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Colon » El Entre Rios
Fecha: 26/11/2024 11:30
A los problemas legales que tiene el exgobernador Sergio Urribarri, que permanece detenido hace una semana en la cárcel de Paraná, se le suma la posible remisión a juicio de otra investigación penal que lo tiene como principal protagonista. Se trata de la denominada “Causa coimas”, en la que está imputado junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero y otros integrantes de su gobierno entre 2007 y 2015.Urribarri ya fue condenado a 8 años de cárcel en 2022 en el marco del megajuicio por corrupción. En esta causa, afronta un pedido de pena de 10 años de prisión. En la actualidad, el exmandatario provincial se encuentra alojado en la Unidad Penal N°1 de la capital provincial cumpliendo arresto preventivo porque, según fiscalía, existen peligros latentes de que se fugue.La discusión en tribunales viene desde principios de año. En cada audiencia aparece un pedido nuevo de las partes, pero más allá de Urribarri y Cardona Herreros aparecen en la lista de acusados otros exfuncionarios, como Luis Alfonso Erbes, exsecretario de Presupuesto y Finanzas; Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, exdirector general de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, exdirector de Informática; y José Humberto Flores, exsecretario de Hacienda.Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba.Según la investigación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el empresario Cardona Herrero, quien como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA se habría visto beneficiado con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la administración pública provincial a partir de una “estrecha relación de amistad” con Urribarri. Las coimas que se habrían pagado, según fiscalía, son millonarias. Estas dádivas habrían beneficiado al entonces gobernador y su familia, como también al grupo de funcionarios cuestionados.Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación: sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.De la audiencia participan los abogados Cullen, Ignacio Díaz, Franco Azziani Cánepa, Gaspar Reca, Andrés Bacigalupo, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Candelario Pérez, Juan Antonio Méndez, Fernando Burlando y Javier Baños.
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