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Federal » El Federaense
Fecha: 29/11/2024 14:05
Un caso angustiante se presenta en el municipio de Álamo Temapache, donde la presidenta municipal no solo ha ignorado una orden judicial, sino que ha protegido a un funcionario acusado de violencia y omisión de responsabilidades familiares. El personaje en cuestión, Alfredo Morales Cruz, exprocurador municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, es denunciado por su hija, Marissa Lizet Morales Moreno, quien junto a su hermana han sufrido las consecuencias de su negligencia y abuso a lo largo de los años. La historia de Marissa y su lucha por justicia Marissa, una joven que ha sido marcada psicológicamente por las acciones de su padre, ha decidido alzar la voz para exponer una realidad que afecta no solo a ella, sino también a muchos niños que, como ella, se encuentran en situaciones similares. Alfredo Morales ha sido un padre ausente y violento, dejando a su familia en una situación económica y emocional crítica. Según el relato de Marissa, su padre ha eludido sus responsabilidades, no solo por no proveer los recursos económicos mínimos que le corresponden por ley, sino también por haber causado un entorno familiar lleno de violencia y manipulación. Un patrón de violencia familiar La relación con su madre fue marcada por la agresividad de Alfredo Morales, quien no solo ejerció violencia física contra ellas, sino que también dejó cicatrices emocionales profundas. Desde pequeños episodios de agresión hasta amenazas que sumergieron a sus hijas en un miedo constante, la situación familiar se volvió insostenible. En un relato desgarrador, Marissa cuenta cómo su padre, luego de haber abandonado el hogar familiar, continuó limitando su contacto, esto sumado al uso de la violencia psicológica. Abandonó a sus hijas en 2012, dejando a su madre sola en la crianza y sustento. en 2012, dejando a su madre sola en la crianza y sustento. Las visitas esporádicas de Alfredo fueron violentas y manipuladoras, amenazando a las niñas para que no hablasen con su madre. fueron violentas y manipuladoras, amenazando a las niñas para que no hablasen con su madre. La madre, incapaz de soportar más, buscó terapia psicológica para sus hijas, mientras Alfredo se negaba a contribuir. La protección del sistema El punto más alarmante de esta situación es la complicidad de las autoridades locales. El Ayuntamiento de Álamo Temapache, bajo el mando de la presidenta municipal, Blanca Lilia Arrieta Pardo, recibió la orden de un juez de Xalapa para iniciar el descuento de la pensión alimenticia correspondiente del salario de Alfredo Morales Cruz. Sin embargo, ha transcurrido más de un mes desde la orden judicial y, sorprendentemente, no se ha realizado ningún descuento de su salario, lo que sugiere un intento de proteger al funcionario. Esta falta de respuesta aporta más evidencias sobre el encubrimiento que enfrenta la familia Morales dentro del sistema que debería proteger a las víctimas de violencia de género y desigualdad familiar. La voz de las víctimas Marissa se encuentra luchando por sus derechos y reivindicación: “Desde hace años he intentado involucrar a las autoridades, pero no he obtenido ninguna respuesta. Actualmente estoy bajo tratamiento neurólogo y psiquiatra por el daño emocional que esto ha causado”, explica. Esta joven no solo busca justicia para ella y su hermana, sino que también quiere ser un pilar para otras víctimas que no se atreven a hablar. Este caso es un claro recordatorio de que el abuso no solo ocurre en el ámbito privado, sino también se manifiesta en la falta de acción por parte de las instituciones que deberían estar al servicio de la comunidad. La historia de Alfredo Morales Cruz y su familia es un llamado a la acción y a la reflexión sobre la violencia familiar en nuestra sociedad.
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