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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 19/11/2024 22:52
Creación del ENUTUR y cobro a los turistas que visiten Ushuaia. Los concejales y abogados Valter Tavarone, del partido Somos Fueguinos y Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, judicializaron su disconformidad con el tratamiento que en el cuerpo al que pertenecen, se le dio al polémico proyecto. El Superior Tribunal de Justicia desestimó el planteo. En su denuncia (Expte. Nº 4671/24 – SD), los concejales Tavarone y Espeche solicitaron la medida “de no innovar” para suspender el proceso de sanción en segunda lectura de la ordenanza, alegando que el proyecto fue tratado “de manera irregular”. Entre sus argumentos, sostuvieron que: • El proyecto no figuraba en el orden del día aprobado previamente. • Su tratamiento sobre tablas se realizó sin fundamentos legales ni respaldo reglamentario. • La aprobación en primera lectura se realizó con una mayoría simple, cuando consideraban que debía requerirse una mayoría agravada. El Superior Tribunal de Justicia desestimó el planteo de los ediles, argumentando que: 1. No hubo vicios formales graves: El tratamiento del proyecto respetó los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 2. Ausencia de daño concreto: Los concejales no demostraron afectaciones directas o inminentes que justificaran la intervención judicial. 3. Separación de poderes: El Poder Judicial no debe intervenir en procedimientos internos de un órgano legislativo, salvo que se vulneren derechos constitucionales, lo cual no ocurrió en este caso. La Justicia reafirmó que la aprobación en primera lectura no constituye un acto normativo definitivo y que las posibles irregularidades señaladas podrían subsanarse en la segunda lectura, donde sí se requerirá una mayoría agravada. El Ministerio Público Fiscal concluyó que el proceso seguido por el Concejo Deliberante “no fue arbitrario ni irrazonable”. Este fallo permite la continuidad del trámite legislativo del ENUTUR y la posibilidad de que se le aplique a los visitantes un cargo por uso de suelo, además de reforzar la autonomía del Concejo Deliberante en el desarrollo de sus procesos parlamentarios.
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