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Colon » El Entre Rios
Fecha: 25/11/2024 17:30
José Velázquez, abogado defensor del exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Baéz, ultimaba este lunes los detalles para recurrir ante la Cámara de Casación la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de enviarlo a la cárcel en prisión preventiva. El letrado admitió: “No podemos entender la sorpresa y arbitrariedad de esta decisión”. Consultado sobre el ánimo del exfuncionario y exdiputado provincial, aseguró que “está fortalecido y entiende que esto obedece a intereses extrajurídicos”. Velázquez recordó que la sentencia sobre Báez no está firme y en relación a su encarcelamiento cuestionó que “el análisis del riesgo de fuga es arbitrario. Tuvo innumerables oportunidades de fugarse y no lo ha hecho”. El abogado defensor presentaba este lunes el recurso de Casación para se revise la prisión preventiva, con expectativas de que Báez “vuelva a su domicilio”. “Es un mensaje político. En vez de probar la fuga, se supone”, aseguró. El abogado contó además que el exministro, el exgobernador Sergio Urribarri y el cuñado Juan Pablo Aguilera “están juntos y solos” en la Unidad Penal de Paraná, aislados del resto de los internos. El megajuicio Los tres detenidos fueron condenados en el marco del denominado megajuicio que se realizó en Paraná entre 2021 y 2022. Las condenas más altas y de cumplimiento efectivo fueron para Urribarri, Aguilera y Báez. El resto se llevó condenas condicionales. En el megajuicio se ventilaron cinco causas acumuladas, vinculadas entre sí por las maniobras desplegadas, y las personas involucradas y el fin de la sustracción de fondos públicos. Durante cinco meses de 2022 se expusieron las pruebas en lo que se conoció como “causa de las imprentas”, a partir de la cual se estableció que se constituyó una empresa al calor de la pauta publicitaria y los beneficios de las vinculaciones con el poder político. Los jueces del tribunal dieron por acreditado que Aguilera es el real dueño detrás de empresas del rubro de las impresiones. Por otro lado, se condenó la contratación de la empresa Global Means con el Estado provincial, vinculada a Buffa. Los jueces dieron por acreditado que la empresa no estaba en condiciones de ser contratada por el gobierno, ni siquiera figuraba en el Registro de Medios de la provincia cuando fue beneficiada con la colocación de cuatro avisos publicitarios en 2011 en dos medios porteños. Por último, se ventiló lo que se conoció como “sueño entrerriano”. Un expediente que acumuló tres causas vinculadas al financiamiento de la campaña de Urribarri como precandidato a presidente (antes del inicio de la misma se bajó): la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014; y la publicación en 18 medios gráficos del país de una solicitada contra los fondos buitre. Los jueces dieron por probado que todas estas contrataciones del Estado tuvieron como real objetivo la promoción de la precandidatura presidencial del exmandatario. Fuente: Ahora
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