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Parana » Ahora
Fecha: 29/11/2024 20:34
El 2024 ya comenzó a despedirse. El domingo arranca el último mes del año. Los tiempos para avanzar con decisiones trascendentes en las causas denominadas “complejas” por la cantidad de prueba y material a analizar provocarán que muchos de esos legajos tengas su etapa resolutiva en el 2025. Uno de esos expedientes a resolverse en febrero será el denominado caso Coimas, que tiene como principales imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero. Tras la audiencia celebrada este jueves, el juez de Garantías, Julián Vergara, deberá espera que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) determine una fecha para la audiencia de admisión de evidencia. Es ahí donde se realizan los acuerdos probatorios para un futuro juicio. En esa audiencia, Vergara, va a escuchar a las partes y va analizar que se admite para ser debatido. Si hay disidencia el juez decide. Recién cuando suceda esto, Vergara se va a expresar sobre los planteos realizados por los abogados defensores, supo AHORA. Otra jornada de exposiciones En la segunda jornada de contestación de las réplicas que realizó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a los argumentos de las defensas de los imputados en la causa conocida como Relevamientos Catastrales, Coimas o Dádivas, estas volvieron a mencionar el nombre de Diego Valiero, el exministro de Economía de las gestiones del ex gobernador, Urribarri. La causa, que investiga al ex gobernador; al accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, Diego Armando Cardona Herreros, y a los ex funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y a Guillermo Smaldone, ministro de Trabajo, cerró este jueves la etapa de remisión de la causa a juicio. El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, responderá a los planteos de nulidad, de exclusión probatoria y de sobreseimientos que formularon las defensas, después de que se realice la audiencia de admisión de evidencias, informó APFdigital. El juez irá resolviendo durante esta audiencia a fijar los planteos de exclusión probatoria y en función de la evidencia que se admita, resolverá si remite a juicio o hace lugar a los planteos de los defensores. Este jueves fue el turno de realizar las dúplicas las defensas de Ulrich, a cargo de Gaspar Reca y Sebastián Ludi; de Haidar, a cargo de Candelario Pérez y Juan Méndez; y la de Urribarri, a cargo de Miguel Cullen. El miércoles 27 lo hicieron las de Cardona Herreros, Flores y Erbes. El 9 de octubre de 2020 las defensas fueron informadas de nuevos hechos imputados. En esa circunstancia fue que advirtieron lo que fueron consideradas como “diferencias sustanciales” respecto de la notificación formal de las imputaciones, que data del 18 de junio de 2019: el ex ministro de Economía, Diego Valiero, fue excluido de los reformulados hechos a pesar de que era el titular de la cartera en la que se inició la licitación para la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública, causa que tiene a varios ex funcionarios del Ministerio imputados y a un ministro de una cartera que no tuvo participación en el proceso licitatorio ni de posterior adjudicación de la licitación. Valiero sigue apareciendo Este jueves, las defensas volvieron a señalar que el que daba las órdenes en el Ministerio de Economía era Valiero, incluso la defensa de Haidar recordó un mail que está entre los cientos de miles del voluminoso texto de remisión a juicio, que consta de 564 fojas, en el que Valiero le ordena a Haidar iniciar el expediente para la licitación. Las tres defensas que alegaron este jueves adhirieron a los fundamentos de las tres que alegaron antes y coincidieron en cuestionar que Fiscalía no respondió los argumentos que formularon las defensas en respuesta a los de los acusadores, que piden la remisión a juicio. Incluso Cullen, dejó reserva de casar la resolución e ir más arriba si Vergara no resolvía el planteo respecto a que los fiscales solo reeditaron los argumentos que formularon en su escrito de remisión y realizaron nuevos planteos que ampliaron la fundamentación para pedir la remisión, lo que en la etapa no está permitido. Las defensas coincidieron en destacar la insuficiencia probatoria sobre la que se sostiene la acusación; cuestionaron que no hubo evacuación de las citas que formularon, que hacen a la hipótesis de aquellas, afectado el principio de objetividad que determina el rol de los fiscales y el derecho constitucional de defensa; cuestionaron la arbitraria interpretación de siglas que se relevaron del material documental secuestrado en allanamientos que se realizaron en Buenos Aires y Entre Ríos, de la que Fiscalía no explicó cómo llegó a vincular la sigla con un nombre específico; la imputación de períodos de tiempo en los que alguno de los acusados no era funcionario; y la falta de precisión de las conductas atribuidas. En relación a la sigla PLM de la que Fiscalía sostiene que era la manera en la que se encubría el pago de las coimas, la defensa de Urribari resaltó que aportaron que se trata de las iniciales de los nombres de las tres hermanas de Cardona Herreros, que son accionarias de la firma. Así, señaló que Fiscalía no se ocupó de investigar algo tan fácil de evacuar. También destacó que del informe contable que realizó una contadora de Fiscalía, la conclusión respecto del fin de aquella sigla no fue que se creó para simular el pago de los sobornos, sino que se planteó que podía ser una forma de comunicación interna de la empresa para repartir las ganancias entre los socios. Cullen cuestionó con solidez que Fiscalía dedujo que hubo sobreprecios para sostener que existió el pago de coimas. En este sentido destacó que no existe en el legajo un informe contable que dé cuenta del valor del sistema de software adquirido, por lo que sería imposible determinar si se pagaron sobreprecios para responder a las supuestas acciones de favorecimiento que se imputan, para que Relevamientos Catastrales SA obtuviera la licitación. La defensa de Haidar también recordó que por una medida de gobierno de Sergio Montiel del 2 de enero de 2003, se ordenó que los expedientes licitatorios comiencen en la Dirección de Informática y por eso intervino Haidar, que es un funcionario de carrera que pasó por las gestiones de Montiel, Jorge Busti, Urribarri, Gustavo Bordet, para jubilarse en 2018, después de varias décadas al frente del aquella dirección. Los defensores respondieron, en su mayoría, los argumentos del fiscal Gonzalo Badano. El más sólido consistió en la posición del fiscal respecto a los plazos razonables para investigar. Así, Pérez señaló que el fiscal niega que la causa lleve 17 años de proceso, sino que tiene siete. En este sentido, el experimentado letrado sostuvo que si fuese así, todos los delitos imputados prescribieron, menos el de Peculado. Añadió que Badano sostiene que la investigación comenzó en 2018 y lo confrontó con lo que se sostiene en el inicio del legajo, que data de enero de 2007. La defensa de Ulrich defendió la necesidad, oportunidad, licitud y legalidad de la prórroga de la licitación que firmó aquel, puesto que durante el período que duró se cumplieron con complejos procesos técnico tecnológicos para que el sistema quede operativo como lo es en la actualidad.
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