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» Diario Cordoba
Fecha: 20/11/2024 11:35
Un acusado se enfrenta a penas de hasta cuatro años y nueve meses de prisión en Córdoba por, presuntamente, estafar 8.000 euros a un migrante irregular, un compatriota marroquí, prometiéndole un contrato de trabajo para regularizar su situación administrativa en España. Durante el juicio, celebrado este martes por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba, el encartado ha afirmado que el perjudicado le entregó cantidades de dinero a cambio de mercancía (relojes, altavoces y otros productos) para venderla. Sin embargo, la víctima ha señalado que este le ofreció ayuda después de conocerse en la tienda que regenta. De acuerdo con su versión de los hechos, llegó a facilitarle un precontrato, una declaración jurada y un contrato temporal. Cuando su abogada le advirtió de que la documentación aportada no era suficiente para solicitar la autorización de residencia, le reclamó que le devolviese su dinero, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. La víctima sostiene, además, que el acusado le instó a no regresar por su tienda, diciéndole, presuntamente, que "te rompo la cabeza, tengo cinco hermanos". En la vista oral, en la que ha participado un traductor de árabe, también ha explicado que los justificantes entregados por el procesado recogen cuantías inferiores a las pagadas, que cambiaba su firma y que en ocasiones ni siquiera le dio justificantes. La familia vendió los electrodomésticos El letrado que representa a la víctima ha afirmado durante la vista que la familia, en Marruecos, llegó a vender sus electrodomésticos para enviarle 5.000 euros y ayudarle a regularizar su situación. Los otros 3.000 euros le fueron facilitados por un amigo. En este sentido, la fiscal sostiene que los hechos constituyen un delito de estafa, por el que reclama que se impongan al encartado un año y nueve meses de prisión, y también una amenaza por la que pide una multa de 720 euros. Además, solicita una indemnización de 8.000 euros para la víctima. De su parte, la acusación particular añade a esta calificación del Ministerio Público, por la que reclama las mismas penas, un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros en España. Así, solicita otros tres años de prisión y una multa de 2.430 euros, además de la referida indemnización. En el juicio, el acusado ha indicado que "muchos paisanos vienen a pedirme ayuda" y ha agregado que "el individuo este vino a pedirme ayuda. Me pedía dinero". En este sentido, ha apuntado que, presuntamente, la víctima le amenazó con quemar su tienda y que la denuncia respondería a una estrategia para intentar regularizar su situación administrativa. En un primer momento, ha admitido como propio solo uno de los dos recibos aportados como prueba, con el concepto de "gestiones", pero después ha afirmado que son dos y que corresponden a "mercancías" entregadas a la víctima. En cambio, el perjudicado ha indicado que el acusado le reclamó 4.500 euros en un primer momento, para gastos de abogados, gestoría y Seguro social. Más tarde, según su testimonio, le exigió otros 3.500 euros. Cuando finalmente le explicó que no podría contratarle, se comprometió a devolverle parte del dinero, pero finalmente no ha ocurrido así.
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