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Federal » El Federaense
Fecha: 21/11/2024 17:32
En un giro inesperado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha dado un paso firme al presentar una denuncia penal contra la agrupación Madres de Plaza de Mayo. Según las autoridades, una de las sedes de su universidad fue transformada en un auténtico boliche clandestino, un acto que ha encendido las alarmas en el gobierno nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció detalles sobre el caso en su habitual conferencia de prensa. La Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en el local que el Gobierno había cedido en 2018, inicialmente con fines educativos. Sin embargo, las imágenes obtenidas del lugar son sorprendentes y preocupantes; con niveles de fiesta que incluyen parlantes, luces, telones y hasta barras de bebidas alcohólicas, el espacio se había transformado radicalmente. Un espacio educativo convertido en un centro de entretenimiento nocturno El informe de la investigación reveló que el tercer piso del inmueble se había convertido en un centro de entretenimiento nocturno. Según la Policía Federal, lo encontrado en el operativo es una clara desviación de los fines para los cuales se había cedido el espacio por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Adorni enfatizó que esto constituye, además, una falta de respeto para los contribuyentes argentinos. Actividades no relacionadas con fines educativos El escándalo se amplía, ya que en los primeros dos pisos del inmueble se estaban llevando a cabo actividades completamente ajenas a la educación. Entre las actividades destacadas, se mencionó la presencia del Partido Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), decorado con banners que rezaban “Vamos a volver”, acompañado de una imagen de la expresidenta Cristina Kirchner. Además, operaban en el mismo espacio la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) y la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina. Medidas del Gobierno contra la UNMa Este incidente se suma a las múltiples acciones del gobierno de Javier Milei contra la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa). En febrero, el programa televisivo de la asociación fue cancelado, lo que calificaron como una “acción injusta y represiva”. Más tarde, en julio, el Ministerio de Capital Humano intervino la universidad designando a Eduardo Maurizzio como interventor, lo que generó sus propias controversias. Sin embargo, la intervención fue suspendida en septiembre tras una medida cautelar de la Justicia que ordenó la reapertura de la sede y el reconocimiento de los órganos universitarios constituidos, con la jueza Martina Isabel Forns ordenando también el envío de fondos a la universidad y el cese de cualquier hostilidad policial hacia la institución. Este episodio no solo ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Estado y la agrupación, sino que también plantea interrogantes sobre el uso de los espacios públicos y educativos en el contexto actual.
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