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» El Ciudadano
Fecha: 27/12/2024 15:32
Un tribunal federal comenzó a tratar el pedido de que vuelvan a prisión preventiva 17 de los policías que fueron absueltos en primera instancia por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo fue encontrado en octubre de 2014 en el río Paraná luego de haber estado detenido en la comisaría 7ª. En esta audiencia, los jueces empezaron a revisar la resolución dictada por mayoría en julio del año pasado, luego de que la Cámara Federal de Casación lo anulara al considerarlo “arbitrario”. En esta jornada se presentó un nuevo tribunal y tratará si los policías vuelven a las prisiones preventivas efectivas en los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900. Afuera del edificio estuvieron familiares de Franco Casco, integrantes de la Multisectorial contra la Violencia Instituciones y organizaciones sociales. También asistieron algunos de los policías junto a sus familiares, quienes colgaron banderas donde aseguran su inocencia. Los magistrados tendrán que analizar la petición de los fiscales federales Federico Reynares Solari y Fernando Arrigo, quienes expusieron que los agentes debían estar tras las rejas mientras aguardaban por la nueva sentencia, puesto que, en caso de ser condenados, podrían “eludir la acción de la Justicia”. De esta forma, se revisará si regresan a prisión los policías Diego Álvarez – el cual era jefe de la 7ª–, Walter Benítez, Fernando Blanco, Cecilia Contino, César Acosta, Enrique Gianola Rocha, Cintia Greiner, Marcelo Guerrero, Guillermo Gysel, Rocío Hernández, Esteban Silva, Belkis González, Ramón Juárez, Rodolfo Murúa, Franco Zorzoli, Pablo Siscaro y Daniel Escobar. Anulan absoluciones El fallo de Casación se conoció la semana pasada y lleva la firma de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, quienes hicieron lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las querellas. También ordenaron que “se dicte una nueva sentencia que se ajuste con los lineamientos planteados”. En su resolución los camaristas de la Sala 1 señalaron que “el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los oficiales de las fuerzas de seguridad”. El juez Petrone planteó que “las controversias sobre el cumplimiento de esos estándares y, en especial, las deficiencias que se han marcado a lo largo del juicio y en la sentencia que es traída a esta inspección casatoria tampoco pueden ser pasadas por alto”. También enumeró las irregularidades a lo largo de la investigación como por ejemplo la falta de resguardo del material probatorio. Mahiques, en tanto, definió a la resolución del TOF2 como una “arbitraria decisión”, al advertir las faltas cometidas por los magistrados al momento de tomar su decisión. A su turno, Barroetaveña señaló que la sentencia presenta “vicios en su fundamentación” y cuestionó que los jueces de primera instancia hicieron una “valoración parcializada de la prueba producida durante el debate”. El caso El cuerpo de Franco Casco fue encontrado en el Paraná 24 días más tarde de que la primera semana de octubre de 2014 fuera detenido en la comisaría 7°. El joven, de 22 años, era oriundo de la localidad Florencio Varela del Gran Buenos Aires y había venido a visitar a sus tíos en Empalme Graneros. La última vez que lo vieron fue ese 6 de octubre de 2014 cuando se despidió de su tía y fue a la terminal de trenes para regresar a su casa. Franco fue detenido en la seccional de Cafferata al 300. Justamente hay una discusión entre las partes sobre el día de su detención, para los representantes legales de los policías no fue el 6, como asegura la Fiscalía y la querella, sino el 7 de octubre luego de que un vecino –que también llegó a juicio– lo denunciara por su andar sospechoso. Su cuerpo fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río en inmediaciones del Parque España. Desde ese momento, Ramón Casco y Elsa Godoy comenzaron la lucha por justicia por su hijo Franco. Lo identificaron por un tatuaje mientras que las demoras en la investigación ya habían empezado con el pedido por su paradero. Después, los tiempos se dilataron por la puja entre la jurisdicción de la Justicia provincial y la federal. A fines de octubre de 2014, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la Justicia federal y finalmente en 2017 quedó en este fuero. Pasaron siete años y en diciembre de 2021 comenzó el juicio que tuvo a 19 policías y un civil en el banquillo de los acusados. El fiscal federal Fernando Arrigo y las querellas pidieron la prisión perpetua para 14 de los uniformados junto a montos menores para los otros involucrados, de acuerdo al grado de participación. También solicitó la absolución de uno de los agentes. En tanto, los abogados de la Defensa pidieron la absolución. El juicio siguió hasta el 18 de julio de 2023 cuando tuvo su última audiencia donde los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario, Otmar Paulucci –en la presidencia– junto a Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez, dieron a conocer la sentencia. Por mayoría de votos, Martínez Ferro y Moisés Vázquez resolvieron absolver a todos los involucrados mientras que en disidencia parcial votó Paulucci, al estar de acuerdo con parte de los planteos del MPF y las querellas por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. La resolución fue apelada, Casación resolvió anular las absoluciones y ordenó que un nuevo tribunal federal deberá “dictar una nueva sentencia que se ajuste con los lineamientos planteados”.
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