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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 22/12/2024 19:30
“La idea de los letrados que llevan adelante la causa en Buenos Aires es que la investigación vaya a San Isidro”, sostuvo Oscar Bacigaluppe, abogado de Daniel “Gonzalito” González. La defensa de Daniel “Gonzalito” González, socio de Edgardo Kueider, pretende que la causa quede en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La novedad se conoce a la par de la resolución de la Justicia, que rechazó el pedido que realizó el ex senador para ser reincorporado. Hay dos investigaciones abiertas que van tras la ruta de los USD 200 mil que se le secuestraron a Edgardo Kueider en Paraguay: una está en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado; en tanto, la otra se tramita en Concordia, Entre Ríos, y la lleva adelante el fiscal José Arias con Edwin Bastián como juez de Garantías. La jueza Arroyo Salgado envió un pedido para que Arias deje de investigar. De esta manera, se quedaría con toda la causa. El Juzgado de Concordia aún no se expidió, pero los abogados porteños de la defensa de Daniel “Gonzalito” González ven con buenos ojos que el caso se concentre en San Isidro. Así lo expresó en declaraciones a Infobae el defensor del socio de Kueider en la empresa Betail SA. “La idea general de los letrados que están llevando adelante la causa en Buenos Aires, en la cual yo no intervengo, es que la investigación vaya a San Isidro”, adelantó Oscar Bacigaluppe. Pero este movimiento no está cerrado. El Juzgado de Concordia debe expedirse. Y el abogado entendió que hay razones por la cuales Arias y Bastián querrían quedarse con la causa. “Arroyo Salgado está indagando a partir de que Kueider es senador. Y aquí (en Concordia) lo están haciendo desde que fue concejal, nos estamos remontando al año 1999. Acá es mucho más larga la etapa de investigación. En San Isidro se limita a lo que aparece a partir de la denuncia de Securitas”, resaltó. “Creo que terminará en la Corte. (El Tribunal de) Concordia no admitirá desprenderse de la causa”, agregó Bacigaluppe. Cómo se resuelva esta cuestión es fundamental para la estrategia de defensa. Y para la conformación del grupo de letrados que asesoran a “Gonzalito”. “Pospusimos toda conversación y táctica procesal hasta el momento en que se decida quién seguirá investigando porque es inminente que el Juzgado de Concordia acepte o rechace el pedido de inhibitoria”, mencionó Bacigaluppe. “En el caso de que quede radicado en Concordia, por lo que estuve hablando con él (por González) sería yo el que me encargue, más allá de que manejemos cosas en conjunto (con la otra parte de la defensa). Si se va a San Isidro, quedo desvinculado”, agregó. González es empleado de la Biblioteca de la Legislatura. Y estaba adscripto en el despacho de Kueider. Ambos son de Concordia. Y socios al 50% en la firma Betail SA, propietaria de departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná. La Justicia buscó a “Gonzalito” en todos sus domicilios y no lo encontró. El jueves se presentó para “estar a derecho” en el expediente que sigue Arias. Enriquecimiento ilícito Bacigaluppe destacó que su defendido está como “sospechado” en la causa de Entre Ríos, donde se investiga el enriquecimiento ilícito de Kueider. “No hay imputación concreta contra él –precisó–, no se le ha recibido declaración indagatoria. Al que se está investigando es a Kueider. Y han surgido algunos elementos donde, como toda la prensa sabe, González aparecería de alguna manera vinculado (al ex senador) en algunas cosas que yo no sé si son reales o no. No he tenido todavía acceso completo a la investigación de Concordia. Pienso que lo haré el lunes”, indicó. “Como está planteado en la prensa, (González) puede tener vinculación directa con Kueider pero no lo puedo afirmar. No he visto papeles, informes, nada. Sólo hablo por lo que salió en los medios. Si González hubiera colaborado, si de alguna manera hubiera sido testaferro o similar, lo que no me consta ni está reconocido, sería un partícipe necesario de la actividad de Kueider. Ahora, por lo que estoy viendo no tiene nada relacionado con el patrimonio del ex senador, así que hasta el momento no veo vinculación”, apuntó. Bacigaluppe relató que el jueves, cuando González se presentó en los Tribunales de Concordia, el Fiscal le pidió que entregue el celular. “No lo tenía encima. Y le ordenaron una requisa en el auto que estaba en una cochera a unos 30 ó 40 metros. Ahí lo entregó voluntariamente. No hubo necesidad de revisar el vehículo ni nada. El oficial que intervino llamó por al número que buscaban y el aparato sonó”, consignó. “Que toda la prensa estuviera presente en sus entradas y salidas (del Juzgado) lo ponía incómodo. Pero se puso realmente nervioso cuando lo interceptan en la cochera. Pensaba que lo iban a detener. Me llamó. Yo hablé con el Fiscal y Arias me dijo que no (sería aprehendido), que era solamente por el teléfono. Y ahí volvió a la normalidad”, precisó. No ocurrió lo mismo con el teléfono de Crucitta. “Ya había sido secuestrado en Buenos Aires”, indicó Bacigaluppe. A la abogada, la jueza Arroyo Salgado le allanó su estudio, ubicado a unas cuadras del Congreso de la Nación, la semana pasada. El abogado porteño Juan Grinberg es otro de los defensores de “Gonzalito”. Cuando su defendido se presentó ante el Fiscal entrerriano, quiso interponer un escrito. “No será tenido en cuenta (en la causa) porque el patrocinio de un profesional del derecho que no tiene matrícula en Entre Ríos no tiene valor”, evaluó Bacigaluppe. Búsqueda y competencia Daniel González, el empleado de la Biblioteca del Congreso que compró la camioneta con la cual el ex senador y su secretaria viajaron a Paraguay, se presentó el último jueves en la Fiscalía de Concordia, a cargo de José Arias, quien le secuestró el teléfono. También se presentó la abogada Adriana Crucitta, socia de González en varias empresas. “Se pusieron a derecho y designaron a un defensor oficial”, porque aunque llegaron acompañados de tres abogados, ninguno tenía matrícula para ejercer en la provincia. “Gonzalito” venía siendo buscado desde hacía varios días tanto por el fiscal Arias como por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Por pedido del fiscal de Concordia, la Policía Federal los buscó en domicilios en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en Entre Ríos. Las dos investigaciones sobre el patrimonio de Kueider tienen demasiados puntos de contacto. De hecho, ya se planteó un conflicto de competencia que seguramente terminará en la Corte Suprema. Tal como anticipó este medio, la jueza Arroyo Salgado le pidió en las últimas horas al juez de Concordia, Edwin Bastián, que le mande la causa a cargo de Arias. El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad, Eliseo Blanco, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador Kueider, actualmente detenido en Asunción. tenía tres departamentos en el edificio Live de Paraná, a través de la sociedad Betail SA. El fiscal de Concordia ya dio muestras que no quiere desprenderse de la investigación. De hecho, la semana pasada allanó el estudio jurídico de Crucitta, buscando a González, y le secuestró el teléfono a esa abogada, que ahora se va a peritar. El socio de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4×4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su acompañante, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos 40.000 dólares, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió a Kueider y a la joven secretaria para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, González casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de 175.000 pesos. Acorralado por la Justicia, González finalmente decidió aparecer. Los presuntos delitos de Kueider Este viernes, Arroyo Salgado dispuso allanar el despacho del ex senador, ubicado en el tercer piso del Palacio Legislativo y otras dos oficinas de asesores y personal administrativo en el Anexo del Senado. Lo ordenó en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por “presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero”. El operativo comenzó alrededor de las 18:00Hs. bajo extremo hermetismo, ya que el expediente está bajo secreto de sumario. El objetivo era evitar que trascendiera y hubiera un “show mediático”, según señalaron los investigadores. Fueron recibidos en la planta baja de la Cámara alta, y se hizo presente un asesor de Kueider para habilitar el ingreso al despacho con su huella dactilar al despacho del tercer piso. En el allanamiento, los efectivos de Gendarmería comenzaron a revisar biblioratos, cajones del escritorio, y a desenchufar computadores para retirarlas. El objetivo del ingreso y registro de los despachos era llevarse documentación, pendrives, posibles llaves de una caja fuerte o las que se usan en criptominería, como la que tenía en su poder cuando fue detenido al intentar ingresar a Paraguay con 211.000 dólares sin declarar. El procedimiento en su oficina del Senado se concretó horas después que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico rechazara el amparo que presentó Kueider para ser repuesto en su cargo. Lavié Pico rechazó “in limine” el planteo de la defensa de Kueider. “Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el magistrado, en lo que constituyó un nuevo revés para el otrora número dos del Gobierno de Entre Ríos.
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