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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/12/2024 14:55
Por Javier De Pascuale Los impactos múltiples y en algunos casos letales del gobierno de Milei y su plan económico, aunque no necesariamente productivo. Un repaso general por distintos sectores y actividades En términos generales, el gobierno que asumió hace poco más de un año en la Argentina, encabezado por el economista Javier Milei, afectó gravemente el giro de los negocios en el país, simple y claramente porque afectó su desenvolvimiento económico. La economía argentina se preparaba para crecer 3,5%, según las estimaciones de la mejor oficina de estudios estadísticos económicos del mundo, la del Fondo Monetario Internacional (FMI), según lo reconoció en el informe sobre el estado de la economía mundial, fechado en octubre de 2023. Pero vino Milei, aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas, que sin duda estaban complicadas, que sin duda requerían correcciones varias, pero que bajo ningún punto de vista requerían un plan de estabilización al más puro estilo ortodoxo y típico de los planes aplicados en las últimas décadas del siglo pasado en el mundo, con gravísimas afectaciones en las economías donde se aplicaron. Resultado: la economía argentina no sólo no crecerá 3,5% este año, como lo habían calculado los mejores economistas del mundo sino que -por el contrario- se contraerá al menos 3,4%. El costo del ajuste, en dólares Al medio de ambas cifras, se cuentan por miles de unidades productivas o comerciales cerradas o al punto del cierre; se cuentan por decenas o incluso centenas de miles los empleos perdidos o a punto de perderse; se cuentan, en suma, más de 35 mil millones de dólares de facturación perdida por todos los agentes económicos del país en solo un año calendario: ventas no realizadas, salarios no cobrados, gastos no efectuados a razón de 670 millones de dólares por semana, que es peso real de los siete puntos porcentuales del producto interno bruto que perdió la Argentina, entre la fidedigna proyección que realizada el FMI y la realidad de lo que vivió el país durante 2024. Una recesión, hay que decirlo, buscada por una política económica que se propuso desmonetizar la economía, secarla de su moneda nacional, para estabilizar precios a fuerza de la escasez brutal de medios de pago, presupuesto central de las políticas monetaristas impulsadas por Milton Friedman desde la Escuela de Chicago y que viene demostrando no sólo su brutal irracionalidad social, sino además su ineficacia económica. Y la experiencia argentina actual lo viene demostrando acabadamente. Devaluación y después La primera grave medida que afectó los negocios en el país fue sin dudas la impresionante devaluación de la moneda nacional aplicada por el ministro Luis Caputo a pocas horas de asumir al frente del Ministerio de Economía. La suba del tipo de cambio, de 118%, conjuntamente con la desregulación de vastos sectores de la economía y el incremento significativo de las tarifas de servicios públicos (luz, agua, gas, transporte), tuvieron un sensible impacto en precios (la inflación alcanzó 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero) que, sin ningún tipo de compensación de ingresos ni acuerdo de precios implicó una reducción brutal de los ingresos en términos reales. Ingreso que no está, gasto que no se dispensa, obvio. Termina sufriendo el comercio, la pyme proveedora de servicios, la industria productora, toda la cadena económica interna. Pocos días después del mazazo de Caputo al circulante, a la moneda y al ahorro nacional y por extensión, al denominador común de cualquier operación económica, a fin de diciembre de 2023, Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con más de 300 artículos que implicaron desregular amplios sectores de la economía y el mundo del trabajo, afectando el giro de negocios de empresas y actores económicos de los más diversos rubros. Desregular, ¿para qué o para quién? Las medidas del DNU 70/2023 de Milei se presentan como desregulación, pero en realidad implican regular a favor de sectores concentrados, en detrimento de las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque quitó las vallas de contención básicas que fueron construyendo distintos gobiernos nacionales buscando -seguramente con deficiencias, incluso con medidas que a la postre resultaron extemporáneas y que había que actualizar- equiparar situaciones dispares presentes en el tejido económico y productivo nacional, porque sencillamente no hay país igual a otro en estructura económico social, en estructura demográfica y geográfica productiva y porque en definitiva, Argentina se constituyó históricamente como una economía dependiente de desarrollo desigual, con gravísimas inequidades en su interior que distintos gobiernos democráticos intentaron con mayor o menor éxito, recomponer a lo largo de los años y las décadas. Al modificar cientos de normas hasta ese momento vigentes de un saque, sin debate democrático y sin planificar tiempos de ejecución de cambios de políticas, que es lo mínimo que debe prever cualquier propuesta de política pública, la nueva norma profundizó desigualdades preexistentes en la sociedad y dejó al descubierto la oscura trama que adquirió en Argentina la construcción histórica de una economía dependiente, creada a imagen y semejanza de las necesidades de otras economías extranjeras coloniales, con profundas grietas en su interior. Perdedores sí, pero también ganadores Modelo que ha arrastrado al octavo país más grande del mundo, a uno de los diez países del mundo con mayor latitud marítima y fluvial (de más de 15 mil kilómetros de extensión), con el privilegio de clima templado en la mayor parte de su territorio, con una extensión de tierras fértiles envidiable y recursos naturales ingentes e inexplorados, a una realidad actual de decrecimiento, ausencia de infraestructura, despoblamiento, emigración de su mano de obra con mayor calificación (dos millones de profesionales, técnicos y personas con formación educativa han dejado el país en los últimos 20 años) y pobreza generalizada. El corrimiento del Estado como regulador de flujos económicos en distintos sectores tuvo muchos perjudicados pero también claros beneficiarios: • En el sector salud, las prepagas se vieron habilitadas a aumentar sus precios sin regulación. Pese a que el Gobierno limitó los incrementos, la medida sólo fue temporal y a casi un año de la desregulación del sector, no sólo se sigue observando un incremento de los costos de los servicios mucho más alto que el ritmo inflacionario sino que el propio Gobierno ha tenido que denunciar cartelización de las empresas proveedoras, que era precisamente lo que las regulaciones existentes hasta antes del DNU 70 evitaban, porque la colusión entre empresas no es algo nuevo sino una especie de enfermedad endémica de la economía nacional. Los resultados fueron claros: las prepagas aumentaron 241% sus precios en el acumulado diciembre 2023 a diciembre 2024, contra un alza interanual de precios a nivel general del 165%. • La desregulación de la actividad farmacéutica habilitó el avance de las grandes superficies (caso Farmacity, propiedad de Mario Quintana ex funcionario de Mauricio Macri). Además, el Estado dejó de intervenir sobre los precios de medicamentos y habilitó fuertes aumentos en aquellos consumidos por adultos mayores, lo que significó subidas siderales en los precios de venta al público (PVP +210,5%) así como en la canasta PAMI (422,5% desde el triunfo de Milei). • La derogación de la ley de alquileres eliminó toda protección para los inquilinos que comenzó en la Argentina hace más de cien años, cuando en 1914 el gobierno de entonces tuvo que intervenir para regular los abusos que imponían los propietarios de los conventillos en Buenos Aires sobre las familias inmigrantes que llegaban al país en busca de progreso y encontraban por el contrario la exacción de sus ahorros. Los propietarios pueden ahora pautar las condiciones que deseen: alquileres en dólares, actualizaciones mensuales, según la evolución de cualquier índice público o privado, sin duración mínima, exigiendo múltiples pagos por adelantado, entre otras condiciones. Desde la asunción de Milei, los precios de los alquileres se incrementaron por encima del IPC: por ejemplo, en septiembre de 2024 aumentaron 13,2% versus el índice general de 3,7%. Es cierto que también se amplió la oferta de unidades de vivienda en alquiler, aunque este punto también obedeció a otro fenómeno que se dio en paralelo, y que fue la desaparición del turismo internacional, que sustraía de la oferta de alquileres más de 40 departamentos y viviendas en general, que eran reservadas a los alquileres temporarios de las visitas de extranjeros que literalmente dejaron de venir a Argentina, hoy más cara en dólares que algunos países europeos como Portugal o Grecia, en cuanto a turismo. Entre ambos factores, pasado un año de la desaparición de la Ley de Alquileres, la oferta se amplió y con esto, los precios han tendido a estabilizarse, aunque a niveles altísimos, alejados por completo de los niveles salariales vigentes en el país. • La liberalización de los controles de precios en las góndolas de supermercados favoreció en forma directa a los grupos económicos que producen bienes de consumo masivo, que se pueden resumir en 20 actores (Pagani, Pérez Companc, Coto, entre otros, y el lobbista del sector alimenticio, Daniel Funes de Rioja). A noviembre de 2024, los precios de algunos alimentos llegaron a cuadruplicar los vigentes al inicio del gobierno de Milei y al día de hoy, no son pocos los alimentos y otros productos de la canasta básica cuyos precios en la Argentina duplican o triplican los que rigen en el vecino Brasil. Para muchos economistas que peinan canas, se trata del viejo deporte argentino de “pescar en la pecera”: con la ayuda de distintas regulaciones estatales, se establecen barreras al ingreso de productos desde el extranjero, barreras que construyen “la pecera”. Una vez instaladas, el poder monopólico de una empresa o grupo de empresas organizadas en trust o en colusión de intereses, hace el resto. Al punto las remarcaciones en supermercados e hipermercados llegaron a tanto que en el inicio del segundo semestre de 2024 el Gobierno comenzó a habilitar el ingreso de alimentos importados, desmantelando de a poco las estructuras que a lo largo de los años habían construido “la pecera”. El mensaje fue recibido y los grandes grupos comenzaron a frenar los aumentos. Fue cuando el índice inflacionario general cayó a cuatro por ciento y hasta el 2,4% de noviembre. No obstante, el daño para el cuerpo social e incluso para el mismo cuerpo productivo estaba hecho. A un año del experimento de Milei y Caputo, el consumo masivo sigue en franca caída, bajando mucho más en el interior que en el Gran Buenos Aires. En cifras globale, el consumo masivo en supermercados y autoservicios tuvo en noviembre de 2024 una caída de 11,9% en la comparación interanual, aunque con una diferencia entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el retroceso fue de 5,5%, y el Interior del país, con un descenso de 15,2% en el mismo período. • La eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y su política de definición de precios benefició a las empresas procesadoras de yerba mate (los molinos) en detrimento de los productores. Si bien la judicialización de la medida permitió que el INYM no desaparezca, el gobierno dejó el instituto autoridades generando, con ello, que no haya laudos de precios ni cupo de tierras para pequeños productores. El beneficiario más relevante fue el Establecimiento Las Marías de la familia Navajas. A casi un año de la medida, estamos hoy en el peor momento, desde 2019, del ratio entre el precio al productor y el precio de góndola por kilo: los productores sólo logran captar 5,7% del precio de venta en góndola, lo que torna la producción un negocio no rentable. Aunque no hay estadísticas que precisen la cuantía del fenómeno, son muchos los testimonios de los conocedores y operadores del sector yerbatero que confirman la desaparición de unidades productivas, la transformación de su negocio hacia otros rubros de la producción y el ingreso masivo de yerba de origen paraguayo y brasileño, para compensar los faltantes locales, a pesar de que el consumo de yerba es el más bajo en más de 20 años. • En la desregulación de la producción del papel para diarios, se benefició al diario de mayor tirada del país (Clarín, de las familias Magnetto y Noble). Además, a través del Decreto 302/2024 se derogó aquel que declaraba a las TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos. El nivel de concentración (por ejemplo, en telefonía con tres empresas principales, Claro, Personal y Movistar) significó incrementos sensibles de los precios que en promedio alcanzaron 210,4% desde noviembre de 2023 hasta octubre 2024, es decir, 50,7 p.p. por encima del IPC. En materia de comunicación satelital, se abrió el mercado para que ingrese un actor extranjero, mencionado por el presidente en cadena nacional (Elon Musk dueño de Starlink). • La desregulación de los hidrocarburos hizo modificar la histórica premisa pretendida, el autoabastecimiento energético, por otra muy distinta, la maximización de la ganancia. La decisión fue que, en un país productor de hidrocarburos, los combustibles se paguen a paridad internacional. La nafta pasó de valer en noviembre $280 a $1.100 en diciembre, un incremento de 292,9% • Con la política de cielos abiertos, se permite el ingreso de compañías extranjeras que no garantizarían la conectividad que hasta el día de hoy viene asegurando la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Además, se beneficiaría a Corporación América de Eurnekian si se dolarizan las tasas aeroportuarias corriendo a Aerolíneas del protagonismo; • En materia laboral, algunos artículos parecieran tener nombre y apellido, como el que propone la eliminación de la responsabilidad solidaria para la tercerización laboral, que el dueño de Grupo Techint Paolo Rocca ha impulsado también en el gobierno de Macri. • La derogación de la ley de tierras, que establecía la limitación de la compra de tierras por parte de extranjeros, pareciera estar diseñada por Joe Lewis, quien ocupa Lago Escondido en la Patagonia; • Por último, los bancos y las procesadoras de tarjetas de crédito (Prisma, Fiserv y Mercado Pago, este último en carácter de agregador) se ven beneficiados con la desregulación en las comisiones e intereses de tarjetas de crédito para personas y comercios. • Privatizaciones y debilitamiento del Estado: se habilitó la privatización total de empresas estratégicas como Enarsa, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse), Corredores Viales, y la privatización parcial de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina. A su vez, se otorgaron facultades al Ejecutivo para intervenir, transformar o disolver organismos estatales. Aunque en algunos casos pueda discutirse la conveniencia de abrir algunas empresas estatales al capital privado, para su modernización, consolidación o expansión, una política de privatizaciones a ultranza, tal como la llevada a cabo durante la década menemista entre 1991 y 2001, corre el riesgo de enajenar a precio vil empresas muy valiosas para el país y que han merecido ingentes inversiones estatales durante décadas. Las políticas de desmantelamiento del Estado han trascendido la Ley Bases: el gobierno impulsó otras medidas como la privatización de Aerolíneas Argentinas (fallida hasta ahora), la paralización del reactor Carem, el desfinanciamiento del Incaa y de sectores centrales para el desarrollo nacional, como la educación, la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, se redujo el número de becarios de Conicet, así como se frenó el ingreso de investigadores de carrera. Adicionalmente, hasta hace algunas pocas semanas el gobierno impulsaba la desarticulación del sector atómico y espacial en Argentina, con desguace de las estructuras, incentivos al retiro o pase al sector privado de los principales cuadros técnicos y entrega de la tecnología (como es el caso del Agua Pesada con las empresas canadienses). Esto tiene lugar en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Planta de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén, Dioxitek en Formosa, Nucleoeléctrica Argentina, Arsat e Invap. Hubo que esperar al discurso del presidente Javier Milei del 10 de diciembre de 2024 para escuchar de boca del mandatario la formulación al menos en la voluntad, de una política de Estado de defensa y promoción del desarrollo de la energía nuclear. Son tantas las intervenciones del gobierno de Milei en las regulaciones vigentes en los más disímiles sectores y actividades económicas, que su abordaje excedería un informe periodístico de dos páginas de tabloide. Para resumirlo o graficarlo, a este periodista le bastan algunos datos clave como el uso de capacidad instalada industrial o los datos centrales del mundo del trabajo. Ambos desnudan un costo socio-productivo muy alto de las medidas tomadas por el equipo gobernante en el país. De un uso de capacidad instalada industrial del 65,3% según la medición de octubre de 2023, se pasó sin solución de continuidad a un derrumbe en torno del 50%, lo cual revela una caída real de casi un cuarto en el uso de maquinaria productiva. Luego hubo que esperar hasta agosto de 2024 para que vuelva al nivel de 60% y todavía en octubre de 2024 (último dato disponible) está en 63,2%. Lo cual nos indica dos cosas: a pocos días de cerrar el año 2024, el aparato productivo industrial aún no se recuperó del mazazo. Pero viene demostrando que tiene la capacidad de hacerlo y de hecho, lo viene haciendo. En materia de empleo, el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó una pérdida de 130 mil empleos en blanco. La construcción y la industria fueron los dos sectores más afectados, con derrumbes netos de 65.323 y 27.733 puestos, noviembre de 2024 contra el mismo mes del año anterior. En paralelo, el empleo en casas particulares se derrumbó también: se destruyeron 14.285 empleos. Al mismo tiempo creció el monotributo en más de 123 mil inscriptos, todo lo cual habla de un escenario de precarización del mercado de trabajo. “Luego de la doble crisis de empleo originada por el gobierno de Cambiemos y después por la pandemia, a noviembre de 2023, se recuperaron todos los puestos de trabajo con creces. Al asumir el nuevo Gobierno, el abandono del mundo productivo despertó las alarmas sobre el mercado de trabajo”, subrayó el CEPA.
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