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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 26/11/2024 09:56
El Senado de Entre Ríos recibió por primera vez a organizaciones socioambientales de la provincia en el marco del debate sobre el proyecto de Ley sobre fitosanitarios (agrotóxicos, para las organizaciones ambientales). En una carta presentada el 13 de noviembre, firmada por más de 800 organizaciones y ciudadanos en solo dos días, la Coordinador por una vida sin agrotóxicos: Basta es Basta exigió al Senado que rechace esta iniciativa -con media sanción de Diputados- y convoque a científicos y representantes de 22 organizaciones de diferentes departamentos de la provincia. Según los denunciantes, el proyecto es inconstitucional, carece de sustento científico y profundizaría los daños a la salud y al medio ambiente causados por las fumigaciones. Desde Basta es Basta sostienen que el proyecto de ley, impulsado por el diputado Juan Manuel Rossi, reduciría drásticamente las distancias mínimas para fumigaciones en áreas sensibles, como viviendas, escuelas, cursos de agua y áreas naturales protegidas. En lugar de ser una solución esta ley perpetúa un modelo productivo basado en el agronegocio que destruye bosques y humedales, afecta la salud pública y fomenta la pobreza e inseguridad alimentaria. Además, la organización criticó el rol de la "Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas", que apoya esta ley, por carecer de fundamentos científicos y priorizar los intereses de las empresas agroquímicas sobre la salud y la biodiversidad. El comunicado también hace un llamado al gobernador Rogelio Frigerio, instándolo a intervenir para evitar que este proyecto se convierta en ley. Basta es Basta plantea que, en lugar de avanzar con este proyecto regresivo, es urgente trabajar en una legislación que promueva la agroecología, la soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente. El comunicado completo La semana pasada, el Senado de Entre Ríos recibió por primera vez a organizaciones socioambientales de la provincia en el marco del debate por el conflictivo proyecto de ley sobre agrotóxicos. Mediante una carta presentada el miércoles 13 de noviembre, firmada por más de 800 organizaciones y personas en solo dos días, se exigió al Senado que rechace dicha iniciativa. Asimismo, se solicitó que convoquen a científicos y representantes de 22 organizaciones de diversos departamentos de Entre Ríos, quienes denunciamos que el proyecto es inconstitucional, regresivo en materia de protección ambiental, carece de sustento científico y profundizará los daños a la salud y al ambiente generados por las fumigaciones. Como ejemplo, citamos a la Dra. Aiassa, quien realizó los estudios que determinaron una distancia no menor a 1094 metros con fumigación terrestre, fundamento de lo que ordena el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y al ingeniero Marcos Tomasoni, uno de los mayores expertos en derivas, quienes deberían ser convocados para aportar una mirada técnica que el proyecto carece. Este proyecto, lejos de ser una solución, perpetúa un modelo productivo basado en el agronegocio que destruye bosques y humedales, atenta contra las producciones libres de venenos que se están generando en Entre Ríos, genera pobreza e inseguridad alimentaria, destruye la biodiversidad y pone en grave riesgo la salud de las poblaciones. Elaborado por un sector reducido de la agroindustria que responde a los intereses de las empresas fabricantes de agrotóxicos, el texto carece de consenso social y técnico. La llamada "Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas", promotora de esta ley, actúa sin fundamentos sólidos vinculados a la salud pública y el ambiente, ya que se limita a representar intereses corporativos sin ningún criterio científico. La ley de Rossi: un retroceso ambiental y sanitario El proyecto impulsado por el diputado Juan Manuel Rossi incumple fallos judiciales vigentes, reduce las distancias mínimas de fumigación a solo 10 metros de viviendas habitadas de manera estable y efectiva, de salas sanitarias, de establecimientos recreativos y de puestos policiales. Para los cursos de agua permanentes, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios registrados, la distancia de “retiro” de las fumigaciones se reduce a 5 metros y, para las escuelas rurales, sólo 15 metros. Todas distancias regresivas de las que actualmente se encuentran vigentes dentro del territorio provincial. Es decir, se pretende legalizar prácticas agrícolas que han causado un desastre sanitario y ambiental, buscando institucionalizar las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, un concepto engañoso que prioriza el lucro de las empresas agroquímicas sobre la salud y la biodiversidad. La responsabilidad del gobernador Frigerio Ante el silencio del gobernador Rogelio Frigerio sobre este tema, nos preguntamos si realmente apoya un proyecto que no tiene apoyo social, como tampoco rigor científico ni legal. Si el gobernador avala la postura del diputado Rossi, lo consideraremos igualmente responsable del daño sanitario y ambiental que este proyecto de ley profundizará. Sin embargo, si tuviera voluntad política para actuar en favor de la salud y el ambiente, podría intervenir modificando por decreto la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, para incluir una clasificación realista de los agroquímicos. Estas sustancias, utilizadas de manera masiva, deben ser tipificadas según su peligrosidad real como "peligrosas" (categoría 2) o "muy peligrosas" (categoría 3). Es inadmisible y carente de sentido común, lógica o respaldo científico que no se considere el uso masivo de estos productos como un factor crítico en los impactos ambientales y sanitarios. Urge a su vez, modificar el decreto 2239 que elimine las “unidades centinelas”, donde se obliga a nuestras/os directiv@s docentes rurales a adoptar el rol de “fiscalizadores/as” de las fumigaciones en campos linderos a los establecimientos educativos y, apremia, se comience desde la cartera de salud, formaciones para sus trabajadoras/es, con el fin de adoptar conocimientos que les permitan generar un registro oficial de las patologías y enfermedades relacionadas, según base científica, a los impactos de la química contaminante que se utiliza en el sector agropecuario. Llamado urgente a la acción Atento al cúmulo de sustento científico aportado por los expertos que el día 13 expusieron a l@s senadores/as presentes en la reunión de comisión, que demuestran los vicios del proyecto en tratamiento, solicitamos al señor gobernador y a los legisladores provinciales que lo rechacen. Insistimos: el proyecto de “BPA” fue diseñado para perpetuar un modelo destructivo y regresivo. Es imperativo trabajar en una legislación que priorice la salud pública, la justicia ambiental y la transición hacia un modelo agroecológico que garantice la superficie productiva necesaria para abastecer al mercado interno con alimentos, cree trabajo digno y recupere economías regionales, con soberanía alimentaria y biodiversidad. Como les dijimos a las y los senadores en nuestras intervenciones, estamos a disposición para crear una ley nueva con todos los actores, centrada en la salud y el ambiente, para una mejor producción y alimentación. El texto final del proyecto impulsado por el diputado Rossi es un intento de institucionalizar el falaz concepto de Buenas Prácticas Agrícolas; es una "trampa" diseñada para legalizar el negocio de las fumigaciones masivas a expensas de la vida y la salud de las poblaciones. Por lo tanto, pedimos a quienes gobiernan, escuchen el clamor de la ciudadanía y actúen con responsabilidad y compromiso para proteger la vida del territorio y la salud de la población de Entre Ríos. Tienen señores/as senadores/as y Ud. señor Gobernador, la posibilidad de quedar en la historia como los hacedores de una transición justa, digna y soberana, o los profundizadores de las enfermedades que agobian al pueblo entrerriano y los territorios y sistemas biológicos sostenedores de la vida. 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