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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 21/12/2024 02:24
La última sesión en el Concejo Deliberante fue, quizás, una de las más agitadas de este año. Fueron dos ordenanzas que, por diferentes motivos, fueron puestas en debate y votación para su derogación: la prohibición total del glifosato en el ejido urbano y la obligatoriedad de la realización en tiempo y forma de la Fiesta del Pescado y el Vino. Sobre todo por la primera moción mencionada es que una gran cantidad de vecinos y miembros de ONGs ambientalistas se hicieron presentes en el recinto, los cuales en muchos momentos del debate hicieron explícitas sus señales de apoyo o repudio a los diferentes discursos, los cuales intentaron argumentar tanto a favor o en contra sobre el uso, la venta, el acopio y el transporte del agroquímico dentro de los límites de la ciudad. Por momento, el ambiente llegó a estar tan agitado y convulsionado que la presidenta del Concejo Deliberante Julieta Carrazza se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para que la situación se vuelva a calmar y así poder retomar el debate. Chau al “Glifosato Cero” Hace seis años atrás, durante la gestión del por entonces intendente Martín Piaggio, el Concejo Deliberante prohibió mediante el artículo 1º de la ordenanza 12.216 “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan en todo el ejido de la localidad de Gualeguaychú”. La norma, una de las banderas del piaggismo, estuvo en vigencia sin ninguna objeción práctica hasta el 30 de septiembre de este año, cuando la Cámara Contencioso Administrativa N° 2 con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay hizo lugar parcialmente al pedido de distintas entidades gremiales rurales y productores agropecuarios respecto de la declaración de Inconstitucionalidad de la Ordenanza 12216/18. La presentación judicial había sido realizada por la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, la Sociedad Rural Argentina, además de varias firmas y productores agropecuarios. De esta manera, la ordenanza conocida como “Glifosato Cero” quedó en un gris judicial, y dos posturas fueron puestas en debate durante la última sesión: la que expuso el oficialismo sobre la necesidad de obedecer la orden judicial que dictó inconstitucional la ordenanza y la de la priorización de la salud pública que puso de manifiesto la oposición. “Lamento el clima en que se está tratando este proyecto de ordenanza porque nada se resuelve los gritos”, afirmó el presidente del bloque del oficialismo Jorge Roko en referencia al clima denso que se vivía en el recinto antes de argumentar su voto para la derogación de la norma. “Hay un fallo judicial que ha tenido en cuenta pormenorizadamente todas las consideraciones para fallar sobre este punto específico. Estamos cumpliendo con la Justicia. Además acaba de promulgarse una ley provincial de cumplimiento obligatorio, una ley de fitosanitario que hace 44 años que no se modificaba y que tuvo participación de los representantes de todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos y de todos los partidos políticos”, sostuvo en referencia a la normativa que se trató en la Legislatura entrerriana y que contó con varios votos del PJ, como el del exintendente Juan José Bahillo. Otro que defendió la derogación fue el edil Juan Pablo Castillo, quien apuntó que la reciente Ley Provincial de Fitosanitarios brinda las herramientas para controlar el uso del agroquímico: “Esta norma no obliga a ponernos a controlar y que se aplique bien lo dispuesto por la Legislatura entrerriana. Creo que cuanto más se controla es mucho mejor porque cuando el Estado mira para otro lado se genera una ilegalidad. Lo que queremos es un poco de control. Orden y gestión”, manifestó. Por su parte, la concejal del PJ María Sira Ghisi fue una de las que se pronunció en contra de la derogación y argumentó que esta acción atenta contra la salud pública: “Estamos discutiendo sobre cómo acompañar a una comunidad en políticas públicas de salud, y sobre todo que acompañen a las familias que luchan contra el cáncer. Acá en el recinto nos acompaña, entre otros, la familia de Antonella González (la niña de 9 años que en 2017 murió de leucemia), que con todo su dolor se puso al frente de esta lucha”, comenzó su alocución. “No puedo más que repudiar esta derogación porque es un retroceso en Gualeguaychú. Repudio cualquier argumento que no ponga a la salud por arriba de los negocios. Vienen a borrar con el codo lo que el pueblo de Gualeguaychú escribió con la mano. No al cáncer, sí a la vida”, concluyó. En declaraciones a Ahora ElDía, fue la edil de la oposición de Delfina Herlax la que apuntó contra la gestión Davico por no avanzar en la Justicia para mantener la norma vigente: “Hay que dejar bien en claro que el Gobierno Municipal a cargo de Mauricio Davico no apeló el rechazo que hizo la Justicia en la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo 1º de la ordenanza de ‘Glifosato Cero’. No apeló, se rindió, no tuvo compromiso con la ciudadanía de Gualeguaychú de seguir en la lucha. Todo sabe que el glifosato no es inocuo, hace mal a la salud y él se rindió en el primer fallo. El no apelar denota cuál es su postura en relación a este tema con la salud”. Finalmente, la derogación fue aprobada con ocho votos a favor (siete del oficialismo y el de Marcelo Rodríguez de La Libertad Avanza) y cuatro en contra: tres del PJ (el edil Jorge Maradey estuvo ausente) y el de Mirta Sulzyk de La Libertad Avanza. Las fiestas ya no son obligatorias Minutos más tarde, y en un ambiente no tan convulsionado, fue el turno de tratar la otra derogación, la que hacía obligatoria la presentación de la Fiesta del Pescado y el Vino durante la primera semana de enero y la rendición de cuentas ante el Concejo Deliberante. En este caso, las posturas divergentes se posicionaron también en dos polos bien marcados: el oficialismo sostuvo en todo momento la necesidad de priorizar cuestiones más urgentes para la ciudad, como las inversiones en obras públicas; y la de la oposición, que levantó las banderas de la importancia de apostar por la cultura y los beneficios a la industria turística que tiene este evento. “Hemos calculado que la Fiesta del Pescado y el Vino costaría unos 1.400 millones de pesos, y yo me pregunto si es mejor hacer una fiesta gratuita y con fecha obligatoria, como dice la ordenanza, que solucionar, por ejemplo, el acceso al agua potable a los vecinos del sur de la ciudad. A comienzo del año una vecina del barrio Molinari nos mandó un video donde salía arena de la canilla del agua, y nos mandó la semana pasada el mismo video saliendo agua potable”, ejemplificó el concejal oficialista Castillo, quien sostuvo que con los fondos que no se gastaron para la fiesta se pudieron realizar mejoras en la infraestructura urbana. Por otra parte, Castillo sostuvo en su discurso que el hecho de que sea obligatoria la realización del evento encorseta no sólo a esta sino a todas las demás administraciones que vengan en el futuro: “Es un compromiso enorme para cualquier administración pública tener una fecha establecida y que toda la fiesta continúe siendo libre y gratuita, me parece a mí que es más importante brindar agua potable”. Del otro lado del mostrador, la opositora María Sira Gishi retrucó al argumentar que la cultura y la obra pública no son cuestiones excluyentes: “La Fiesta del Pescado y el Vino es un evento que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad y su realización ha generado un importante movimiento económico y social en la región. Sin embargo, la gestión de Davico prioriza la austeridad y el recorte, pero yo quiero recordarle que la cultura no es un gasto, sino que es una inversión” y apuntó contra la postura del Ejecutivo a la hora de realizar eventos: “Este Gobierno prioriza poner millones de pesos en el evento Iron Man, que es una fiesta privada, pero les parece irrisorio dejar dinero en una fiesta que es una inversión para el pueblo, porque el pueblo merece vivir la cultura”. Finalmente, tras el debate se dio lugar a la votación, la cual resultó con nueve votos a favor de la derogación (los siete de Juntos por Entre Ríos y los dos de La Libertad Avanza) y tres en contra (los del bloque Más Para Entre Ríos).
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