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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 23/11/2024 04:24
El 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses. El 7 de abril de 2022 el exgobernador Sergio Daniel Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, una investigación penal que indagó sobre el sistema de retornos en el Estado en la contratación de la instalación de un pelotero en Mar del Plata, la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná, en 2014, y la injerencia de dos empresas que se adjudicaron al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, en el manejo de publicidad gubernamental en vía pública. El proceso se había iniciado en 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, y estuvo a punto de naufragar. La acusación la llevó adelante la exProcuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche junto a los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. A poco de arrancar las audiencias, Goyeneche debió apartarse, fue sometida a un proceso de jury y el 24 de mayo de 2022 fue destituida acusada de mal desempeño. Recién a finales de mayo quedó integrado el tribunal que debía resolver esa petición: lo conforman María Carolina Castagano, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón. En medio, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri planteó un recurso de reposición y sostuvo que el organismo que debía integrar el tribunal es la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y no el tribunal que finalmente lo resolvió. En el ínterin, el exministro Báez solicitó que en vez de la cárcel ser beneficiado con arresto domiciliario por razones de salud. El pedido de los fiscales para que se hagan efectivas las condenas ocurrió después de que el 17 de abril la Sala Penal rechazara el recurso de queja presentado por el exgobernador Sergio Urribarri contra la sentencia del megajuicio, remedio a través del cual intentó poner en cuestión la condena a 8 años de cárcel dictada en 2022 en el marco del megajuicio. La Sala Penal rechazó «por inadmisibles» los recursos de queja articulados por los defensores José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, en carácter de defensores técnicos de Germán Buffa; Raúl Enrique Barrandeguy y José Candelario Pérez, en carácter de defensores técnicos de Sergio Daniel Urribarri; Emilio Fouces, en carácter de defensor técnico de Gerardo Daniel Caruso; Juan Antonio Méndez, en carácter de defensor técnico de Gustavo Rubén Tamay; Miguel Angel Cullen, en carácter de defensor técnico de Corina Cargnel y Emiliano Giacopuzzi; y Marcos Rodríguez Allende, en carácter de defensor técnico de Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera, contra la Resolución Nº 155 dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala I, de esta ciudad, en fecha 25 de agosto de 2023, con costas». Primero hubo un fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones que rechazó, en septiembre pasado, el pedido de los fiscales. Ese pronunciamiento fue apelado y este martes 19 se conoció el dictamen de la Cámara de Casación que ordenó detener a Urribarri y a Aguilera y los envió a la Unidad Penal. Este viernes 22, en tanto, el Tribunal de Juicio que antes había rechazado la aplicación de prisión preventiva modificó su mayoría y aceptó la petición del Ministerio Público Fiscal y mandó a Báez a la cárcel, los tres con prisión preventiva hasta que el fallo de fondo adquiera firmeza. -El defensor de Pedro Báez, José Velázquez, dice que con la aplicación de las prisiones preventivas se hace un adelantamiento del fallo condenatorio. ¿Qué opina? –le consultaron desde el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. -Bueno, sí, es la postura que plantean ellos. No hay que olvidar –y evitar una mirada sesgada o ingenua- que Baez, Urribarri, Aguilera tienen poder. No son víctimas de una persecución del sistema judicial, que no tuvieron el poder para poder saquear las arcas del Estado durante ocho años, que no tienen vínculos, que no tienen recursos económicos, que los hechos que cometieron no son graves. Yo veo que recursos económicos tienen todos, como para poder evadirse, tienen familias en el exterior. Urribarri trabajó muchos años en Israel, tiene contactos comerciales, en empresas. Acá tienen mayores deberes los funcionarios porque tenían altos cargos con altas responsabilidades y defraudaron a las personas que los eligieron, usando la estructura por el cual el ciudadano los eligió. Entonces esa es la interpretación global que hay que hacer y no una interpretación sesgada. -¿Qué dice Fiscalía de los hábeas corpus presentados por Urribarri y Aguilera? -Ese es otro tema. ¿Cuántos hábeas corpus conocemos diariamente en los tribunales que han presentado en favor de una persona que ha sido condenada? El único fue el que se otorgó en la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura. Por suerte, la jueza de Garantías dijo que no era la vía el hábeas. No es la vía. Tiene que resolver el tribunal que tiene que resolver y que resolvió. El hábeas corpus está para otras cuestiones totalmente excepcionales que no era el caso. -Usted actuó como fiscal en el caso del cura Justo Ilarraz. El defensor de Urribarri dice que a Ilarraz le aplicaron 25 años de cárcel y le dieron domiciliaria hasta que la condena quede firme. A Urribarri le aplicaron 8 años y lo mandaron con preventiva a la cárcel. -Son obviamente distintos bienes jurídicos afectados, graves ambos, porque en ambos se están afectando los derechos humanos, o sea que ambos son graves, pero acá la estructura del poder, la cantidad de gente involucrada, las posibilidades, toda esa cuestión, es que determina que el riesgo está vigente. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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