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» Radiosudamericana
Fecha: 22/11/2024 16:53
Viernes 22 de Noviembre de 2024 - Actualizada a las: 10:31hs. del 22-11-2024 EDUCACIÓN El Consejo Federal de Educación estableció que los profesorados deberán atravesar un proceso de evaluación y acreditación cada 6 años. El objetivo es que para 2030 todas las instituciones hayan pasado por este ciclo. Los gremios docentes rechazan la medida El Gobierno nacional y las provincias acordaron la creación de un sistema de evaluación de los institutos de formación docente. Lo hicieron por medio de la resolución N° 483/24, emitida hace unos días por el Consejo Federal de Educación (CFE), el organismo que nuclea a los ministros de educación de todo el país. La medida llega dos meses después de que el CFE aprobara una reforma de los lineamientos curriculares de los profesorados, que empezará a aplicarse en 2025. Luego de discutirlo en las últimas cinco asambleas, el CFE aprobó por unanimidad el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). La iniciativa apunta a evaluar y acreditar los 1342 institutos estatales y privados que dictan estas carreras en todo el país. Los gremios docentes nacionales ya expresaron su rechazo a la medida. El objetivo es “asegurar y mejorar los criterios y parámetros de calidad para las instituciones formativas”, señaló la Secretaría de Educación en un comunicado. La cuestión de la evaluación, que se viene debatiendo desde hace años, fue impulsada ahora por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), a cargo de Martín Müller, exministro de Educación de Entre Ríos. El financiamiento del nuevo sistema federal de evaluación estará a cargo del INFoD. La resolución establece que todos los institutos de formación docente deberán pasar por un proceso de acreditación cada 6 años y que para el año 2030 todas las instituciones deberán haber atravesado al menos un ciclo de evaluación. Ese ciclo involucrará dos instancias: una autoevaluación institucional y una evaluación externa a cargo de una Unidad Federal de Evaluación, integrada por tres “pares evaluadores” de otras provincias que se hayan inscripto previamente en un registro federal aprobado por el INFoD. Pueden postularse a ese registro docentes con más de 10 años de experiencia en formación o con al menos 5 años en gestión en los institutos. A partir del informe que elaboren las unidades federales, el INFoD definirá la acreditación “total” (por 6 años) o “parcial” (por 3 años) de cada instituto. Transcurrido ese plazo, la institución deberá volver a iniciar el ciclo de autoevaluación y evaluación externa. Las provincias tendrán diez días para impugnar la decisión del INFoD. Además, las unidades harán recomendaciones que los institutos deberán considerar en sus “proyectos de mejora institucional”. Una vez que todos los profesorados hayan pasado por este proceso, la acreditación (o no) repercutirá en la validez nacional de los títulos que otorga cada institución. La idea también es que el mecanismo sirva para orientar a las provincias en la definición de qué carreras son necesarias en cada localidad. El proceso de evaluación de los institutos abarcará dimensiones como el diseño y desarrollo curricular, la gestión, la formación de los formadores, las trayectorias estudiantiles, las condiciones materiales y el equipamiento, entre otros aspectos. La resolución no prevé una evaluación de los aprendizajes o las capacidades de los estudiantes, como lo hizo el operativo Enseñar de 2017. A partir de los informes de evaluación de cada instituto, el SiFIECA también prevé que se elabore un “informe consolidado jurisdiccional” para cada provincia, que apuntará a medir el impacto de las políticas de formación y brindará información para que cada jurisdicción construya “planes de fortalecimiento”. Además, habrá un informe nacional que relevará “los avances alcanzados por el conjunto de las jurisdicciones” y será utilizado para diseñar un plan nacional de formación docente. “La evaluación del sistema formador resulta indispensable para mejorar los propios niveles de calidad y equidad y los de todo el sistema educativo”, señala la resolución sobre el SiFIECA, que involucra en el proceso al Estado nacional, las jurisdicciones y los institutos. Además de brindar información para la mejora de cada institución, el nuevo sistema federal de evaluación apunta a “atender, a partir de diagnósticos más precisos, la persistencia de vacancias o superposiciones de carreras en determinadas regiones del territorio”, para favorecer “una mejor asignación de los recursos disponibles”. Hoy, muchos institutos cubren los cargos vacantes con docentes que no tienen la formación necesaria (profesionales sin formación pedagógica, docentes formados para otros niveles o estudiantes avanzados), según admite la resolución. El documento aprobado por los ministros de educación señala que la evaluación será “participativa” y estará orientada a implementar “mejoras sistemáticas de las condiciones institucionales y organizativas de la formación docente”. También se propone construir una “cultura de la evaluación” que permita generar “información confiable, válida y oportuna”. Los gremios docentes nacionales –CTERA, Sadop, Amet, UDA y CEA– rechazaron tanto los nuevos lineamientos curriculares como el sistema de evaluación de la formación docente acordado en el Consejo Federal de Educación. Además del contenido de las resoluciones, criticaron la rapidez con que fueron aprobadas y afirmaron que el debate se dio “a espaldas” de los docentes. En un comunicado conjunto, los sindicatos cuestionaron que el SiFIECA “pretende ser implementado en un contexto de brutal ajuste y desfinanciamiento, en el que no se garantiza la estabilidad laboral ni la de las instituciones formadoras”. También señalaron que la versión aprobada por los ministros no consideró “ninguno de los planteos críticos presentados en reiteradas oportunidades” por los gremios. Las cinco organizaciones reclamaron que el Gobierno convoque a la paritaria nacional docente y alertaron sobre “los efectos de la provincialización del sistema formador dada la diversidad y desigualdad que atraviesan las jurisdicciones para la implementación conjunta y acelerada de estas regulaciones en el actual contexto de ajuste y desfinanciamiento de la educación”.
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