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» Diario Cordoba
Fecha: 22/11/2024 11:33
Hace ya muchos años que una parte de los políticos españoles evidencia verdadera fijación con los funcionarios públicos, dejando entrever con ello un resentimiento social incomprensible, propio de arribistas, envidiosos y desclasados. Viven, además, obsesionados por contagiar a la sociedad la consideración de aquéllos como una casta privilegiada, en un conflicto de clases más propio de otros lares y otros tiempos. Obviamente, existen funcionarios buenos y malos; personas con profunda vocación de servicio público que dedican su vida a atender a los demás con agrado y eficiencia, y otras impresentables, ariscas y malencaradas que nunca deberían haber accedido a la función pública; pero esto es una cosa y otra muy diferente que sean culpables de nada por atenerse a un sistema abierto a todo aquel que, tras obtener una titulación, esté dispuesto a pasarse varios años de su vida estudiando como un cafre. Viene esta reflexión a cuenta de lo que está sucediendo con Muface, un problema de dimensiones colosales sólo comprensible en el marco de una política de tierra quemada, como si los responsables de la cosa pública quisieran dejar arrasado el Estado del bienestar y, con él, todo lo que representa el statu quo hasta ahora vigente antes de perder el poder o irse directamente a hacer puñetas (por ser eufemísticos...). Hasta el mismo día de hoy, Muface ha venido desempeñando una labor ejemplar y nunca ha obligado a nadie a decantarse por la sanidad pública o la privada. Esto es algo que cada mutualista decide en libertad cada año, y no parece sensato cuestionar su derecho a hacerlo sólo por una razón ideológica de tintes manifiestamente sectarios. Se habla de un millón y medio de funcionarios, pero si incluimos también a sus familias no son menos de tres millones, cuyo paso a la sanidad pública, ya sobrecargada, puede provocar el colapso del siglo y, con él, indirectamente, la muerte de muchas personas. Eso, sin contar los miles de empleos que se verán destruidos. ¿Cómo, pues, prescindir de tales premisas...? El 32% de los funcionarios adscritos a Muface son personas mayores de 65 años con perfiles médicos complejos (muchos de ellos crónicos) y grandes requerimientos sanitarios. Habituadas a trabajar con la sanidad privada, pueden caer en disfunciones existenciales terribles que acaben en pura tragedia. Y no sirve aquel argumento dogmático de que ellos pueden pagarse un seguro privado de su bolsillo; primero, porque en realidad ya lo están haciendo desde que ingresaron en Muface y, segundo, porque una vez expulsados de la sanidad privada, dados su perfil y sus necesidades, no los querrá ninguna compañía, ni siquiera pagando cuotas abusivas e imposibles. ¿Quién asumirá entonces la responsabilidad? El problema reviste una trascendencia enorme, por lo que no sería de extrañar que esos mismos funcionarios se defiendan yendo incluso al boicot o la huelga. Por más que ello pueda paralizar el país, ¿quién podría reprochárselo...? Posiblemente, será el único medio para luchar contra una iniciativa de claro perfil doctrinario, porque dinero sobra para otras cosas mucho menos importantes. Si realmente existe consenso en que Muface deba ser desmantelada, ¿por qué no hacerlo de forma progresiva, dejando que los ya adscritos al sistema finalicen sus vidas en paz y sosiego, conforme a las condiciones que un día pactaron y merecen? Sería lo más razonable y también lo más justo. La obsesión de algunos por acabar con todo lo que evoque el mundo de lo privado, incluida la medicina, suele terminar en medidas despóticas y antisociales. *Catedrático de Arqueología en la Univesidad de Córdoba Suscríbete para seguir leyendo
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