo más extravagante estaba por venir. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el habeas corpus argumentando que el caso se ajustaba “a vicisitudes propias de la situación de privación de libertad en la que los imputados se encuentran” y que el planteo debería ser canalizado ante el juez de quien depende, en su caso, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Para decirlo en términos menos jurídicos, le dijeron que así se vive en la cárcel y que, si tenía algo para reclamar, en todo caso, debía golpear en otra ventanilla. Más allá del caso particular, lo que se revela es un estado de situación; el modo en que conviven las personas privadas de la libertad en las cárceles entrerrianas, sobre la que vienen advirtiendo desde hace años el Colegio de la Abogacía, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Distintos informes dan cuenta de “el colapso de las cárceles entrerrianas, no solo a nivel edilicio, sino que se extiende a las precarias condiciones de habitabilidad e higiene y al tratamiento institucional de los internos” e incluso advierten sobre el cercenamiento de derechos relativos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la asistencia y al mantenimiento de los vínculos familiares. Según registros oficiales, los últimos disponibles, al 31 de diciembre de 2023 había 2.659 personas detenidas en las cárceles entrerrianas; el 40 por ciento en Paraná, donde las autoridades admiten en off the record una sobrepoblación del 10 por ciento. Algunos datos sobresalen en la estadística fría y no deben pasar inadvertidos: el 47,5 por ciento son personas menores de 34 años; el 86,3 por ciento no completó el secundario; el 20,7 por ciento no terminó la primaria y el 3,7 por ciento no tiene estudios formales. Para completar el estereotipo social que la sociedad ha construido del “delincuente” debemos agregar que el 12,9 por ciento no tenía trabajo al momento de ser detenido y el 7,6 por ciento no recibió visitas en el último año. Se trata de personas jóvenes, perteneciente a sectores vulnerables, pobres y sin trayectorias educativas. Una película que revela el fracaso del Estado en términos de inclusión social.
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