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» Comercio y Justicia
Fecha: 26/12/2024 02:04
El reelegido presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres analiza la demora en la resolución de causas, el incremento de los amparos de salud y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Córdoba En 2025 se espera que la Justicia Federal de Córdoba se sume a la anunciada implementación del sistema acusatorio. En esta entrevista a Comercio y Justicia, el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sanchez Torres, reflexiona sobre las reformas necesarias, la falta de recursos y el impacto que tendrá la transformación en el funcionamiento del sistema judicial. También aborda las problemáticas que generan mayores volúmenes de trabajo y los reclamos por celeridad en la resolución de causas. ¿Cómo se preparan para la puesta en marcha del procedimiento acusatorio en la justicia federal de Córdoba? Bueno, está claro que para que la implementación sea adecuada y no fracase hay que hacer una serie de reformas estructurales. Hay que hacer modificaciones en los espacios físicos: vamos a necesitar más espacios en el edificio, más salas de audiencias, y sistemas de grabación y filmación adecuados, porque no hay que perder de vista que todo el sistema será oral y es indispensable contar con esas herramientas. Por otro lado, habrá que hacer capacitaciones para el personal y para los abogados, que también deberán capacitarse porque el sistema acusatorio de la justicia provincial no tiene nada que ver con el que tendremos nosotros. Los abogados creen que es lo mismo, pero son diferentes. Paralelamente, la Cámara tendrá que emitir una serie de reglamentaciones acordes a los cambios que se implementarán. Ahora bien, encarar un sistema acusatorio con la tercera parte de los jueces es prácticamente imposible. Hoy la justicia federal de Córdoba tiene vacantes en el Tribunal Oral Nº 1, el Tribunal Oral Nº 2, y el Tribunal Oral Nº 3; además, hay dos cargos vacantes en la Cámara Federal y también en los juzgados de Villa María y San Francisco. Instalar un sistema de audiencias orales, que es mucho más ágil, resulta problemático sin los jueces necesarios. ¿Ya saben la fecha en la cual Córdoba comenzará con el nuevo sistema? ¿Se les ha asignado presupuesto para 2025 para avanzar con las reformas estructurales que necesitan? No, aún no hay fecha. En abril está previsto que el sistema acusatorio se implemente en Mar del Plata, así que no creo que esto ocurra aquí antes de la primera mitad del año. En cuanto a los recursos, aún no hemos recibido nada. En las provincias donde se implementó, como Rosario, tuvieron aportes, pero nosotros todavía no. –Haciendo un balance de 2024, ¿qué tipo de causas implicaron un mayor volumen de trabajo en la justicia federal? La Cámara Federal y todos los tribunales del país están desbordados con el tema previsional y las causas contra el impuesto a las ganancias a los jubilados. Eso ha sido como un nuevo corralito. Por otro lado, están los amparos de salud: las obras sociales y las prepagas cada vez pagan menos o no reconocen ciertas prestaciones, y eso motiva un aumento de demandas. Por semana, solo en la Cámara firmamos entre 40 y 50 amparos de salud. -¿Y cómo están trabajando para reducir los tiempos de resolución? -Hemos encarado un proceso de clasificación de causas. Tomamos una causa, la convertimos en un leading case y luego clasificamos todo lo que encuadre en ese caso. De esa manera, podemos ser un poco más ágiles. -Volviendo al tema de las vacantes, ¿cómo se hace para agilizar los concursos y la cobertura de los puestos? -Es un anhelo que los cargos se cubran rápido y los concursos avancen más rápido, pero eso ya no depende de nosotros. Es un tema que pasa por el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo. Yo fui secretario en la causa de la explosión de Río Tercero hace 30 años, cuando era secretario de Cámara del Tribunal Oral, y ahora, como juez, me toca resolver las acciones civiles 28 años después. Es desmoralizante en lo personal ver que una causa demoró ese tiempo: 28 años para darle justicia a la gente que merecía justicia. -¿Cómo está Córdoba en la persecución del delito y la lucha contra el narcotráfico? Córdoba tiene una estructura que da respuesta; no pasa lo mismo que en Rosario, pero necesitamos tener causas más profundas y más importantes. Combatir el narcomenudeo está bien, pero hay que avanzar a escalas superiores. -¿Y cómo se logra, considerando que la ley de desfederalización del narcomenudeo tenía como objetivo que la justicia federal pudiera avanzar en la persecución de los casos más complejos? -Falta mucho. Necesitamos tener una policía judicial que no dependa del servicio administrativo, sino del Poder Judicial, y contar con gabinetes especializados. Ahora estamos conectándonos activamente con las fuerzas vivas para coordinar temas. Tenemos reuniones periódicas con Gendarmería. Es mucho lo que hacemos, pero falta mucho por hacer.
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