04/01/2025 19:09
04/01/2025 19:08
04/01/2025 19:05
04/01/2025 19:04
04/01/2025 19:02
04/01/2025 19:01
04/01/2025 19:01
04/01/2025 19:01
04/01/2025 19:00
04/01/2025 19:00
Parana » InfoParana
Fecha: 02/01/2025 09:38
El Gobierno Nacional, tras haber cesanteado a unos 36 mil empleados públicos durante 2024, estableció un nuevo régimen para el sector público que busca reformar la estructura del Estado y frenar el crecimiento de la planta de personal. A partir de esta normativa, se prohíben nuevas contrataciones en el ámbito nacional, se establece un límite en la duración de los contratos y se crea un examen de idoneidad obligatorio para quienes deseen acceder a puestos en el Estado. Esta medida fue oficializada mediante la publicación de los decretos 1148/2024 y 1149/2024 en el último Boletín Oficial de 2024, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El primero de los decretos establece que “las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. De esta manera, se congela prácticamente la incorporación de nuevos agentes al sector público, afectando tanto a los empleados contratados bajo modalidades transitorias como permanentes. Asimismo, se incluye a los “monotributistas” bajo los conocidos contratos 1.109, un régimen bajo el cual se vinculan diversos asesores del Gobierno, como es el caso de Santiago Caputo, quien trabaja en la Secretaría General de la Presidencia. Excepciones y requisitos adicionales para el empleo público A pesar de las restricciones, la normativa contempla algunas excepciones para ciertos sectores estratégicos. Entre los ámbitos que quedan habilitados para realizar contrataciones se encuentran “el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; las Universidades; el Servicio Exterior de la Nación; el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud”, entre otros. Además de estas excepciones, la reglamentación establece que los nuevos ingresos a la administración pública deberán cumplir con un requisito particular. Para acceder a un puesto, se deberá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Este mecanismo tiene como objetivo controlar el crecimiento del empleo público, estableciendo una relación directa entre las altas y bajas de personal. El examen de idoneidad La segunda reglamentación publicada en el Boletín Oficial introduce un nuevo requisito fundamental para los postulantes a empleos públicos: el examen de idoneidad. Según el decreto, todos los aspirantes deberán “acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024”. Esta evaluación tiene como fin garantizar que los nuevos empleados cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar su rol en el Estado. Además, la normativa establece que las contrataciones dentro del sector público nacional “no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025”. Esto significa que, por un período de tiempo determinado, el Gobierno limitará aún más la expansión del empleo público, con el fin de cumplir con su plan de reducción de personal y reorganización del sector. El ajuste del Estado y la reducción de personal El nuevo régimen para el empleo público forma parte de un proceso de ajuste que se viene implementando desde el inicio del mandato de Javier Milei, quien ha impulsado una serie de medidas para reducir el gasto público y la estructura del Estado. En los primeros 11 meses de 2024, la gestión de Milei logró despedir a 35.936 empleados públicos, cifra que incluye tanto a personal de la administración centralizada y descentralizada como de las fuerzas militares y de seguridad, y de empresas del Estado. De estos despidos, 21.408 fueron en la administración pública, 2.577 en las fuerzas armadas y de seguridad, y 11.951 en empresas estatales. El ministro Sturzenegger celebró estos números y destacó que “siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños”. En este contexto, el Ejecutivo no solo continúa con su plan de reducción de personal, sino que también anticipó la eliminación de varios organismos del Estado, como la Defensoría del Público, creada por la Ley de Medios. Esta reducción también incluyó unos 2.200 despidos en el Ministerio de Justicia, la mayoría de los cuales pertenecían a los conocidos “contratos ACARA”.
Ver noticia original (1).png)
.gif)
.gif)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por