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» Diario Cordoba
Fecha: 20/11/2024 11:48
Teresa Ribera ha comparecido en el Congreso más de 20 días después de la catastrófica DANA que arrasó Valencia y ha dejado, por el momento, a 219 víctimas. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición ecológica ha llegado a la Cámara Baja para hacer frente a las acusaciones del PP sobre su desentendimiento de esta crisis y los fallos que se cometieron por parte de organismo dependientes de su ministerio a la hora de avisar de la emergencia. Ribera ha explicado de manera pormenorizada todos los movimientos que tuvieron lugar durante los días previos a la DANA y durante la catástrofe. Ribera ha dejado claro que la "dirección de la emergencia corresponde a la administración autonómica, en este caso a la Generalitat Valenciana". En frente, el PP y Vox ha denunciado que el Gobierno no asumiera el mando de la situación. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil recoge una serie de situaciones operativas (SO), enumeradas de la 0 a la 3. El Govern de la Generalitat solo decretó la SO2 que deja toda la acción en el gobierno autonómico, incluida la petición de ayuda a otras administraciones. El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), no quiso solicitar la SO3 que declara "la emergencia de interés nacional". Esta situación, según la ley, también podría haber sido declarado por el titular del Ministerio del Interior o a solicitud de la delegada del Gobierno. Ante las críticas del PP a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ribera ha asegurado que este organismo, dependiente de su ministerio, emitió numerosos avisos en los días anteriores y a lo largo del martes 29 de octubre. Las primeras alarmas emitidas por la AEMET son del viernes 25 de octubre, cuando avisaron de "chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes". A las 7:36 del martes 29, la AEMET comunicó a Protección Civil de la Generalitat el aviso rojo en el litoral sur de Valencia. Según la página de la AEMET, el aviso rojo lleva aparejado una serie de recomendaciones: "Tome medidas preventivas y actúe según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario". Después de este primer aviso, le siguieron casi otra decena de alertas hasta el medio día. La gran mayoría se pueden encontrar en su página de X, antes Twitter. El organismo más atacado por el PP ha sido la Conferencia Hidrográfica del Jucar (CHJ), llegando a decir que se produjo un apagón informativo de casi dos horas en su información al Centro de Coordinación de Emergencias. Ribera, sin embargo, ha señalado que la CHJ emitió hasta 198 correos a Protección Civil de la Generalitat, algo que han podido contrastar medios de Prensa Ibérica. Y no solo eso, en uno de estos correos, la CHJ advirtió al Gobierno el día 29 a las 19:32 horas de "la lentitud en la toma de decisiones dentro del Centro de Coordinación Operativo Integrado". Los integrantes del Cecopi llevaban casi hora y media debatiendo cómo articular la alerta masiva que ya tenían decidido enviar mediante el sistema EsAlert. Frente a las denuncias del PP, Ribera ha asegurado que hubo información más que suficiente para que las instituciones tomaran medidas preventivas que evitaran la catástrofe. Ejemplos claros son la Universidad de Valencia avisó a todos sus alumnos el lunes 28 de que las clases se suspenderían al día siguiente. Ya a lo largo del martes, la Diputación de Valencia mandó a sus trabajadores a casa en torno al medio día a la vista de las distintas aleras y muchos pueblos decidieron suspender las clases también. La otra gran polémica son las obras de adecuación del barranco del Poyo, donde se produjeron las principales inundaciones. El PP denuncia que Ribera tumbó el proyecto de "adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo". Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica ha explicado que fue en 2011 cuando ella misma, como secretaria de Estado de Cambio Climático, firmó la declaración de impacto ambiental y que durante los gobiernos de Mariano Rajoy "caducó" sin que "se hubiera tomado ninguna decisión". Así, ha dicho que han tenido que volver a iniciar el proyecto y que "en marzo y en junio de 2024 recibimos dos informes de la Generalidad requiriendo desarrollos extra del proyecto para mejorar la integración del paisaje", lo que ha retrasado aún más el proyecto.
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