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Federal » El Federaense
Fecha: 04/12/2024 15:17
El viernes pasado, las asociaciones que representan a los funcionarios públicos dieron inicio a las negociaciones con el Gobierno en busca de un ajuste salarial para el sector. Este encuentro tuvo lugar poco después de que se llevara a cabo un paro convocado por la CUT y la ANEF, el cual se generó a raíz del reciente dictamen de la Contraloría sobre la continuidad laboral de quienes están contratados en el Estado. La movilización refleja la tensión que anticipa el proceso de definición del reajuste para el año 2025, ya que las negociaciones comienzan con la presión de discutir no solo el aumento de las remuneraciones, sino también la situación de los trabajadores con contratos temporales y el impacto que tendría la implementación de la ley de 40 horas en el ámbito público. Desafíos económicos en el horizonte La situación financiera actual impone un contexto de desafíos inflacionarios sumados a las restricciones presupuestarias. La necesidad de acuerdos responsables es crucial, especialmente teniendo en cuenta que el aumento del gasto público fue reducido del 2,7% inicialmente propuesto a un 2% tras su aprobación en el Congreso. El ausentismo laboral como factor clave Un elemento que complica aún más la situación es el alta tasa de ausentismo laboral entre los trabajadores estatales, que en 2023 superó ampliamente al sector privado. Según datos proporcionados por la Dipres y la Suseso, los funcionarios públicos se ausentaron un promedio de más de 31 días el año pasado, lo que plantea interrogantes sobre la productividad y necesidad de estas negociaciones. Entidad Número de trabajadores INE 1,2 millones Dipres 844 mil Las discrepancias en los datos sobre la cantidad de empleados del sector público complican aún más el escenario. Mientras que el INE estima alrededor de 1,2 millones de trabajadores, la Dipres maneja cifras mucho menores, lo que pone en tela de juicio la base sobre la cual se calculará el reajuste. El ministro de Hacienda ha puesto de relieve que el enfoque de esta negociación no debe centrarse únicamente en los montos disponibles, sino también en cómo los acuerdos pueden contribuir a mejorar los servicios públicos para la ciudadanía, destacando la necesidad de un balance entre las demandas de los trabajadores y las limitaciones del Gobierno.
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