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» Politicargentina
Fecha: 31/12/2024 19:21
El presupuesto es una carta de presentación, un mapa de lo que un gobierno está dispuesto a hacer con lo que tiene y con lo que recauda. Es, tal vez, la forma más precisa de medir más lo que se promete de lo que se estima. Y Javier Milei promete y estima más motosierra. El decreto 1131/2024 parece diseñado para evitar precisamente la supervisión de esos recursos. Cabe señalar que el Gobierno había presentado un presupuesto para 2025 que prometía un superávit fiscal, pero era una meta que para ser lograda requería más ajuste que algunos legisladores no estaban dispuestos a conceder. Y el Gobierno tampoco a aflojar. Los argumentos que justifican esta prórroga son los de siempre: la necesidad de continuar con los servicios esenciales, la urgencia de no frenar el aparato del Estado. Pero en esa lógica, Milei, el triangulo de hierro y Caputo toman la batuta y asumen un rol que no le corresponde, el de convertirse en el único actor capaz de decidir cómo se distribuyen los recursos sin el aval del Legislativo. Martín Menem haciendo la vista gorda, dicen. Del otro lado de la balanza están quienes ven en este panorama un retroceso democrático "No le transmite al mercado un horizonte claro" El argumento central de la crítica de Tetaz radica en el hecho de que, con la prórroga del presupuesto de 2023, el 75% de los gastos públicos quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo El mood 2025 de Milei parece menos incierto que su política ecónomica. El futuro económico de Argentina se perfila incauto, con un gobierno que, por un lado, intenta mantener un superávit fiscal y, por el otro, enfrenta una resistencia política que impide llevar a cabo reformas estructurales profundas Cuando el Ejecutivo de Milei decidió, por segunda vez consecutiva, prorrogar el presupuesto de 2023, la cifra que se estampó en el Boletín Oficial dejó en evidencia el tamaño de la virtual contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Uno podría pensar que la reforma fiscal que se vendió en tándem electoral como la base para el cambio profundo en Argentina no podía ser en un documento concreto sino más bien en un vacío, una especie de agujero negro económico en el cual los recursos públicos pueden ir y venir sin ningún tipo de control efectivo. Un espiral invisible con el Gobierno tomaría decisiones por decreto y sin la participación activa de los otros poderes del Estado.Ya lo sabíamos.El método parecía en sus proyecciones la respuesta a la crisis, la receta para eliminar la inflación y lograr, por fin, una estabilidad económica que parecía inalcanzable. Pero el Congreso no aprobó la propuesta, y ahora estamos con un presupuesto de 2023 que no es más que un parche.Para entender esto, hay que mirarlo desde un ángulo muy preciso: el presupuesto no es solo un conjunto de números, es un acuerdo político. Un acuerdo entre el Gobierno, el Congreso y la sociedad. A través de la Ley de Presupuesto, el Congreso refleja las prioridades de todos los sectores del país, en función de las discusiones y de los acuerdos. En cambio, lo que se ha dado en esta situación es una administración directa por parte del Ejecutivo. Cuando el Gobierno decide prorrogar el presupuesto y el Congreso no logra aprobarlo, lo que está sucediendo es que se está vaciando de contenido esa institución democrática. Las partidas quedan desactualizadas, los proyectos quedan suspendidos, y al final, lo que se ha logrado es un gobierno que decide a su propio ritmo, sin rendir cuentas a nadie.Están los que aplauden la maniobra de Milei, como, un economista que respalda a rajatabla la idea de un superávit fiscal como principio fundamental de la política económica. Etchebarne cree que esta decisión, aunque controversial, es la única forma de evitar, como consideran desde el espacio libertario, el descalabro fiscal que arrastra Argentina desde hace años.Para él, la falta de presupuesto aprobado por el Congreso es simplemente una muestra de la "ineficiencia política", pero no un obstáculo real para la estrategia económica del gobierno. El superávit fiscal, la promesa de no gastar más de lo que se recauda, es el faro que guía su análisis.“El Gobierno ha decidido tener superávit fiscal. No gastar más de lo que recaudamos. Es un tema esencial que genera un círculo virtuoso espectacular. Si todos los gobiernos anteriores hubieran tenido superávit fiscal, tendriamos deuda cero. Seríamos un país sólido”, dijo Echebarne, para quien “la importancia de tener superavit fiscal es enorme y tener reservas ante cualquier problema es muy importante”.A su entender, “el superavit fiscal es un tema moral porque gastar plata que no tenés es hacer que la paguen generaciones posteriores". En ese sentido, consideró que "por ello habría que declarar inconstitucional al déficit fiscal”. “A los economistas keynesianos les cuesta mucho pensar lo que está pasando”, disparó.Insistió: “Tuvimos superavit en recesión, y ahora cuando se expanda la economía, porque prevemos un crecimiento del 5 por ciento, será mayor. Cuando la torta se agranda, los recursos se agrandan. La idea del gobierno federal es reinvertir en bajar impuestos. Lo que quiere hacer el Gobierno es eliminar el 90 por ciento de los impuestos federales”.Para Etchebarne, “bajar impuestos es devolverle plata a la gente sin subsidiarla”. “La economía se hace más eficiente porque tenes una mejora tanto desde la demanda como desde la oferta. Al ser más eficiente, se reduce el Riesgo Pais y vuelven los créditos”, enfatizó.Y cerró: “Lo mejor sería tener un presupuesto equilibrado y aprobado por el Congreso pero el Legislativo no lo aprobó porque no se pusieron de acuerdo en cómo reducir gastos. Al no aprobarlo queda en vigencia el del 2023. Eso le da mayor discrecionalidad al presidente para garantizar el superávit y eso ordena a la macroeconomia”., constitucionalista, considera que la prórroga del presupuesto es una violación flagrante de la Constitución. Para él, el presupuesto es una herramienta esencial del Congreso, y no puede ser usada de manera discrecional por el Ejecutivo.Según Barcesat, al actuar sin la aprobación del Legislativo, el Gobierno está no solo vulnerando el principio de separación de poderes, sino también construyendo un modelo donde el control de las finanzas queda en manos de un solo actor, el Presidente. Este es el punto más sensible de la cuestión: el uso del poder, en nombre de la emergencia fiscal, de una manera que al final puede derivar en un autoritarismo fiscal, en un Gobierno que decide de manera unilateral sobre los recursos y las prioridades.La Constitución, que establece en su artículo 75, inciso 8, que corresponde al Congreso decidir sobre las partidas presupuestarias, es claramente transgredida por esta prórroga. Este hecho no solo reabre viejas tensiones entre los poderes del Estado, sino que también pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema político argentino. Al no poder alcanzar consenso en el Legislativo, el Ejecutivo se ve en la necesidad de recurrir a esta medida, que ofrece una flexibilidad fiscal significativa pero arrastra consigo el riesgo de minar la confianza en el sistema institucional.“La atribución para fijar el Presupuesto está dada en el Art. 75 Inciso 8 de nuestra Constitución y le corresponde a nuestro Congreso. De manera que acá tenemos un juego de discordía porque el Ejecutivo mandó un Presupuesto que no satisface y el Congreso no ejerció su potestad que dicho articulo le infiere porque no quedó satisfecho. Por lo tanto, tenemos una situación de anomía”, detalló Barcesat para quien “la reproducción del Prespuesto 2023 implicaría al Ejecutivo fijar la cuantía de las partidas respectivas y eso significaría un quiebre de la voluntad constitucional”. “Esta situación propiciaría una nueva hipotesis de mal desempeñó del Poder Ejecutivo que podría significar un juicio político respecto del presidente Javier Milei”, advirtió Barcesat.Hay que insistir en que elno es solo un acto técnico. Es un recurso que confiere a Milei un poder absoluto sobre las finanzas públicas. La ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso no es simplemente una falta de acuerdo entre oficialistas y opositores; es una ruptura de las normas institucionales que organizan la política económica del país. Aunque la medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios esenciales, las críticas se centran en la opacidad que genera el uso discrecional de los recursos.Por eso, según Barcesat, “la discrecionalidad significa un quiebre en el deber de supremacia constitucional”. “El proposito manifiesto del Presidente es retrotraer todo al texto de 1853”, recalcó.El riesgo de un quiebre institucional es un tema que también preocupa al economista y diputado nacional radical. Desde su lugar como legislador por UCR-Evolución, señaló que la prórroga del presupuesto 2023 puede tener consecuencias graves para la estabilidad económica del país.Tetaz advirtió que la falta de un presupuesto claro y aprobado genera un vacío que no solo dificulta la ejecución del gasto público, sino que también crea incertidumbre en los mercados financieros., ha señalado Tetaz, refiriéndose a la necesidad de mostrar previsibilidad en las políticas económicas del gobierno.. Esta falta de claridad en las partidas puede derivar en una, lo que afectaría la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas de inversión social y mejora de la infraestructura en el interior del país. Para los economistas que apoyan al gobierno, esta flexibilidad es una ventaja, ya que permite una mayor capacidad de maniobra, pero para sus detractores, es un signo de la falta de planificación y visión a largo plazo.“Tiene una ventaja primaria porque maniobra con mayor libertad y la segunda es querer mostrar que él es la única garantía de estabilidad. Se quiere mostrar como el garante de la estabilidad de Argentina. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo Tetaz.En términos económicos,. La inflación, que sigue siendo una preocupación central para la mayoría de los argentinos, continúa erosionando el poder adquisitivo de la población, y la falta de una política fiscal clara dificulta aún más la recuperación económica.Por su parte,, economista y titular de la Consultora Sarandí, disparó contra Milei al considerar que la prórroga del presupuesto es parte de un programa económico más amplio que busca reducir el tamaño del Estado, privatizar empresas públicas y garantizar el equilibrio fiscal.Según Chouza, esta estrategia le otorga al Ejecutivo más herramientas para imponer ajustes sin tener que someterse a la aprobación de partidas por parte del Congreso. Sin embargo, también advierte que esta estrategia de licuar el valor de las partidas podría tener efectos perjudiciales en la inflación, y que el ajuste fiscal se realiza a costa de una menor inversión en sectores estratégicos.En esta línea, la falta de acuerdo en torno al presupuesto 2025 refleja una crisis política y económica de largo alcance. El Congreso, compuesto por una heterogénea coalición de fuerzas políticas, no ha podido ponerse de acuerdo sobre las prioridades de gasto y los mecanismos para reducir el déficit fiscal. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el Legislativo ha mostrado resistencia a aceptar un ajuste tan drástico, especialmente en áreas como las políticas sociales y la distribución de recursos entre las provincias.. La crisis de confianza que atraviesa el sistema político y económico no solo es producto de la inestabilidad económica, sino también de la falta de diálogo y consenso en torno a las políticas públicas, políticas de políticos que distan mucho de satisfacer las necesidades de los argentinos. Más aún sin tener un mapa claro de gastos y recursos.
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