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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 27/12/2024 22:20
La medida que evalúa tomar el Ministerio de Justicia el martes próximo pone en serio riesgo la continuidad de organismo y, con ello, el seguimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el funcionamiento de los sitios que recuerdan a las víctimas de la última dictadura militar, y el resguardo de la documentación que permitió que se llevaran adelante los juicios a represores La continuidad laboral de más de 600 trabajadores que se desempeñan, bajo distintas modalidades de contratación, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quedará definida el próximo 31 de diciembre, el último día de un año en el que el Gobierno de Javier Milei implementó distintas políticas de ajuste que para distintas organizaciones sociales y humanitarias que, como pocas veces desde el regreso de la democracia, pusieron en riesgo la continuidad de consensos como el de Memoria, Verdad y Justicia. El Ministerio de Justicia de la Nación avisó, por medio de canales no oficiales, la decisión de no renovar los contratos o las designaciones transitorias de más de 600 trabajadores, lo que, en caso de concretarse, supondría el vaciamiento total de la Secretaría de Derechos Humanos. Además, el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona evalúa cesar los contratos de unos 2.000 trabajadores de distintas áreas de la cartera de Justicia. “Estamos viviendo esta situación con muchísima angustia”, dijo la delegada gremial Nana González Rehermann, representante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. González Rehermann explicó que, “en el caso puntual de la Secretaría de Derechos Humanos, la totalidad de los trabajadores, ya sea que los que se desempeñan bajo las distintas modalidades de contrato que rigen en el organismo o hayan sido designados en forma transitoria, perderán su empleo el 31 de diciembre. A ese panorama se suma que los trabajadores que forman parte de la planta permanente de la Secretaría sufrirán un recorte del 50% en sus salarios. “Lo que está pasando es que, en todas las modalidades de contratación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, hay despidos. Estamos hablando de más de 600 personas. Además, se limitan todas las designaciones transitorias al 31 de diciembre, algo que afectaría a 120 trabajadores. Y a quienes son planta permanente se le reducirá el sueldo a la mitad. Estamos hablando de la totalidad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que se ven afectados por esta decisión. Todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos quedarán vacías completamente”, enfatizó la delegada de ATE. Esta decisión, tomada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, representan la imposibilidad de “poder sostener ninguna de las políticas que lleva adelante la Secretaría”, entre las que se encuentran el funcionamiento de los sitios de la memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otras reparticiones. “La afectación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es total. La situación que vivimos es caótica y arbitraria. Además, las autoridades no reciben a la representación sindical de los trabajadores para, de alguna manera, poder encauzar este desmantelamiento general del Ministerio de Justicia”, agregó. Por ese motivo, los trabajadores agremiados en ATE llevarán a cabo esta tarde, desde las 17, un abrazo simbólico al predio en el que funcionó la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, en el que, según distintas estimaciones judiciales, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas unas 5.000 personas durante el régimen represor entre 1976 y 1983. La protesta se realizará en Avenida Del Libertador 8151, en el barrio de Núñez. Allí se localiza también el Museo Sitio de Memoria ESMA, que es Monumento Histórico Nacional, es Bien Cultural del MERCOSUR y Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la memoria. Hoy, además, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron allí la recuperación del nieto número 138. “El abrazo es una manera de transmitirle a la sociedad lo que va a suceder con este lugar y con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de derechos humanos que son reconocidas a nivel mundial”, comentó González Rehermann. Este jueves, en su última conferencia de prensa de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno nacional ponga fin el próximo 31 de diciembre a unos 50.000 contratos de trabajadores del Estado. La renovación de “cada uno de esos contratos”, algunos de los cuales lleva décadas vigentes, “dependerá de la autoridad superior”. Adorni dijo que tendrá “los datos certeros” acerca de la suerte de los trabajadores contratados en las primeras semanas de enero, cuando “las diferentes áreas” del Estado le transmitan “el reporte final” sobre la continuidad o no de los estatales, entre ellos quienes se desempeñan en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. “A un año de iniciado el gobierno de Javier Milei y (Victoria) Villarruel, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están en emergencia por el debilitamiento y desmantelamiento de algunas de ellas de modo directo o a través de los despidos masivos. Estas políticas son parte de los consensos construidos en más de 40 años de democracia”, advirtió en un comunicado la Red Nacional de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). En el mismo texto, las agrupaciones provinciales que integran la Red Nacional aseguraron desde el 10 de diciembre de 2023 el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) “desplegó un ataque contra los trabajadores y las trabajadoras del Estado. No solamente negando el valor de su trabajo, sino también restringiendo el derecho al trabajo en cantidades sin precedentes. En particular, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha avanzado con despidos masivos, llevando a la agonía el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo su dependencia”, sostuvieron. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, la alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve, entre otras misiones, la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, elaboraron a seis meses de comenzado el gobierno de Javier Milei el informe “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, acerca del impacto de las políticas del Ejecutivo en distintos ámbitos vinculados a la justicia. En ese documento, mencionaron que la gestión de Milei desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la conservación de las investigaciones judiciales e históricas sobre la documentación producida por las burocracias estatales durante la dictadura, un aspecto fundamental para la reconstrucción de hechos y responsabilidades. Además, el Gobierno también cerró la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia, la actual SIDE, y dispuso la acefalía en el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene a su cargo el resguardo del archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que hace 40 años entregó el informe “Nunca Más”. El relevamiento hecho por el CELS y Memoria Abierta señaló también que el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura cívico militar funcionaron en el país como lugar de detención, tortura y desaparición y despidió a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, interrumpió las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial. A eso se sumó que el Gobierno puso en venta terrenos señalizados por la Secretaría de Derechos Humanos como centros clandestinos de detención: La Perla chica, en Córdoba; La Huerta, en Tandil, y Puerta 8, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires; y el Regimiento 9, en Corrientes. En tanto, decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad dejaran de aportar legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), que investiga el destino de niñas y niños robados en la dictadura. La CoNaDi es una herramienta construida por el Estado democrático “para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada”, dijo en agosto pasado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al exponer en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, puso fin al Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, que había sido creado en 2010 con el objetivo de reconstruir, a partir del trabajo archivístico, información clave que contribuyó a los juicios de lesa humanidad con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado. Para el Ministerio de Defensa, se trataba de “un grupo de persecución y macartismo”. Por ese motivo, los archivistas fueron despedidos. Al finalizar 2024, el CELS publicó otro informe, esta vez abarcando en forma total el primer año de gobierno de Milei y Victoria Villarruel. “Combinaron el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia y sus referentes con el ataque a esas políticas. Primero hubo acciones discursivas, símbolos y avales para refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Luego, siguieron el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria”, se indicó en el informe especial “Milei 1 año”, en el cual fueron sistematizadas sus políticas de Gobierno y las consecuencias. El último informe llevado a cabo por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, expuso que a lo largo de 2024, el primer año de Milei al frente del país, la justicia dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.
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