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Colon » El Entre Rios
Fecha: 02/01/2025 06:30
Acceso a la información: una deuda pendiente La información presentada a la comunidad a través de los medios de comunicación resulta insuficiente y poco precisa. En lugar de aportar claridad, genera incertidumbre y confusión, afectando, en algunos casos, la percepción sobre el personal municipal de carrera, especialmente en áreas clave como Contaduría, Legales, Tesorería, Compras y Suministros. El Tribunal de Cuentas: garantía de control en los procedimientos municipales ¿Por qué no se recurrió a recursos locales? Reflexión final Auditar es sinónimo de control. En este caso particular, los auditores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través del convenio suscripto en marzo de 2024, examinaron sin condicionamientos los procedimientos y la documentación de la Municipalidad de Concordia para efectuar un relevamiento de la situación económica y financiera de la comuna al 10 de diciembre de 2023.El citado convenio establece una, pues señala que:Los concordienses, quienes a través del pago de sus tasas financiaron esta auditoría, han asumido un costo de $19.200.000 (pesos diecinueve millones doscientos mil), además de otros gastos no cuantificados en el convenio, tales como:y el pago de aranceles ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas establecidos para este tipo de servicio.Si bien presentar un informe técnico con conceptos contables, administrativos y jurídicos a la comunidad no es tarea sencilla, considero que podría haberse diseñado una estrategia comunicacional más eficiente para brindar claridad sobre un tema tan sensible como el manejo de los recursos públicos.La presentación de los resultados de la auditoría fue estructurada en tres niveles:1.Con un tono coloquial, confeccionado por el Área de Prensa.Elaborado por el Departamento Ejecutivo, pero de carácter muy general, sin conclusiones relevantes y con sugerencias poco concretas. Este material está disponible en el portal dede la web municipal.3.Debido a una cláusula restrictiva,Es fundamental resaltar que estos profesionales sonA lo largo de su trayectoria, han demostrado un firme compromiso con la gestión pública, un elevado sentido de responsabilidad y una ética intachable en el desempeño de sus funciones. Además, su experiencia y conocimiento los convierten en referentes indiscutidos, a quienes otros municipios de la provincia recurren habitualmente en busca de asesoramiento y orientación especializada.Desestimar su labor con mensajes ambiguos o imprecisos no solo es injusto, sino que también erosiona la confianza en instituciones fundamentales para el adecuado funcionamiento de la administración pública.El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, según lo establecido en la Constitución Provincial, tiene el mandato de controlar los procedimientos administrativos y financieros municipales, señalando observaciones y sugiriendo mejoras que deben implementarse a la brevedad.Es importante aclarar que observar un procedimiento y sugerir ajustes no implica la comisión de un delito. Estos conceptos deben transmitirse con seriedad y responsabilidad, protegiendo el buen nombre de los empleados municipales que actúan con compromiso y profesionalismo.El informe de auditoría del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2023 se completó en noviembre-diciembre de 2024, y sus observaciones estarán disponibles en abril-mayo de 2025, siendo notificadas oficialmente al Poder Ejecutivo Municipal.Si bien reconozco que esta apreciación está influenciada por mi vínculo con la institución y mi admiración por la excelencia de las cátedras de Auditoría y del Área Jurídica, no puedo evitar preguntarmeo, en su defecto,Aunque no dispongo de precisiones sobre las identidades, especialidades y matrículas de los profesionales que participaron en esta auditoría, es importante señalar que, tal como lo establece la Ley 7.896 en su artículo 69º, donde se especifica:Además, el informe debe contar con su correspondiente legalización ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.Para despejar esta incertidumbre, sugiero que(fecha, delegación responsable, nombre de quien certificó el trabajo y número de oblea).Como ciudadanos, podemos debatir la oportunidad y eficacia de las decisiones políticas, pero mientras estas no constituyan un delito, no son justiciables.El informe final está en manos del Sr. Intendente, quien deberá evaluar si las observaciones allí contenidas representanEl acceso a este informe no debería ser un privilegio, sino un derecho legítimo de quienes contribuyen al sostenimiento del municipio.
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