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Parana » ER 24
Fecha: 22/11/2024 04:30
Caso Forneron: casi 25 años de la denuncia de la Mafia Judicial en Victoria El «Caso Fornerón» expuso graves irregularidades en el sistema judicial de Victoria, Entre Ríos, relacionadas con la entrega ilegal de una recién nacida y la posterior obstrucción de los derechos de su padre biológico, Leonardo Aníbal Javier Fornerón. En junio de 2000, la hija de Fornerón fue entregada en guarda preadoptiva a un matrimonio de Buenos Aires, con la intervención del Defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita. Fornerón denunció que la niña había sido vendida, señalando irregularidades como la presencia del matrimonio adoptante en otra provincia durante el parto y que la factura del sanatorio estaba a nombre de la madre biológica, pese a su precaria situación económica. A pesar de que una prueba de ADN confirmó la paternidad de Fornerón, las autoridades judiciales locales otorgaron la guarda y posteriormente la adopción de la niña al matrimonio adoptante, desestimando las solicitudes del padre biológico. El proceso estuvo plagado de demoras y decisiones que favorecieron la situación irregular, sin considerar el derecho a la identidad de la niña ni el interés superior del niño. Ante la falta de respuesta efectiva en la justicia local, Fornerón llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En 2012, la Corte IDH determinó que el Estado argentino era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia, en perjuicio de Fornerón y su hija. El fallo destacó la falta de diligencia y celeridad en los procedimientos judiciales, así como la perpetuación de estereotipos de género y socioeconómicos por parte de las autoridades. Este caso evidenció cómo ciertos sectores del sistema judicial pueden actuar en connivencia para perpetuar prácticas ilegales, como la venta de bebés, y cómo la falta de control y sanciones adecuadas permite que algunos funcionarios continúen en sus cargos o se jubilen sin rendir cuentas por sus acciones. La Corte IDH ordenó al Estado argentino adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, incluyendo la capacitación de operadores judiciales y la tipificación penal de la venta de niños, medidas que aún están pendientes de implementación completa.
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