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» Diario Cordoba
Fecha: 21/12/2024 08:00
La investigación de la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, de la Brigada Guzmán El Bueno X, ocurrida hace un año durante una formación básica en Cerro Muriano ha dado lugar, como conclusión principal, al procesamiento de cinco mandos militares por presuntos delitos contra los deberes del servicio, con penas de prisión similares a las del homicidio, y de un sexto mando, el coronel jefe del regimiento La Reina 2, como supuesto autor de un incumplimiento de los deberes inherentes a su responsabilidad. De esta forma, una tragedia que inicialmente fue calificada como un «accidente» por el Ministerio de Defensa ha dado lugar a un procedimiento judicial sin precedentes, que trasciende el ámbito militar y que ha llegado a la opinión pública, sacudida por el impacto que tuvieron los ahogamientos y las lesiones ocasionadas a otros dos militares durante el desarrollo de un ejercicio de paso de cursos de agua en la sede de la BRI X. En las últimas semanas, el juzgado Togado Militar Central 2, con sede en Madrid, ha desestimado la petición realizada por el fiscal y por acusaciones particulares de prorrogar la instrucción de la causa, entendiendo que, además, no se han propuesto pruebas nuevas. La investigación de los hechos finalizaría, por tanto, en el periodo ordinario de un año. En estos momentos, las partes se encuentran a la espera de conocer la respuesta del Tribunal Militar Central a los recursos presentados por las defensas de los procesados (según ha podido conocer este periódico, algunos tienen más de 250 páginas), que han solicitado el archivo de la causa. Fuentes cercanas al procedimiento explican que, una vez que se dicte ese auto, se decretaría la conclusión del sumario, con la que el juez da por finalizada la instrucción o investigación de los hechos. A partir de esta resolución, se inicia una fase intermedia donde el fiscal y el resto de las partes presentan sus escritos de acusación o defensa como paso previo a la celebración del juicio. Respecto a este último, las fuentes consultadas auguran que podría tener lugar antes del verano. Este será, previsiblemente, el resultado de un procedimiento iniciado hace un año en el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. En enero, se inhibió en favor del juzgado Togado Militar Territorial 21 de Sevilla y este último, al considerar que podrían existir responsabilidades penales por parte de militares aforados, trasladó la causa el pasado abril al juzgado Togado Militar Central 2. El auto de procesamiento dictado por este órgano en julio afirma, acerca del ejercicio donde murieron Miguel Ángel Jiménez y Carlos León, que «la inexistencia absoluta de medidas de seguridad, la improvisación y el desorden producido no causaron consecuencias más graves por la conducta mitigadora de terceros, que acudieron al salvamento de los necesitados de auxilio». Suscríbete para seguir leyendo
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