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» Elterritorio
Fecha: 20/11/2024 00:00
La Cámara de Casación de la provincia dispuso su captura inmediata y la detención en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia. La medida incluye al cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Aguilera martes 19 de noviembre de 2024 | 21:16hs. La Justicia detuvo este martes al ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel Sergio Urribarri. La decisión se dio luego del fallo de la Cámara de Casación de Entre Ríos que dispuso este martes la prisión preventiva inmediata en la causa por corrupción en que había sido condenado en el 2022, tras una investigación de la ex fiscal Cecilia Goyeneche. El fallo está firmado en forma unánime por los vocales de la Cámara de Casación de Paraná, Dras. Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Gracias a su alianza con Cristina Kirchner, en el 2020 Urribarri fue nombrado embajador en Israel del gobierno de Alberto Fernández y la ex presidenta. El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión preventiva había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia E. Yedro, Gonzalo A. Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Los fiscales habían pedido el cumplimiento de la prisión preventiva de Urribarri y de Juan Pablo Aguilera, y luego de dar por "acreditados los requisitos de admisibilidad del recurso, afirmaron que para "los mismos solicitaban la prisión preventiva efectiva, fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia de 07/04/2022". Para los fiscales "también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero". En un fallo de 74 páginas, en el voto rector los camaristas sostuvieron que "encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron". Se trata del primer gobernador de Entre Ríos condenado y con prisión preventiva desde la restauración de la democracia en 1983. En abril de 2022 Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La megacausa por la que fue condenado en 2022 condensaba cinco causas por diversos hechos de corrupción durante los dos mandatos que tuvo Urribarri como gobernador: desde 2007 hasta 2015. Un hecho fue bautizado por la prensa como “la causa de la vaca”, donde se comprobó que hubo un mecanismo de pago de retornos a través de imprentas -que manejaba su cuñado- y el direccionamiento de contrataciones de publicidad en la vía pública para financiar su frustrada campaña electoral a presidente del 2015. En esa misma línea, la Justicia también probó la causa conocida como “sueño entrerriano”, donde el exgobernador era investigado por un desvío de fondos públicos para su carrera política. Incluyó pagar un parador con sus imágenes en las playas de Mar del Plata. Allí se confirmó que hubo contrataciones de pautas publicitarias en medios nacionales. Todo por un costo de más de 14 millones de pesos al valor de entonces. La Justicia también dio por probado que había un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial y que hubo contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2015. Por estos hechos fue que el tribunal oral compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo condenó a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en 2022. Pero diversos recursos y apelaciones no lograban que la condena se hiciera efectiva. La condena de aquel momento fue por incurrir en los delitos de peculado (desvío de fondos públicos) y negociaciones incompatibles con la función pública.
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