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Concordia » Hora Digital
Fecha: 22/11/2024 21:12
A 48 horas del fallo que suspendió la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), el gobierno lanzó ayer una nueva operación de prensa para intentar desprestigiar a la institución. Por medio del vocero Manuel Adorni y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que se había allanado un edificio de la UNMa en el que funcionaba “un boliche clandestino” y un “búnker político”. La rectora Cristina Caamaño y el consejo superior de la Universidad aclararon de inmediato que el inmueble en cuestión “nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde el año 2019”, e instó al Poder Ejecutivo a “cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden, conforme lo dispuso la Justicia en la semana en curso”. El exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, detalló por su parte los usos que se le dieron al edificio en cuestión durante la administración del Frente de Todos y enmarcó la fake news libertaria en la decisión, ejecutada la semana pasada, de cerrar el Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas que funcionaba allí desde 2021. Tal como informó Página/12, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó el martes una medida cautelar que suspendió la resolución 45/24 del Ministerio de Capital Humano, de febrero último, por la cual el gobierno ordenó revisar el proceso de creación y funcionamiento de la UNMa, artilugio administrativo que complementó la decisión de dejar de pagar sueldos, de solventar gastos de mantenimiento, y luego de nombrar a un interventor. La respuesta del gobierno ante el traspié en el Poder Judicial se conoció de boca del vocero Adorni, quien en su conferencia matinal lanzó: “la Policía Federal allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo”. “Esto representa una grave desviación a los fines para los cuales la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) consiguió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos”, agregó. Cúneo Libarona, desde las redes sociales, machacó con la idea de “boliche clandestino y búnker político”, que ilustró con imágenes de una bailanta. Hubo medios que reprodujeron el armado, sin chequeo ni consulta a las fuentes alguna. “Esto es una operación a partir de que hemos ganado una cautelar en el juzgado civil y comercial de San Martín, que dice que durante seis meses soy la rectora, que tienen que mandarnos el dinero que se adeuda a los docentes y trabajadores no docentes, y que cesen las hostilidades hacia la Universidad. Este es un vuelto, con una mentira que ni siquiera figura en el traspaso que hicimos el año pasado cuando se creó la Universidad”, explicó Caamaño en la previa a la marcha de las Madres en Plaza de Mayo. “Nuevo ataque a la UNMa”, denunció la institución en un comunicado, en el que destacó que el inmueble en cuestión “no fue traspasado a nuestra Universidad, conforme surge del Acta de Traspaso del 15 de noviembre de 2023”, que “nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde 2019”. “Esta Universidad sigue siendo objeto de los ataques más crudos, mientras que sus trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar sus salarios. Instamos al Poder Ejecutivo a cesar en sus ataques y transferir los recursos presupuestarios que corresponden, conforme lo dispuso la Justicia”. “Miente, miente, que algo queda…”, lamentó Pietragalla en respuesta al ministro Cúneo Libarona. Detalló que el Estado, a través de la AABE, cedió los tres pisos de ese edificio para distintos fines, que la UNMa dictó cursos en el segundo piso hasta 2021 y que la Secretaría inauguró luego allí el “primer Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, parte de lo que luego se convertiría en una red nacional de Centros con apoyo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que funcionaron a lo largo y ancho del país”. Destacó que “desde su apertura, el Centro de Integración de CABA brindó atención, asesoramiento, acceso a trámites de regulación migratoria, capacitación y asistencia social a más de 31.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad” y aclaró que las imágenes de la bailanta difundidas por el gobierno “corresponden a un espacio ubicado en el tercer piso del inmueble, en el que no funcionó ni la Universidad ni ningún organismo oficial”. “No sorprende que hoy el ministro oculte deliberadamente una política integral de gestión pública de Derechos Humanos para las poblaciones más necesitadas, toda vez que el pasado viernes 15 de noviembre decidió el cierre del Centro de Integración que funcionaba en el edificio del Estado Nacional que hoy denuncia públicamente”, concluyó.
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