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» Rafaela Noticias
Fecha: 28/11/2024 22:54
Crece la tensión en la Rafaela por el pago de aranceles en fiestas: ¿qué dijeron SADAIC Y AADICAPIF? Por Redacción Rafaela Noticias El tema del pago de derechos de autor por la música utilizada en eventos sociales como recepciones de egresados en salones de fiestas, clubes y otros espacios sigue generando controversia en Rafaela. Este asunto involucra distintas voces, desde las entidades oficiales como SADAIC y AADICAPIF, pasando por organizadores de fiestas como casamientos, cumpleaños de 15 y fiestas de egresados, hasta las vecinales, que suelen albergar eventos sociales de menor envergadura y que defienden sus posturas con base en la legislación vigente. Hasta el momento no se conocía la postura oficial – al menos en Rafaela – de los representantes de las entidades, quienes prefieren no hablar con la prensa, pero sí se conocieron comunicados que estos mismos representantes envían a diferentes vecinos que cuestionan el pago de estos aranceles, amparándose en un decreto del presidente Javier Milei. Postura de SADAIC y AADICAPIF Desde la entidad que gestiona los derechos de autor de los compositores, SADAIC ha sido tajante en señalar la obligatoriedad del pago de los derechos por la música utilizada en eventos sociales, como recepciones de egresados, casamientos y otros similares, llevados a cabo en salones de fiestas, clubes y espacios similares. SADAIC cita el artículo 35 del Decreto 41233 (TO: Decreto 765/2024), que establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico directo o indirecto por la utilización pública de una obra tiene la obligación de remunerar a los titulares de los derechos de autor. En este sentido, SADAIC señala que las fiestas de este tipo, al ser comerciales, deben abonar los derechos correspondientes, incluso si se trata de eventos que no son de índole exclusivamente familiar, como podría ser el caso de un cumpleaños o un casamiento. Además, la entidad destacó que la jurisprudencia reciente respalda esta postura, excluyendo estas fiestas de la categoría de "índole exclusivamente familiar", por lo que no serían exentas de pago. Por su parte, AADICAPIF, la Asociación Argentina de Intérpretes de Fonogramas y Artistas, también respalda la necesidad del pago por la utilización de música grabada en estos eventos, pero aclara que este cobro no se trata de un impuesto, sino de un arancel por el uso de fonogramas. La entidad explica que los derechos deben ser pagados por el uso de música fonograbada, propiedad de los artistas y productores. En este contexto, AADICAPIF subraya que, si no se usa música grabada, no hay obligación de abonar nada. Desde la entidad también recuerdan que el cobro de los derechos es válido a partir del Decreto 390, que menciona explícitamente que la difusión de música, incluso en plataformas digitales e Internet, genera el pago de aranceles por difusión. A pesar de las controversias sobre los cálculos y montos, AADICAPIF insiste en la vigencia de los derechos y en que la entidad solo sigue lo dispuesto oficialmente, sin lugar a comentarios ajenos al marco legal. Vecinales: no pago a SADAIC, sí a AADICAPIF pero con revisión de montos Las vecinales, por su parte, han mostrado su desacuerdo total con el cobro por parte de SADAIC, al tratarse de entidades sin fines de lucro. Agregan que en sus salones los eventos que se realizan no deben estar sujetos al pago de derechos, ya que no se trata de una actividad comercial. Las vecinales y la Municipalidad de Rafaela no generan lucro en estas actividades y el uso de los salones no implica un alquiler en sí, sino un permiso de uso, con montos muy bajos, más de índole social. Cada vez son más las vecinales que se ponen firmes ante el cobro de este impuesto, aseguran los presidentes barriales. En cuanto a AADICAPIF, los vecinalistas sí reconocen que se debe pagar, pero una de las críticas más fuertes es el cálculo de ese monto. De acuerdo con la Resolución 390, los salones que realicen eventos con música fonograbada deben pagar un porcentaje sobre el valor del cubierto o bono. Sin embargo, las vecinales consideran que los valores establecidos son excesivos y arbitrarios, ya que, por ejemplo, si el evento recauda 50.000 pesos, el 2% de ese monto debería ser 1.000 pesos, no las sumas mucho mayores que la entidad recaudadora exige. En este sentido, han pedido explicaciones a AADICAPIF y han solicitado una revisión del cálculo, sin respuestas por el momento. Postura de La Libertad Avanza en Rafaela: rechazo al cobro La controversia sobre el pago de los derechos de autor en eventos sociales también ha alcanzado el ámbito político en la ciudad. Representantes de La Libertad Avanza han manifestado un firme rechazo a lo que consideran una “extorsión” por parte de SADAIC. Según representantes de la fuerza, que vienen organizando charlas al respecto, los dueños de salones de eventos se han quejado de la presión que ejerce la entidad para que paguen, incluso por eventos privados como casamientos, cumpleaños y graduaciones. En este sentido, el partido argumenta que el gobierno nacional, a través del Ministro de Justicia Mario Cuneo Libarona, ha dejado claro a SADAIC que no pueden cobrar por el uso de música en estos eventos. En particular, desde La Libertad Avanza se ha señalado que el pago de los derechos de autor en eventos como graduaciones implica sumas millonarias, y que esta situación se considera un abuso contra los organizadores y los asistentes de estos eventos. Para el partido, los eventos privados no deben estar sujetos al pago de derechos de autor, en especial cuando no hay lucro detrás de ellos. Conflicto sin resolver El debate sobre el pago de derechos de autor por la música utilizada en eventos sociales sigue siendo un tema controvertido en Rafaela. Mientras SADAIC y AADICAPIF defienden la necesidad de proteger los derechos de los artistas, las vecinales y ciertos sectores políticos rechazan lo que consideran un cobro injusto, especialmente en salones de eventos sin fines de lucro. En el medio están los ciudadanos que no saben qué postura tomar, sin una intervención directa por el momento de otros estamentos como el gobierno local, provincial o la justicia. Por ahora, cada parte argumenta, pero la tensión sigue: mientras unos dicen que no quieren pagar, del otro lado amenazan con intervenir y clausurar fiestas.
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