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» La Capital
Fecha: 29/11/2024 05:34
La Asociación de Profesionales del Inta (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizaron manifestaciones en distintos puntos del país para rechazar el plan de ajuste anunciado por el gobierno nacional para el organismo. El programa incluye la venta de propiedades, de tierras y el recorte de personal. Las protestas se replicaron desde muy temprano en lugares del organismo en Salta, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Bariloche y Pergamino, provincia de Buenos Aires. Una de las concentraciones más fuertes fue en la sede central del Inta, en la ciudad de Buenos Aires. Un día antes, una treintena de profesionales integrantes del organismo que ocuparon cargos jerárquicos en las últimas dos décadas manifestó en una carta pública su preocupación por el futuro del organismo tecnológico, a la luz del fuerte ajuste que promueve allí el gobierno de Javier Milei. Los ex directores nacional, de regionales y de diversos institutos de investigación pidieron discutir el replanteo del organismo dentro de un plan meditado. “Si no garantizamos que el Inta corporice una política de Estado por encima de los intereses sectoriales público privado y gubernamentales se verá reducido el carácter estratégico para el que fue creada con visión de futuro”, se alertó. Mientras las protestas crecían, el consejo directivo del organismo, en el que confluyen el sector público y el privado con las entidades del agro, debatían la iniciativa oficial. “Estamos esperando la decisión, el consejo directivo ya está sesionando y estamos esperando a ver cómo se vota”, dijo Julieta Boedo, delegada de ATE. Horas antes de llevarse adelante la reunión trascendió que el gobierno había advertido a los consejeros que “si no aprueban” el plan ese ámbito podría ser “intervenido”. El consejo está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. También está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata de Carlos Alberto Vera, del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y de la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo. Entre sus planes, el gobierno quiere vender el edificio del Inta en el barrio porteño de Palermo y “usar los fondos en inversiones de proyectos de investigación”. Dentro del edificio, que será subastado el 23 de diciembre, trabajan 140 personas, que serán reubicadas a otras oficinas. Los empleados se trasladarían a oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía. También prevé “analizar el destino” de 71.000 hectáreas de tierras. El Inta tiene 116.000 hectáreas. El gobierno objeta que el 90 % de los USD 250 millones que se asignan todos los años por ley a través del presupuesto nacional se usan para pagar sueldos y que menos del 10 % del presupuesto es cubierto por las prestaciones que el organismo hace con los privados. Su idea es que esta participación crezca a un 30 % para 2027. El gobierno se queja de que entre 2013 y 2015, el Inta pasó de 3.400 a 7500 empleados. Actualmente tiene 6.852. El gremio aclara que la planta de personal no varió desde 2007. Sí ocurrió que se formalizó a precarizados que ya cumplían funciones en el instituto. Economía impulsa ahora la baja de 227 ingresos registrados el año pasado. Adorni, en su conferencia de prensa, provocó: “El Inta es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”. El organismo es uno de los mejor rankeados por la sociedad, según surge de muchas encuestas. Entre las entidades que se pronunciaron contra el ajuste en el Inta figura Bases Federadas. “Por estas horas, el gobierno nacional ejecuta un plan de reducción de personal, a la vez que revisa la venta de inmuebles del Inta, tanto sean edificios como campos de investigación y extensión”, alertó el nucleamiento gremial de pequeños y medianos productores, que señaló que “sin estos recursos estratégicos, su trabajo no puede realizarse”. “Al igual que en los 90, este gobierno pretende dejar de tener soberanía en sus investigaciones y en su extensión, anulando el organismo que es referente nacional e internacional”, denunció Bases Federadas a través de un comunicado en el que instó a “todas las entidades del agro, integrantes del consejo directivo del Inta, a no avalar ninguna decisión que afecte al instituto, ni desde los recursos humanos ni desde sus presupuestos”.
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