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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 23/12/2024 10:27
La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria) presentó un pedido formal de Acceso a la Información Pública ante el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER), buscando detalles sobre un acuerdo por unos 12 millones de dólares suscripto por su presidente junto al Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) para la realización de obras en dicha terminal portuaria que estarían a cargo de la empresa PTP Warrant S.A., perteneciente al holding especializado en logística, operación de terminales y operaciones en zona franca llamado PTP Group. En la presentación de la diputada Osuna dirigida a Martín César Anguiano, titular del IPPER, y que antes de desempeñar su actual cargo se ocupaba, precisamente, de dirigir el EAPI, consta que la carencia absoluta de toda información sobre las condiciones del convenio firmado, el detalle del plan de obras y la existencia de los preceptivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previos, entre otros tópicos. “Nos asiste el derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos. Queremos conocer las condiciones en que se otorgó este convenio, qué compromisos asumió la empresa y cómo impactará en el futuro del puerto y la comunidad de Ibicuy”, expresó la legisladora nacional. Los socios La designación de Anguiano al frente del IPPER no fue azarosa. El Gobernador Rogelio Frigerio (nieto), conoce a Anguiano desde hace muchos años y es un hombre de su extrema confianza. Ambos tienen negocios en común ya que son los socios principales de Desarrollos Inmobiliarios Alto Delta S.A. (DIADSA), en la que también intervienen Day, Uriol & Demarchi, Arquitectos Asociados, FARO y Forestal Río Uruguay. DIADSA tiene a su cargo dos descomunales emprendimientos inmobiliarios en el Departamento Islas: el denominado Barrio Náutico Sagastume, con una superficie de 3.200 hectáreas, que incluye un barrio de quintas con amarra propia de aproximadamente 40 hectáreas, incluida una guardería náutica y el otro es Alto Pecan, de 500 hectáreas en Villa Paranacito, para el que constituyeron la empresa Nogales de Entre Ríos S.A. al solo efecto de participar de la dirección del proyecto. En 2018, el dúo Frigerio-Anguiano ofrecía lotes de cinco hectáreas en Alto Pecan desde U$A 2,90 el metro cuadrado. Cada parcela se componía de tres hectáreas de plantaciones y las restantes dos hectáreas libres. Una segunda opción era una parcela de dos hectáreas(una de plantaciones y la restante libre) a U$A 3,75 el metro cuadrado. En esos tiempos, Frigerio fungía como Ministro del Interior en el gobierno de Mauricio «Ndrangheta» Macri y Anguiano era Diputado provincial por el PRO. Tras la llegada del segundo de los hijos de Octavio Frigerio y Sisi Adam a Paraná, el socio Anguiano desembarcó en el Puerto de Ibicuy. El 9 de agosto último, con la firma de la Vicegobernadora Alicia Aluani y del Ministro de Planeamiento Abel Schneider, se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos el Decreto 1886 a través del cual Anguiano sustituía al frente del Instituto Portuario Provincial a Juan Ruíz Orrico, desplazado tras protagonizar una tragedia vial con un vehículo oficial que conducía alcoholizado y que causó la muerte de cuatro personas. El Grupo Misiano PTP Group se constituyó en 2010 con capitales argentinos. Esta empresa, cuyos accionistas más importantes son los hermanos Guillermo y Daniel Misiano, abarca la zona franca de Villa Constitución, en Santa Fe, y en el departamento Soriano, Uruguay, donde adquirió un predio de 266 hectáreas en Punta Arenal. También está presente más al norte, en Puerto Murtinho, localidad brasileña de Mato Grosso do Sul, ubicada a la vera del río Paraguay, a 1.400 kilómetros de Santos. De esta manera cubre más de 2.232 kilómetros de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay; uno de los principales motores de comercio internacional de la región. Desde principios de 2019 PTP Group cuenta con permiso de operación en el puerto uruguayo de Nueva Palmira, otorgado por la Administración Nacional de Puertos (ANP). Dos años después, en marzo de 2021, los hermanitos Misiano, fueron recibidos en la Torre Ejecutiva de Montevideo -sede del Ejecutivo oriental- por el Presidente Luis Lacalle Pou, a quien le brindaron detalles del denominado Proyecto Terminal Portuaria Arenal, en régimen de puerto franco en Nueva Palmira y que, según ilustraron al mandatario del vecino país, “generará 300 puestos de trabajo en el departamento de Soriano”. El presidente del holding argentino, Guillermo Misiano, le manifestó a Lacalle Pou que el proyecto “potencia el rol de Uruguay como punto Pivot en la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, y facilita a los países mediterráneos del hinterland el acceso a los mercados internacionales de forma sustentable”. Se desconoce si el Presidente uruguayo tiene cabal idea del significado del término “hinterland”, pero qué duda cabe que Misiano debe haber impresionado por su dominio del inglés. A la excursión montevideana acompañaron a los dos Misiano, el Director de PTP Group, Miguel Ángel Álvarez y Gerardo Bongiovani, presidente de la Fundación Libertad, fundada en Rosario y también miembro connotado del Consejo Académico Internacional del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, ambos think tank que promueven en ambos países las “ideas de la libertad”. La empresa PTP Warrant S.A de Guillermo Misiano, ubicada en el partido de Ramallo y con habilitación de “servicios logísticos” desde 2013, contrató a Agri Liquid Solutions (ALS), una firma complementaria del mismo Grupo PTP que se dedica a la fabricación de fertilizantes líquidos fosforados. ALS no está habilitada por la Municipalidad y el espacio que ocupa no está reconocido como zona industrial. Una denuncia de la Asociación Unidos por Vida y el Medio Ambiente (UPVA) y el Foro Medio Ambiental (FOMEA) llevó al Fiscal Matías Di Lello a dar intervención al Departamento de Delitos Ambientales de Policía Federal, que tomó muestras líquidas y sólidas para analizar al costado del predio donde corre un cauce de agua que desemboca en el río Paraná. Las muestras están fuera de los parámetros establecidos en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. El Juzgado Federal 2 de San Nicolás dispuso allanamientos en las empresas de los Misiano. La denuncia de UPVA Ramallo y FOMEA San Nicolás expresa que PTP Warrant “simula actos jurídicos, como la supuesta celebración de contratos de locación con terceros, para intentar deslindar responsabilidades, aunque en definitiva toda esa actividad ilegal que infringe la ley 24.051 se despliega dentro de su predio, con total conocimiento de situación y bajo la dirección encubierta de sus directivos”. En otra causa que tramita en el Juzgado Contencioso de San Nicolás, en la que se investiga la responsabilidad empresarial que le costó la vida al operario Martín Santillán y donde la sustancia manipulada quedó esparcida en el suelo. Ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible bonaerense (OPDS), el empresario expresó que “nuestra actividad no dista mucho de lo que sería una cochera o playa de estacionamiento… Por este motivo es que no poseemos materias primas como insumo, ya que no se realiza ningún tipo de proceso industrial”. Pero Misiano alquiló su predio a una empresa de su propio grupo para que explote una actividad que -de habilitarse- debería estar en el parque industrial para que su impacto en el medio ambiente sea menor. El contrato entre PTP y ALS establece que “la locataria destinará el inmueble exclusivamente para la fabricación de fertilizantes líquidos, sus subproductos y todo tipo de sales de solución acuosa para la industria». Como fiador solidario a favor de ALS figura Daniel Misiano, que en una nota de La Nación de mayo de 2020 apareció como titular de ALS ofertando sus productos y aceptando una cesión de crédito de las deudas que Vicentin tiene con productores, acopiadores y cooperativas. El Colorado En 2017 la entonces diputada civica, Elisa María Avelina Carrió, denunció a Guillermo Misiano y al Contador de PTP Warrant S.A., José Lucas Gaincerain, como posibles autores de delitos de Defraudación contra la Administración Pública, evasión, contrabando, enriquecimiento ilícito y Lavado de Activos. El Juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania investigó a Gaincerain por el supuesto delito de supuesto lavado de activos ,a través de una empresa offshore llamada Katsu Trading S.A. creada en Panamá en 2013 y de la que figuraba como presidente, circunstancia que omitió consignar en la DD.JJ. ante la Oficina Anticorrupción. De hecho, Gaincerain no presentaba sus declaraciones juradas de bienes, como prescribe la Ley para todos los funcionarios. Para más INRI, una de las sociedades que apareció relacionada con PTP Group, de la que Gaincerain es contador, es la paraguaya Gregser S.A., país en el que no se le conoce trayectoria y sólo se sabe que opera como proveedora de logística a PTP Warrant SA. La investigación reveló que vinculación de ambas empresas fue producto de la integración de la firma Gregser, propiedad de Gregorio Servín, un peluquero y de su hijo, Santiago Servín Giménez, un ex funcionario de la Cancillería con Hugo René Gorgone y Guillermo Misiano en representación de PTP Group. Así surgió PTP Paraguay que, en noviembre del 2014, firmó el contrato de concesión de la Terminal de Puerto Villeta, en el tercer muelle del Puerto de Paraguay, que es el sector donde más recauda la Aduana paraguaya, luego de las terminales de Caacupemí y Terport. “La concesión fue aprobada y según fuentes oficiales el canon que debía pagar PTP Group era de U$S 5000 al año, un verdadero despropósito para un terminal tan importante”, según revelaron funcionarios portuarios de paraguayos. En 2020, en un operativo que estuvo acompañado por agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad Sensible de Inteligencia y el departamento Antinarcóticos se descubrieron en Puerto Villeta 2900 kilos de cocaína a punto de ser embarcados con destino al puerto belga de Amberes. En 2023, en Puerto Villeta se llevó a cabo la segunda mayor carga decomisada de cocaína, valuada en 140 millones de dólares que iba a salir hacia Europa vía Montevideo. Allan de Abreu, periodista de investigación de la revista brasileña Piauí, señaló que “la sombra del narcotraficante italiano Rocco Morabito, fugado de la ex Cárcel Central de Montevideo y luego detenido en las playas de Brasil, aparece en los bombardeos de droga detectados durante los años 2021 y 2022 en Entre Ríos y Santa Fe. La vía fluvial es ampliamente utilizada para transportar cocaína boliviana y peruana a Uruguay, y de allí a Europa. Grandes narcotraficantes brasileños, como Luiz Carlos da Rocha, Cabeça Branca, utilizaban con frecuencia esta ruta, además de otros, como el paraguayo Fernando Ricardo Arguello Invernizzi, radicado en San Pablo. Dada la fuerte presencia del PCC en Paraguay, la hidrovía empezó a ser utilizada como una ruta clave”. Abreu menciona específicamente a la empresa PTP Group, de capitales argentinos, que gestiona varios puertos en la hidrovía analizada y que, además, opera en Nueva Palmira y Montevideo. Los escasos controles que hay tanto en Paraguay como en Argentina y Uruguay, han dejado como resultado grandes decomisos de varias toneladas de cocaína en puertos europeos, cuando además se estima que solo incauta el 10 por ciento de lo que toca tierra. Gaincerain es conocido en el mundo de los negocios portuarios y también en la Casa Rosada como “El Colorado”. Según el decreto 269 del 26 de junio de 2003, Gaincerain fue designado como Subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior, a la sazón a cargo de Aníbal Domingo Fernández. En 2009, se desempeñó en el Ministerio de Justicia, en 2014 pasó al Senado y de allí pasó por la Secretaria General de la Presidencia. Más tarde, y hasta el 4 de diciembre de 2023, ocupó la titularidad de la Jefatura de Asesores del Ministerio de Seguridad. Ese día, el todavía Presidente Alberto Fernández, le dio las gracias por “los valiosos servicios prestados” a traves del decreto 676-2023. El Colorado, tras ser mano derecha de Anibal Fernández retornó, este año, como quedo mencionado a la contaduría de PTP Warrant S.A. La celulosa paraguaya a través del Ibicuy Hacia 2022, la compañía Paracel, que construye una planta de producción de celulosa en la región paraguaya de Concepción, estaba definiendo cual sería el puerto que iba utilizar para sacar su exportación y el puerto de Nueva Palmira era una alternativa. Así lo informaba en aquel momento el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) uruguaya, Juan Curbelo. quien además afirmó que era muy probable” que la empresa resolviese utilizar los muelles públicos del puerto de Nueva Palmira, con lo que toda la producción saldría por Uruguay. Durante 2023 trascendió que los hermanos Misiano a través de PTP Group proyectaban la construcción de un nuevo complejo portuario multipropósito sobre esa zona del río Uruguay para operar tanto con barcazas como con buques oceánicos, y con foco en la futura producción de Paracel. Con una inversión de US$ 42 millones la terminal de 42 pies de profundidad tendría una capacidad de almacenamiento y operaciones de cinco millones de toneladas de carga, entre lo que se encuentran instalaciones para almacenaje de celulosa de 60.000 m², y una terminal de graneles líquidos de 100.000 m³. Finalmente, en marzo de este año, PTP anunció en Uruguay que llevará a cabo la construcción de un puerto y zona franca en Punta Arenal, ubicado en el departamento de Soriano. La inversión total asciende a U$A 80 millones, de los cuales U$A 40 millones estarán destinados a infraestructura portuaria y el resto a las instalaciones de almacenaje. Según un documento fechado en marzo de este año, el proyecto de PTP Group se desarrollará sobre un predio de 266 hectáreas ubicadas a 15 kilómetros de Nueva Palmira y a ocho kilómetros de la playa La Agraciada y que fueron adquiridas por la empresa en 2021. Allí, se establecerá la terminal logístico-portuaria a orillas de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con un total de 280.000 metros cúbicos al desarrollo de infraestructura logística. La terminal portuaria contará con un muelle de 600 metros lineales, apto para el atraque de buques tipo Panamax, que tienen dimensiones máximas de 294 metros de eslora (largo), 32.3 metros de manga (ancho) y 12 metros de calado. Además, el muelle permitirá el amarre de barcazas tipo Misisipi, que miden 60 metros de eslora y 11 de manga, con una capacidad de carga de 1.500 toneladas cada una. La construcción abarca diversas terminales: -Terminal de graneles líquidos: 60.000 metros cúbicos -Terminal de Gas Licuado de Petróleo: 46.000 metros cuadrados –Terminal de celulosa: 30.000 metros cuadrados -Terminal de granos: 30.000 metros cuadrados -Terminal de fertilizantes: 25.000 metros cuadrados -Terminal de contenedores: 15.000 metros cuadrados -Espacio de maniobras y playa: 25.000 metros cuadrados Según el documento de PTP, se prevé que “los flujos de carga a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay superarán los 5 millones de toneladas por año. Esto incluye 2 millones de toneladas de pasta de celulosa, 1.5 millones de toneladas de granos (maíz y derivados), 1 millón de toneladas de fertilizante a granel sólido y 500,000 metros cúbicos de fertilizante a granel líquido”. Esta más que claro que la verdadera intención de PTP Group en el Puerto de Ibicuy es utilizarlo como escala intermedia de las barcazas cargadas con pasta de celulosa paraguaya de la pastera Paracel que llegarán por la Vía Navegable Troncal. Una vez en Ibicuy, esas barcazas cruzarán el río Uruguay rumbo a la erminal porturaria de PTP en Nueva Palmira. Es evidente que el Puerto de Ibicuy servirá pura, única y exclusivamente para un negocio que PTP hará con paraguayos y uruguayos, mientras mantendrá al margen al resto del puerto entrerriano. Frigerio y Anguiano lo que han consumado es una privatización encubierta en la provincia, y seguramente demorarán todos los informes imprescindibles para aventar sospechas de negociados y conocer el rumbo de una actividad central de la economía regional, pero que como se ha mencionado, es un sector que fue, es y muy probablemente, continuará siendo un núcleo donde reina la corrupción y la impunidad. Diario Junio
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