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» Diario Cordoba
Fecha: 19/11/2024 17:27
La reciente absolución del empresario cordobés José Romero es el ejemplo paradigmático del fracaso sistémico en el que se ha convertido la Justicia y la gestión policial en muchos de los supuestos casos de corrupción. Una sociedad realmente democrática, más allá de las formulaciones legales y de las declaraciones retóricas, ha de basarse, además de en unos principios sólidos, en un desarrollo real de los derechos y libertades de la ciudadanía. Pepe Romero ha sido exonerado de toda responsabilidad dieciséis años después del comienzo de la denominada ‘Operación Astapa’, en 2008. Ha pasado de ser señalado por unos delitos muy graves, cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, a ser finalmente acusado por la Fiscalía de otros que no lo son tanto, falsedad documental y fraude, por los que ha quedado, además, exculpado. El Grupo Prasa lo único que hizo en Estepona fue firmar unos convenios urbanísticos. Ha quedado claro que nada tuvo que ver lo con lo que otros hicieran o dejaran con la contraprestación económica legalmente acordada e ingresada mediante transferencias, absolutamente transparentes, en las arcas municipales. Esto estaba claro desde las primeras diligencias judiciales, a las pocas semanas de una injustificada operación policial en la sede central de Prasa en Córdoba, pero hubo quien estaba interesado en que Pepe Romero, alguien, por cierto, pese a lo publicado, que no aparece para nada en la sentencia dictada la semana pasada por la Audiencia de Málaga. No es que se le hayan visto las costuras a la Judicatura y a la instrucción policial del caso, sino que se ha proyectado un tremendo ridículo de quienes se presentaron como adalides anticorrupción y han quedado como meros botarates del espectáculo mediático más chusco. Pero exponiendo una situación gravísima, que lamentablemente no solo se ha puesto de manifiesto en la ‘Operación Astapa’ y que pone en tela de juicio la esencia del Estado de Derecho, lo verdaderamente trascendente es la vaguedad con la que se abordan las consecuencias de este fiasco. El Grupo Prasa, emblema de la empresa cordobesa, ejemplo de una sociedad familiar que partió de una pequeña población de nuestra provincia, Torrecampo, de la iniciativa de Pablo Romero Alamillo, el padre de Pepe y cuyas iniciales marcan a fuego la denominación de la cabecera de la organización empresarial, se fue a un concurso de acreedores voluntario en 2019 a causa de una puesta en cuestión de su buen hacer que ahora se ha demostrado completamente falsa. Esta miseria judicial derivó en una injusticia empresarial, en un sufrimiento injusto e innecesario para una persona que ha liderado el despliegue de una de las corporaciones empresariales más importantes de la historia de la economía de Córdoba, que comenzó a pie de obra, con 14 años, con una dimensión humana admirable y digna de que sea recogida para que no se diluya en el futuro, lo que junto al apego y dadivosidad con su tierra, que es la nuestra, bien merecería un reconocimiento social y público en este momento en que la absolución judicial no lo va a resarcir, en modo alguno, ni del tremendo daño padecido en su quehacer empresarial, ni mucho menos del tormento en el plano personal.
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