26/11/2024 17:25
26/11/2024 17:25
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
26/11/2024 17:24
» Solochaco
Fecha: 26/11/2024 15:13
La intendenta de Enrique Urien enfrenta cargos por el cobro simultáneo de una pensión por invalidez y su salario como funcionaria pública. La causa avanza con nuevas imputaciones y un panorama judicial complejo. El Juzgado Federal de Sáenz Peña procesó a Liliana del Carmen Pascua, intendenta de Enrique Urien, por presunto fraude a la administración pública. La causa, que data de 2020, gira en torno al cobro de una pensión no contributiva por invalidez entre 2008 y 2013, periodo en el cual también percibió su salario como funcionaria municipal. Esta situación, según la investigación, vulnera la Ley 26.818, que regula la compatibilidad de ingresos para beneficiarios de programas sociales. La justicia federal sostiene que Pascua continuó cobrando la pensión aun después de asumir como intendenta en julio de 2013, y que habría solicitado la baja del beneficio de manera tardía. Además, se detectaron ingresos superiores a los límites establecidos por la normativa para mantener la prestación. Pruebas como registros de la ANSES, informes ministeriales y movimientos bancarios fueron determinantes para avanzar en el procesamiento. El fallo del juez federal Miguel Mariano Aranda incluyó el rechazo al cargo de falsedad ideológica, al confirmarse la veracidad de la discapacidad que motivó la pensión. Sin embargo, el magistrado consideró que las irregularidades financieras representan un perjuicio concreto para las arcas públicas. La causa sigue abierta y podría derivar en nuevas imputaciones, además de un embargo preventivo sobre los bienes de Pascua, estimado en más de 45 millones de pesos. Esta no es la primera vez que la jefa comunal enfrenta acusaciones. En 2021, la justicia investigó su presunta participación en el uso indebido de fondos destinados a viviendas sociales. Según los informes, varias de estas construcciones fueron adjudicadas a familiares cercanos de la intendenta, incluidas propiedades que no cumplían con los requisitos establecidos para beneficiarios de emergencias habitacionales. Pascua había sido reelecta en 2023 con un 78,9% de los votos. Con un importante apoyo popular, el avance de estas causas pone en duda su futuro político y el impacto en la administración del municipio. La intendenta, por su parte, ha declarado en reiteradas ocasiones su disposición a colaborar con la justicia y ha calificado las denuncias como persecuciones politicas.
Ver noticia original