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» Misionesopina
Fecha: 28/11/2024 23:00
El Consejo Consultivo desarrolló su decimocuarta edición en el cierre de actividades anuales de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro. Durante la jornada, se presentó el informe público que expuso las acciones realizadas en 2024 y delineó las líneas de trabajo para el próximo período. Constanza Yudar, presidenta de la Comisión, recordó que este fue uno de los dos consejos consultivos organizados anualmente. “Este encuentro de cierre permitió exponer las buenas prácticas desarrolladas, el impacto del cambio de denominación de la Comisión y las temáticas abordadas por cada uno de los comisionados, quienes aportaron una perspectiva diversa”, explicó. La Comisión, anteriormente conocida como Comisión de Prevención de la Tortura, adoptó su nuevo nombre para reflejar un enfoque más integral y proactivo. “La esencia de nuestra ley no cambió. Seguimos comprometidos con la promoción de los derechos humanos en los contextos de encierro. Este cambio fue pensado desde hace tiempo, incluso durante la gestión de Eduardo Scherer”, indicó Yudar. En su primer período como presidenta, Yudar resaltó la continuidad en las metodologías de trabajo implementadas desde su incorporación a la Comisión en 2017. “He sido asistente, comisionada y ahora presidenta. Incorporamos nuevas tecnologías y mantenemos un equipo homogéneo y colaborativo”, subrayó. Consultada sobre el contexto nacional en torno al trabajo de las personas privadas de libertad, como la limpieza de los espacios penitenciarios, Yudar afirmó: “Eso no fue nuevo para nosotros. Las unidades penales en Misiones ya cuentan con iniciativas en las que internos e internas participan activamente. Sin embargo, no recibimos una instrucción formal al respecto”. La Comisión y su marco normativo La Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro fue creada por la Ley IV – N° 65 de la Provincia de Misiones, como parte del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Su misión principal es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, promoviendo condiciones dignas y respetuosas en los espacios de detención. Composición y objetivos Este organismo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, las fuerzas de seguridad, profesionales de distintas disciplinas y organizaciones de la sociedad civil, quienes trabajan de manera conjunta para monitorear los lugares de detención, elaborar informes detallados y fomentar políticas públicas que impulsen la reintegración social de las personas privadas de libertad. Entre sus objetivos principales, se destacan la prevención de tratos inhumanos y el fortalecimiento de buenas prácticas en contextos de encierro, promoviendo un enfoque integral y humano.
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