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Parana » AIM Digital
Fecha: 27/11/2024 05:05
Un análisis cartográfico detalla las implicancias del incendio y cuestiona la regulación de las plantas de tratamiento de residuos petroleros en Añelo. El incendio en la planta de tratamiento de residuos especiales de Indarsa, ocurrido el pasado sábado en Añelo, encendió las alarmas no solo por su magnitud, sino también por las críticas hacia el manejo de residuos derivados del fracking. Según el Observatorio de Sismicidad Inducida, este evento “refleja los riesgos para la salud y el medioambiente” asociados a la proximidad de estas instalaciones al área urbana. El fuego, que comenzó en una pileta de descarga de agua contaminada, fue controlado tras cinco horas de trabajo con la intervención de cerca de 120 personas, incluidos bomberos y personal de Defensa Civil. Aunque no se registraron heridos, el evento generó preocupación por los efectos de la dispersión de partículas tóxicas en el aire. El análisis del observatorio enfatiza que las plantas de tratamiento y disposición de residuos petroleros en Añelo, como Indarsa y Treater, están localizadas “en evidente incumplimiento” del decreto provincial 2263/15. Este establece que dichas instalaciones deben situarse al menos a ocho kilómetros de áreas urbanizadas o con proyecciones de urbanización, algo que no se cumple en este caso. “Las plantas de disposición final se encuentran a menos de 5 kilómetros del ejido municipal y actúan como una barrera para el crecimiento urbano de Añelo”, subrayó el informe. El barrio más cercano al incendio se encuentra a solo 4 kilómetros, mientras que la escuela técnica Epet 23 está a siete kilómetros. Aunque el viento no dirigió partículas hacia la población, el riesgo potencial de afectación a la salud persiste. Repercusiones ambientales y sociales El observatorio destacó que la regulación estatal es “insuficiente y desdibujada” frente a los impactos ambientales generados por el tratamiento de residuos del fracturamiento hidráulico. A esto se suma el conflicto entre el desarrollo energético y la planificación urbana, ya que Añelo, epicentro de la actividad de Vaca Muerta, enfrenta un crecimiento poblacional acelerado. Además, los especialistas advierten sobre la falta de transparencia en la aplicación de normativas y la necesidad de revisarlas. “El decreto de 2015 sigue vigente, pero no se cumple ni se supervisa adecuadamente. Es esencial fortalecer los mecanismos de control”, señalaron. Conclusión: desafíos regulatorios y de seguridad El incidente en la planta de Indarsa es un recordatorio de la importancia de garantizar la seguridad ambiental y ciudadana en áreas de alta actividad energética. Para el Observatorio de Sismicidad Inducida, el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes y la planificación a largo plazo son claves para mitigar riesgos y asegurar una convivencia sostenible entre el desarrollo industrial y el bienestar de las comunidades cercanas. El Gobierno provincial aún no emitió declaraciones sobre las críticas del observatorio, pero el evento ha reavivado el debate sobre cómo equilibrar el crecimiento energético con una gestión responsable y segura del medioambiente. Fuente: ADN Sur
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