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  • Las familias de los militares fallecidos solicitarán las penas máximas para los procesados

    » Diario Cordoba

    Fecha: 21/12/2024 09:17

    Los abogados que representan a las familias del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, fallecidos hace un año en la base de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán El Bueno, solicitarán la imposición de las penas máximas para los seis mandos que han sido procesados por sus muertes si finalmente son hallados culpables por la justicia militar. Así lo ha anunciado Antonio Granados, que representa a la viuda de Miguel Ángel Jiménez (vecino de Villafranca de Córdoba), quien adelanta, además, que reclamarán una indemnización al Estado como responsable civil subsidiario. También comparten esta postura Francisco José Pérez, el abogado de los padres del cabo fallecido, y Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León (natural de El Viso, en Sevilla). Procesados y presuntos delitos El auto de procesamiento del Juzgado Togado Militar 2, con sede en Madrid, declaró encartados, por cuatro presuntos delitos contra los deberes del servicio (dos consumados y otros dos en grado de tentativa), al capitán responsable del ejercicio donde se produjeron los ahogamientos y otros dos militares sufrieron lesiones; a un teniente y un sargento que, según este documento, tomaron decisiones que tuvieron una incidencia importante en los luctuosos resultados; a un teniente coronel que facilitó la práctica planteada por el capitán sin ejercer su función de supervisión y control, y también a un comandante que sucedió en la jefatura de plana al anterior y que no supervisó el programa básico de instrucción. Los delitos que, presuntamente, podrían haber cometido tienen penas similares al homicido, con hasta 15 años de cárcel. Por otra parte, el coronel jefe del regimiento La Reina 2 (al que estaban destinadas las víctimas) cuando se desarrolló la actividad ha sido procesado por un supuesto incumplimiento de los deberes inherentes al mando como responsable último de la formación que recibían. En este caso, el Código Penal Militar establece hasta seis años de prisión para el presunto autor de los hechos. Suscríbete para seguir leyendo

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