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Parana » Ahora
Fecha: 23/11/2024 10:21
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibió una copia del legajo que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri en el marco de la causa denominada “Mesa de Dinero” de Paraná, en la que se investiga la presunta maniobra delictiva de un grupo de personas a través de una financiera que captaba inversores con promesas de altos rendimientos. El caso estalló en octubre, cuando varias personas reclamaron su dinero. Más de 60 denuncias se presentaron ante la justicia hasta este viernes. Fuentes judiciales informaron a AHORA que el organismo de control que reemplaza a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió una copia de las actuaciones. En las mismas se habla de una estafa superior al millón de dólares y más de 100 millones de pesos. El problema estaría en que muchos de esos contribuyentes, tanto supuestas víctimas como victimarios no tendrían como justificar los fondos. Esta intervención podría empeorar la situación de Matías Santa María, Andrés y Julio Gamarci y Cristian Vital. ARCA también posaría la lupa en los denunciantes, supo AHORA, ya que hay muchos que estarían flojos de documentación para acreditar de dónde obtuvieron los fondos. La empresa clave en el caso es San Mar Sociedad Anónima Simplificada (SAS), pero también aparecen otras orbitando, como la firma JIFA vinculada al corralón Almafuerte. Se cree que ARCA puede terminar impulsando una denuncia en el fuero federal, si es que los agentes tienen motivación. Esta denuncia puede llegar a ser más gravosa aún que la que se lleva adelante en la justicia provincial. Más testigos complican a los imputados Entre tres y cuatro testigos por día pasan por el despacho de Alfieri. La mayoría son damnificados que cuentan cómo era la mecánica utilizada por Santa María, los hermanos Gamarci y Vital. En la gran mayoría de los casos, las personas cuentan que hacían contacto con los hermanos Gamarci, en especial con Andrés. A diferencia de lo que dicen ambos acusados, muchos señalan a La Peruana como un lugar donde realizaban transacciones vinculadas a este tipo de negocio poco claro. Los damnificados coinciden en un alto porcentaje en que nunca les devolvieron el capital. Que ante cada planteo recibían evasivas en un primer momento de Santa María y luego del contador Gamarci. Lo que surge de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es que el abogado Julio Gamarci aparece en el último mes y medio antes de que estalle todo, ocupando el lugar de Santa María, reestructurando lo que era la financiera y ofreciendo renovar los contratos. “Casi todos ellos son contundentes (por los denunciantes) citando la misma mecánica. Con evasivas, que en el momento no tenían dinero, que tenían que recibir pago, que no podían comprar dólares, que pasan la próxima semana y así, un montón de excusas”, dijo una persona ligada a la causa. Los denunciantes, que ya son más de 60 personas, en más de un 60% sostienen que se reunían con Andrés Gamarci. La causa En la apertura de causa se investiga a Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital. Los tres han sido acusados de mantener una estructura financiera fraudulenta a través de las firmas SAN MAR SAS (CUIT 30-71697733-8) y JIFA SAS (CUIT 30-71743858-9). Durante los últimos cinco años, estos individuos habrían recibido fondos de diversas personas, ofreciendo intereses del 2.5% mensual en dólares, por encima de la tasa del mercado. El esquema, según se alega, consistía en suscribir contratos de mutuo y en algunos casos pagarés, prometiendo altos intereses para mantener el capital invertido y evitar su retiro. Sin embargo, desde julio de 2024, comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a sus clientes, delegando estas tareas a empleados y a un abogado (Julio Gamarci) que explicaba una supuesta reestructuración de la empresa. La situación se complicó aún más cuando cortaron las liquidaciones de intereses, lo que impidió a los inversionistas percibir sus ganancias y retirar su capital, generando así un perjuicio estimado en cientos de miles de dólares. Los damnificados han denunciado la apariencia de solvencia que los acusados proyectaron para engañar a los aportantes y apropiarse de los fondos. También hay dos personas investigadas por encubrimiento: Maximiliano Wagner y Gustavo Bupo. Bupo es propietario de la concesionaria de autos de alta gama y de lujo V12, ubicada en Avenida de las Américas, de Paraná, que fue allanada tiempo atrás. Wagner es un exconvicto que se dedica a la compra y venta de vehículos. Es más, cuando fue detenido con droga, traía vehículos a Entre Ríos para comercializarlos.
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