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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 27/11/2024 09:53
La Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es basta” dio a conocer un documento donde reafirmó los argumentos por los cuales rechaza el proyecto de Ley que regular las fumigaciones que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa comenzó a tratarse en Senadores, la cámara a quien se pide que revea el texto. “Estamos a disposición para crear una ley nueva con todos los actores, centrada en la salud y el ambiente, para una mejor producción y alimentación”, señalan en una proclama. Desde la organización apuntan a que el texto de la Cámara baja reduce las distancias mínimas de las aplicaciones, desconociendo las resoluciones judiciales que establecen mayores márgenes de protección. “Fumigación exprés: Sin ciencia, sin control y a metros de tu ventana”, es el título del documento dado a conocer por la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta” en el que reiteran el rechazo al proyecto de Ley de Agroquímicos enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial cuya gestión para su sanción es liderada por el diputado Juan Manuel Rossi (PJ-JxER). La organización caga contra el legislador oriundo de Paraná porque desconoció el pedido a que pudieran intervenir científicos y profesionales de la Salud en las comisiones y que ahora en el Cámara Alta han comenzado a tener espacio. Justamente desde el basta recuerdan que “la semana pasada, el Senado de Entre Ríos recibió por primera vez a organizaciones socioambientales de la provincia en el marco del debate por el conflictivo proyecto de ley sobre agrotóxicos. Mediante una carta presentada el miércoles 13 de noviembre, firmada por más de 800 organizaciones y personas en solo dos días, se exigió al Senado que rechace dicha iniciativa. Asimismo, se solicitó que convoquen a científicos y representantes de 22 organizaciones de diversos departamentos de Entre Ríos, quienes denunciamos que el proyecto es inconstitucional, regresivo en materia de protección ambiental, carece de sustento científico y profundizará los daños a la salud y al ambiente generados por las fumigaciones. Como ejemplo, citamos a la doctora (Delia) Aiassa, quien realizó los estudios que determinaron una distancia no menor a 1.094 metros con fumigación terrestre, fundamento de lo que ordena el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y al ingeniero Marcos Tomasoni, uno de los mayores expertos en derivas, quienes deberían ser convocados para aportar una mirada técnica que el proyecto carece”, expresaron en el documento difundido estos días. Las distancias mínimas de protección de las pulverizaciones es uno de los puntos de mayor controversia, ya que el nuevo marco normativo estrecha los márgenes que la Justicia, en distintos amparos ambientales, ha impuesto como mínimos para sostener medidas de precaución a los venenos en suspensión y derivas de su aplicación. En este orden, apuntaron que la ley promovida por el diputado Rossi es “un retroceso ambiental y sanitario”, ya que “incumple fallos judiciales vigentes, reduce las distancias mínimas de fumigación a solo 10 metros de viviendas habitadas de manera estable y efectiva, de salas sanitarias, de establecimientos recreativos y de puestos policiales. Para los cursos de agua permanentes, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios registrados, la distancia de ‘retiro’ de las fumigaciones se reduce a 5 metros y, para las escuelas rurales, sólo 15 metros. Todas distancias regresivas de las que actualmente se encuentran vigentes dentro del territorio provincial. Es decir, se pretende legalizar prácticas agrícolas que han causado un desastre sanitario y ambiental, buscando institucionalizar las mal llamadas ‘buenas prácticas agrícolas’, un concepto engañoso que prioriza el lucro de las empresas agroquímicas sobre la salud y la biodiversidad”, expresan. Agronegocio Vs. Salud Desde el Basta es Basta sostienen que la iniciativa legislativa con media sanción “lejos de ser una solución, perpetúa un modelo productivo basado en el agronegocio que destruye bosques y humedales, atenta contra las producciones libres de venenos que se están generando en Entre Ríos, genera pobreza e inseguridad alimentaria, destruye la biodiversidad y pone en grave riesgo la salud de las poblaciones. Elaborado por un sector reducido de la agroindustria que responde a los intereses de las empresas fabricantes de agrotóxicos, el texto carece de consenso social y técnico. La llamada ‘Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas’, promotora de esta ley, actúa sin fundamentos sólidos vinculados a la salud pública y el ambiente, ya que se limita a representar intereses corporativos sin ningún criterio científico”, afirmaron. En este orden interpelaron al gobernador Rogelio Frigerio en cuanto se preguntan “si realmente apoya un proyecto que no tiene apoyo social, como tampoco rigor científico ni legal. Si el gobernador avala la postura del diputado Rossi, lo consideraremos igualmente responsable del daño sanitario y ambiental que este proyecto de ley profundizará. Sin embargo, si tuviera voluntad política para actuar en favor de la salud y el ambiente, podría intervenir modificando por decreto la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, para incluir una clasificación realista de los agroquímicos. Estas sustancias, utilizadas de manera masiva, deben ser tipificadas según su peligrosidad real como ‘peligrosas’ (categoría 2) o ‘muy peligrosas’ (categoría 3). Es inadmisible y carente de sentido común, lógica o respaldo científico que no se considere el uso masivo de estos productos como un factor crítico en los impactos ambientales y sanitarios. Urge a su vez, modificar el decreto (nº) 2.239 que elimine las ‘unidades centinelas’, donde se obliga a nuestras/os directiv@s docentes rurales a adoptar el rol de “fiscalizadores/as” de las fumigaciones en campos linderos a los establecimientos educativos y, apremia, se comience desde la cartera de salud, formaciones para sus trabajadoras/es, con el fin de adoptar conocimientos que les permitan generar un registro oficial de las patologías y enfermedades relacionadas, según base científica, a los impactos de la química contaminante que se utiliza en el sector agropecuario. Trampa Desde la coordinadora hacen un “llamado urgente a la acción”, atento “al cúmulo de sustento científico aportado por los expertos que el día 13 expusieron a l@s senadores/as presentes en la reunión de comisión, que demuestran los vicios del proyecto en tratamiento, solicitamos al señor gobernador y a los legisladores provinciales que lo rechacen. Insistimos: el proyecto de “BPA” fue diseñado para perpetuar un modelo destructivo y regresivo. Es imperativo trabajar en una legislación que priorice la salud pública, la justicia ambiental y la transición hacia un modelo agroecológico que garantice la superficie productiva necesaria para abastecer al mercado interno con alimentos, cree trabajo digno y recupere economías regionales, con soberanía alimentaria y biodiversidad. Como les dijimos a las y los senadores en nuestras intervenciones, estamos a disposición para crear una ley nueva con todos los actores, centrada en la salud y el ambiente, para una mejor producción y alimentación”. Finalmente, manifestaron que el “el texto final del proyecto impulsado por el diputado Rossi es un intento de institucionalizar el falaz concepto de Buenas Prácticas Agrícolas; es una ‘trampa’ diseñada para legalizar el negocio de las fumigaciones masivas a expensas de la vida y la salud de las poblaciones. Por lo tanto, pedimos a quienes gobiernan, escuchen el clamor de la ciudadanía y actúen con responsabilidad y compromiso para proteger la vida del territorio y la salud de la población de Entre Ríos. Tienen señores/as senadores/as y Ud. señor Gobernador, la posibilidad de quedar en la historia como los hacedores de una transición justa, digna y soberana, o los profundizadores de las enfermedades que agobian al pueblo entrerriano y los territorios y sistemas biológicos sostenedores de la vida”. ERA Verde
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